Con la finalidad de transformarse en legislación nacional, las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares internacionales respaldados a nivel global tanto por los países miembros de esta organización como de los organismos regionales, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Son la piedra angular para aumentar la transparencia ya que habilitan a los países a tomar medidas preventivas y de lucha contra el “uso ilícito” del sistema económico-financiero.

La ventaja radica, por tanto, en compartir un sistema de reglas y principios para establecer un procedimiento de prevención mundial. Este es el primer paso para eliminar brechas en el crimen internacional.

Además, en la actualidad, son el documento esencial para evaluar el grado de cumplimiento de las medidas antiblanqueo puestas en marcha por los países.

Teniendo en cuenta que la corrupción y el crimen organizado avanzan en su metodología delictiva, y a la vista de que van apareciendo nuevas amenazas en la integridad de los flujos financieros, las Recomendaciones del GAFI también han ido evolucionando y modificándose.

Su primera versión redactada en 1990, las 40 Recomendaciones, se dirigía, sobre todo, a la protección contra el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Seis años más tarde, en una primera revisión ya se incluye al sector financiero. Con la segunda revisión en el 2003 se incorporan también otras actividades y profesiones de riesgo como abogados, notarios, joyeros y agentes inmobiliarios, entre otros.

Tras los atentados cometidos en EEUU el 11 de septiembre 2001 se incorporaron, además, otras 9 Recomendaciones Especiales para afrontar la grave amenaza de la financiación del terrorismo. Este nuevo texto integrado se aprobó por el pleno del GAFI en febrero del 2012.

Entre sus principales novedades, se introducen medidas para combatir la financiación del creciente mercado armamentístico y se destaca mejor la práctica del blanqueo de capitales derivada de la corrupción y los delitos tributarios.

Además,  se ven reforzadas las pautas específicas de actuación para las situaciones de mayor riesgo y se permite a los países aplicar el grado de cumplimiento basado en esta variable de riesgo. El Grupo entiende que el enfoque basado en riesgo permite que los países “adopten medidas más flexibles para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos para focalizar mejor sus esfuerzos”.

En suma, se contemplan nuevas amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones existentes, a la vez que se mantiene la estabilidad necesaria y el rigor originales de las Recomendaciones