Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos España, pongan en marcha la Fiscalía Antifraude Europea (EPPO por sus siglas en inglés).

Como un paso más hacia el espacio judicial europeo, la Fiscalía con competencia en todos los países de la UE, se encargará de investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen a los intereses financieros del bloque comunitario. De hecho, se podría ampliar en el futuro la lista de delitos graves bajo su jurisdicción hasta incluir el terrorismo y su financiación.

La EPPO permitirá un intercambio rápido de información, investigaciones policiales coordinadas, congelación rápida y confiscación de activos, así como arrestos transfronterizos de sospechosos. Por ello, trabajará en estrecha colaboración con Eurojust y la OLAF.

Y es que su finalidad es que se convierta en un organismo “sólido” e “independiente” que investigue, procese y lleve ante los tribunales de los Estados miembros a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecten a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.

También se pretende aumentar la capacidad de recuperar fondos desviados.

La sede de la Fiscalía estará en Luxemburgo y se estima que su actividad de investigación y procesamiento podría empezar al menos tres años después de su aprobación definitiva por parte de la Eurocámara.

Su estructura funcional estará encabezada por un Fiscal Europeo y fiscales procedentes de todos los países participantes en el proyecto.

Se completa con los fiscales europeos delegados cuya misión es llevar a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal jefe para así garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE.

Además de España, y con independencia de que puedan adherirse más Estados, participan Austria, Italia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Este nuevo hito llega una vez transcurridos cinco años desde que Bruselas planteara su creación. Será el Pleno del 5 de octubre el que se pronuncie, antes de que los Estados den el visto bueno formal.