El nuevo dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (EESC) dedica a la economía sumergida, pone de manifiesto que su extensión e impacto en la economía difiere enormemente entre los diferentes Estados miembros y las regiones, con porcentajes que van desde menos de un 10% en unos casos, a más del 30% de la producción total, en otros. Estas cifras también varían considerablemente de un sector económico a otro.

Las estimaciones muestran que la economía sumergida y el trabajo no declarado en Europa suponen, en este momento, más de 2,1 billones de euros.

En España, durante el pasado año, el importe estimado de la economía no declarada se situó alrededor del 19% del PIB.

Claramente, esta pérdida de ingresos tiene graves consecuencias en la calidad de los productos y servicios de un país, y también para la sociedad en cuanto a su impacto en las condiciones de trabajo o la explotación de los colectivos de mayor vulnerabilidad.

Aunque no estamos ante un problema de reciente aparición, se trata de una materia que ha cobrado especial relevancia por el actual contexto de crisis económica y por las cifras alcanzadas.

Para el ponente de esta iniciativa, Stefano Palmieri, todavía “son muchos los que ven la economía sumergida como algo normal” y se muestran tolerantes a la hora de contribuir al mercado negro, ya sea para contratar, proporcionar mano de obra barata o realizar compra-venta de mercancías eludiendo impuestos.

Además, añade Palmieri, “muchos países aún carecen de una postura clara” sobre la economía sumergida y el trabajo no declarado.

El Comité defiende que una lucha eficaz contra la economía sumergida pasa por desarrollar una evaluación cuantitativa y cualitativa de su impacto en los Estados y en Europa.

Con un enfoque integral y único que mida la magnitud, el impacto y su desarrollo, es decir, una metodología única,  “podremos comparar números y elaborar políticas específicas», afirman.

Por su parte, desde la Fundación Estudios Financieros, en su Documento de Trabajo sobre “La economía sumergida en España” también hace referencia a las dificultades de estimación del tamaño de las economías sumergidas. Son, en suma, problemas derivados del uso de distintas metodologías y de la aplicación de indicadores a países muy distintos y difícilmente comparables.

En el ámbito fiscal, el estudio recoge una serie de recomendaciones para luchar contra el fraude fiscal que lleva aparejado la economía sumergida.

Se propone combatir la existencia de paraísos fiscales y del fraude con el impulso de una serie de medidas, entre las que destacan, la tipificación como infracción tributaria del ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude; exigir la responsabilidad a quienes comercializan productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal; simplificar la regulación y “evitar la creación de oportunidades de arbitraje tributario”; y, adoptar “una posición mucho más beligerante” para erradicar los paraísos fiscales.