Los niveles de control normativo en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ido endureciendo a medida que países y organismos han visto crecer la corrupción. En este sentido, la figura de las personas con responsabilidad pública (PRP) ha ido cambiando en cuanto a las condiciones en su relación de negocio establecidas por los sujetos obligados.

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