Como forma de proteger la información financiera de las personas, los Estados han ido desarrollando a través de sus legislaciones una serie de normas que garanticen esta confidencialidad ante terceros.

De esta forma, los bancos y entidades financieras tienen la obligación de guardar secreto sobre todo tipo de datos personales y económicos, incluyendo depósitos, número de cuentas o transacciones.

Ni siquiera podrá revelarse esta información a las administraciones públicas o tributarias que permanecerá en poder de las entidades, de sus organismos reguladores y de los bancos centrales.

La excepción para levantar este secreto la encontramos en el contexto de un proceso judicial donde por mandato del juez se solicite esta información.

Ahora bien, si es evidente que el secreto bancario aporta aspectos positivos por lo que supone de salvaguarda para las personas, también se ha puesto de manifiesto que esta figura ha contribuido a mantener la opacidad de actividades delictivas o fraudulentas.

Por esta razón parece inevitable unir el secreto bancario a las jurisdicciones offshore o paraísos fiscales.

Es decir, fuerte opacidad de datos financieros junto a territorios con escasa o nula tributación en relación al capital allí depositado por extranjeros (no residentes), donde, además, no se intercambia información en relación a la obtención de rentas, no hay control en el cambio de divisas, ni se colabora con convenios fiscales internacionales.

Este binomio ha permanecido intocable hasta que la comunidad internacional inició la negociación de tratados de asistencia legal mutua para forzar el levantamiento de secreto bancario en supuestos graves de fraude, narcotráfico o financiación del terrorismo.

Sin embargo, para que el levantamiento del secreto bancario prospere es necesario que el supuesto delito que ha motivado esta solicitud, esté también tipificado en el país donde se localiza la cuenta bancaria. Esta situación propicia que los territorios offshore, no siempre colaboren en peticiones relacionadas con la evasión fiscal.

Posteriormente, motivado fundamentalmente por la crisis económica,  organismos internacionales como el G20 o la OCDE han impulsado iniciativas y reformas legislativas para promover el intercambio de información financiera, es decir, permitir la cesión de datos financieros y bancarios a un tercer país.

En este sentido, hay que destacar que son muchos los paraísos fiscales que han suscrito convenios bilaterales de intercambio de información y han dejado de engrosar las “listas negras” de la opacidad.