La inestabilidad política marca la realidad de muchos países de Africa Occidental que, entre sus graves consecuencias, ha derivado en numerosas guerras civiles junto a una significativa proliferación del terrorismo y el narcotráfico.

Así, por ejemplo, la zona del Sahel se ha convertido en uno de los principales refugios y centros de operaciones de la red terrorista Al Qaeda en la región. Y, en el caso de Nigeria, la nación más poblada de África, el terrorismo azota a través de la secta radical islámica Boko Haram.

En este contexto, y con la finalidad de identificar las formas de financiación y los métodos  utilizados en la captación, movimiento y utilización de fondos por los terroristas en la región, el GAFI junto con el Grupo de Acción Intergubernamental contra el blanqueo de dinero en África occidental (GIABA) han desarrollado un proyecto de investigación a partir de datos proporcionados por expertos y centrados en 5 países con gran incidencia de actos terroristas: Burkina Faso, Malí, Níger, Nigeria y Senegal.

La investigación identifica cuatro categorías principales de métodos utilizados por los grupos terroristas para apoyar este tipo de actividades. Así, la financiación del terrorismo se haría efectiva a través del comercio y otras actividades lucrativas; de ONG’s y otras organizaciones benéficas; con el contrabando de armas, activos y divisas por envío de dinero en efectivo; y, a través del narcotráfico.

Por tanto, se pone en evidencia que las organizaciones terroristas utilizan mecanismos tanto legales como ilegales para financiarse, así como canales formales y extraoficiales para mover estos fondos.

Según las principales conclusiones a las que llega el informe conjunto del GAFI y el GIABA, los fondos recaudados se destinarían al mantenimiento de los miembros de los grupos terroristas y sus familias, así como a la adquisición de medios materiales, la puesta en marcha de programas de propaganda que sirvan para reclutar nuevos miembros y, por supuesto, para apoyar la realización de actos terroristas.

Además, hay que tener en cuenta que las propias instituciones de Africa Occidental admiten su poca capacidad para la identificación de transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo, una cuestión a la que habría que añadir las deficiencias en seguridad y vigilancia de algunas fronteras nacionales junto a la existencia de numerosos pasos fronterizos no oficiales que, en consecuencia, no están vigilados. Todo ello propicia la infiltración de terroristas y armas.

Tampoco las estructuras de estos Estados (poder judicial, servicios de inteligencia, de seguridad…) cuentan con medios y capacidad suficientes para abordar con eficacia este desafío. Asimismo, las autoridades nacionales responsables se muestran incapaces para cooperar y colaborar a nivel regional e internacional, sobre todo, en el intercambio de información, lo que hace más fácil la libre circulación de terroristas.

Basándose en estas conclusiones, el informe ofrece una serie de recomendaciones a las autoridades regionales e internacionales para que refuercen las medidas de prevención de blanqueo de activos y financiación del terrorismo.

En definitiva, son medidas encaminadas a fortalecer el control en la identificación y el movimiento de transacciones sospechosas, promoviendo para ello la creación de mecanismos de cooperación; el desarrollo de legislaciones específicas; la formación de personal cualificado para perseguir estas actividades delictivas; y, concienciar a los grupos religiosos, la sociedad civil y el sector privado de las consecuencias negativas del terrorismo.