Esta figura recogida en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el 35 de su Reglamento como medida de control interno, es la que el sujeto obligado designará como responsable del cumplimiento de las obligaciones de información al SEPBLAC de las operaciones sospechosas.

Para cumplir esta función principal, el representante tendrá acceso sin limitación alguna a la información que obre en poder del sujeto obligado.

Será el órgano de dirección de las personas jurídicas recogidas en la norma antiblanqueo quien designe como representante a una persona que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.

En el caso de empresarios o profesionales individuales, cumplir con las obligaciones de información corresponderá al titular de la actividad.

La propuesta de nombramiento, recogida en el formulario F22 y acompañada de una descripción detallada de su trayectoria profesional, será comunicada al Servicio Ejecutivo de la Comisión que, de forma razonada, podrá formular sus observaciones.

A su vez, el representante podrá designar hasta dos personas autorizadas que actuarán bajo su dirección y responsabilidad. Por cada persona que autorice o apodere y por cada sujeto obligado, se enviará al SEPBLAC un formulario F22-6.

El cese o sustitución del representante o personas autorizadas cuando tenga carácter disciplinario también habrá de trasladarse al Servicio Ejecutivo.

En el catálogo de medidas encaminadas a prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo o la financiación del terrorismo, además del representante existirá un órgano de control interno responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento y comunicación.

El órgano de control interno contará con la participación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado. Estos órganos de prevención actuarán con separación funcional del departamento de auditoría interna.