Los clientes de las entidades financieras demandan formas diferentes de gestionar los servicios y de hacer sus operaciones, acordes con el nuevo entorno tecnológico. La respuesta no se ha hecho esperar y la fórmula más ventajosa pasa por la alianza de la start-up Fintech con la banca tradicional.

Ya lo advertía el GAFI que, en su agenda de trabajo del pasado mes de junio, incluía como prioridad que las Fintech fueran un aliado en los retos que deben afrontar los Estados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Para ello establecía cinco principios rectores que apoyen la innovación en los servicios financieros mientras se abordan los desafíos regulatorios y de supervisión derivados de las tecnologías emergentes.

Y es que el número de empresas tecnológico-financieras alcanza un total de 15.000 en todo el mundo y se prevé que a finales de 2017, este sector atraiga en torno a 250 millones de inversión.

En este ranking, encabezado por EEUU y Reino Unido, España ocupa la sexta posición, con 300 Fintech.

Según el estudio ‘Fintech: Innovación al servicio del cliente’, un informe recién publicado por el Observatorio de la Digitalización Financiera Funcas-KPMG, el modelo de negocio mayoritario de las Fintech nacionales es el de préstamos (21%), seguido del sector de pagos (19%) y el de inversión (16%).

Parece que con todas estas cifras, la consecuencia lógica es que, en el caso de nuestro país, el sector pase a estar regulado ya que por el momento se mueve en un espacio sin marco jurídico propio y sin herramientas para que los supervisores gestionen sus riesgos.

Al dibujar una regulación que impulse el progreso innovador de estas start-ups, habrá de mantener un equilibrio y neutralidad entre los dos sectores implicados de forma que con estándares globales se garantice la seguridad del sistema, se preserve la estabilidad financiera y se proteja al cliente.

Según la regionalización financiera actual en tres polos (EEUU, Europa y China), se distinguen también tres modelos de regulación y supervisión: activos, pasivos o restrictivos.

En el primer caso, los organismos reguladores trabajan en colaboración con las start-ups para promover el crecimiento de las Fintech. La pega en este caso, según se señala en el Informe, es que el regulador puede poner el interés de las empresas por delante del interés público.

En el modelo pasivo, los organismos reguladores no tienen un papel activo para que las Fintech prosperen pero tampoco se interponen. Finalmente, el enfoque restrictivo se refiere al que adoptan los gobiernos reacios al riesgo o que temen la saturación del regulador y sobrecargan con burocracia.