Desde el inicio de la crisis económica, las instituciones internacionales han tomado significativas medidas para poner freno a la evasión y el fraude fiscal, ya que no se trata sólo de un problema de equidad tributaria sino de necesidad recaudatoria.

Son medidas que, cualitativamente, pueden considerarse como un importante avance, teniendo en cuenta que han conseguido un cambio en la forma de percibir cuestiones como los paraísos fiscales, el mantenimiento del secreto bancario por parte de ciertos Estados o la planificación fiscal agresiva.

El foco mediático es ahora constante sobre las decisiones del G8, G20, la OCDE y la Unión Europea. Y es que “la voluntad política” se ha manifestado decisiva en la manera de abordar cuestiones de transparencia.

En este contexto, muchas han sido las voces críticas respecto a las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 22 de mayo, por considerarlas insuficientes.

Sin embargo, habría que considerar un avance que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal estén en la agenda de este tipo de reuniones que, hasta hace poco, ni siquiera era considerado “problema prioritario”.

Así, tras haberse hecho realidad el intercambio de información bancaria a solicitud a nivel europeo y mundial, el salto cualitativo se sitúa en la ampliación del intercambio automático de información de otros países.

Esta es, precisamente, una de las aspiraciones del Consejo Europeo que insta a la Comisión a presentar en junio unas modificaciones de la Directiva sobre cooperación administrativa, con el fin de que el intercambio automático de información abarque todas las clases de rentas. El objetivo es que este nuevo intercambio sea el nuevo estándar internacional.

Además, se acelerarán las negociaciones para garantizar que Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino sigan aplicando medidas equivalentes a las vigentes en la UE.

En cuanto a la Directiva revisada sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro (es decir, extenderla a los fondos de inversión, las pensiones, los instrumentos financieros innovadores y los pagos efectuados a través de fideicomisos y fundaciones), el Consejo Europeo ha instado a su adopción antes de fin de año.

Para luchar contra el fraude del IVA, a finales de junio podría adoptarse la Directiva sobre el mecanismo de reacción rápida y la Directiva sobre el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

En cuanto a la planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios, la Comisión se propone presentar antes de fin de año una propuesta de revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, y está examinando las disposiciones contra los abusos recogidas en la correspondiente legislación de la UE.

Para Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, «a pesar de que todos podamos ambicionar modificaciones más contundentes a la hora de frenar las injusticias que se producen por la falta de transparencia internacional y la proliferación de fraude continuado debido a la persistencia de paraísos fiscales, debemos tener paciencia con el marco institucional en el que nos encontramos, y aplaudir la voluntad de cambio que desde determinados sectores se empieza a imponer».

La próxima cita del Consejo para informar de los progresos realizados en estos temas, será diciembre de 2013.