Para reforzar la lucha contra el fraude, el Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) que se va a convertir en un órgano más fuerte y eficaz en la protección de los derechos de los  contribuyentes de la UE a través de sus procesos de investigación.

El nuevo Reglamento, con entrada en vigor el 1 de agosto, dota a la OLAF de mayor independencia y responsabilidad en su ámbito de actuación, a la vez que establece mayores garantías de salvaguarda de los derechos fundamentales para aquellos que sean investigados por esta Oficina antifraude.

Hasta ahora estas disposiciones se recogían en normas internas de la propia Oficina y a partir de ahora estos derechos se vinculan a la legislación comunitaria, dándoles una base jurídica plena y adecuada.

Así, la persona investigada será informada de sus derechos con carácter previo a la entrevista con las autoridades; además, deberá conocer cuál es el tema objeto de la investigación; y, tendrá derecho a ser asistido por un representante así como a utilizar la lengua oficial que elija de forma voluntaria.

Junto al refuerzo de estas garantías, la reforma prevé la creación de una unidad de control de calidad en la OLAF que velará por el cumplimiento de la legalidad en todas las acciones asociadas a la investigación.

En cuanto a funciones y responsabilidades, el nuevo Reglamento clarifica la figura del director general y de la Comisión Fiscalizadora.

El primero, seguirá siendo responsable de decidir sobre las investigaciones que realiza la OLAF, así como de la apertura de estos procedimientos. Lo que se limita es el mandato, que no podrá renovarse después de 7 años con el fin de reforzar su independencia. Además, se incluye un procedimiento claro y transparente para la sustitución al final del mandato.

Por lo que respecta a la Comisión de Fiscalización, encargada de monitorizar la actividad de la OLAF en cuanto a garantizar que las investigaciones se realicen con total independencia, el nuevo Reglamento aclara que debería llevar a cabo un análisis sistematizado y no de caso por caso. Asimismo, tendrá la obligación de informar periódicamente de los casos que se remiten a las autoridades nacionales para su seguimiento.

Finalmente, la reforma de la Oficina antifraude pretende intensificar la cooperación con las autoridades de los Estados miembros y proporcionar un mayor intercambio de información sobre los casos. Estos niveles de cooperación se extienden también a la Europol y la Eurojust. Y todo ello con el propósito de facilitar un mejor  seguimiento judicial por parte de los Estados y sus instituciones.