Con ocasión del nuevo año plenario, desde julio de 2013 hasta junio de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha marcado una serie de objetivos con los que hacer su organización y funcionamiento más eficaces, en un contexto de colaboración con las instituciones internacionales y el sector privado, buscando, además, un mayor compromiso del G20.

Con estas premisas se van a ir desarrollando las evaluaciones de la aplicación de sus Recomendaciones, un texto éste último revisado por última vez en febrero 2013 con el que se pretende potenciar a nivel mundial las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

El GAFI lleva a cabo dos tipos de evaluación sobre los países para comprobar su grado de adaptación a estas recomendaciones o estándares en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Por una parte, de forma anual, cada país lleva a cabo una autoevaluación, con la que el GAFI pretende monitorizar la evolución de los países respecto de sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, y armonizar la legislación. Así, los Estados miembros dan respuesta del grado de cumplimiento en cuanto a la aplicación de los criterios contenidos en las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo.

Y, por otra, el Grupo realiza las evaluaciones mutuas, un proceso que examina el nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones.

Las distintas jurisdicciones mundiales son sometidas a este proceso de evaluación que finaliza en un Reporte de situación general. En el proceso toman parte especialistas de diferentes países de los ámbitos financiero, legal y operativo. Este equipo evaluador visita el país objeto de evaluación con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos relacionados con la materia.

Con anterioridad, el país evaluado habrá respondido un cuestionario estructurado en torno a 120 criterios, entre los que se incluye:

Legislación que tipifique el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que imponga obligaciones a las instituciones financieras.

– Un marco institucional administrativo junto a otro normativo que dote a las autoridades competentes de poder ejecutivo y sancionador.

– Políticas sostenibles para el sector financiero.

– Infraestructura desarrollada del sector público.

– Códigos que aseguren el comportamiento ético y profesional de las personas.

A partir de aquí, el GAFI califica el nivel de cumplimiento bajo las categorías de “Cumplido”, “Mayormente cumplido”, “Materialmente no cumplido” o “No cumplido”.

Asimismo, el Reporte contiene un capítulo en el que se formula un “Plan de Acción” (recomendado) para mejorar el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones, en el que se describen las acciones que el país evaluado debería seguir para cumplir en forma completa con las pautas establecidas por el organismo.

Una vez discutido el informe elaborado por el equipo evaluador, el mismo se somete a consideración del Plenario para su eventual aprobación.