Victor Altimira

Parece una obviedad comentarlo, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del borrador de un Reglamento y del borrador de una Directiva de la Unión Europea.

¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos hablando de suposiciones de normativas que no han sido aprobadas y que, por tanto, lo que podamos comentar al respecto hoy puede no tener ninguna validez cuando salgan publicadas en sus respectivos boletines oficiales.

Dicho esto, y en aras a responder a la cuestión planteada, si se mantienen los últimos textos publicados todo parece indicar que se tratan de cuerpos legales muy similares y que, por tanto, la transposición de la IV Directiva al ordenamiento jurídico interno va a ser bastante liviana.

Cabe recordar que España traspuso tardíamente la III Directiva en forma de la vigente Ley 10/2010, pero esa tardanza conllevó que la Ley se asemejase más al resultado que se pretende conseguir con la IV.

Además, la IV Directiva, que también viene con retraso, aparecerá con posterioridad a la revisión de las recomendaciones del GAFI de febrero de 2012, al igual que el Reglamento. Pero es que el Reglamento, tal y como está, se va a tener que complementar con Órdenes Ministeriales, que también habrá que ver si están en consonancia con la Directiva que se apruebe.

Lo que parece claro es que la IV Directiva pretende incluir y someter a mayor control a las Personas con Responsabilidad Pública nacionales y para ello, no olvidemos, que se deberá modificar la Ley, y por ende, el Reglamento.

Pero ahondando más en este asunto, ¿qué pasará si finalmente la IV Directiva no se aprueba como está actualmente? Pues que el Reglamento que se pretende aprobar se tendrá que modificar o derogar lo mismo que la Ley, y vuelta a empezar. Esto es lo que ocurre cuando no se cumplen los plazos previstos.

Estaremos atentos.

Víctor Altimira Ávalos. Vicepresidente Ejecutivo

Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (INBLAC)

Abogado de Logic Data Consulting, S.L.