Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, «en parte ciertas y en parte falsas», según Nieto, hablaban de que la UIF había presentado denuncias contra Deschamps y su familia, y congelado sus cuentas bancarias.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como recogen diferentes medios mexicanos, precisaron que «sí se presentaron querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de un líder petrolero. En concreto dos denuncias, «una por lavado de dinero y la otra por enriquecimiento ilícito, pero es falso que la UIF le haya congelado cuentas».

En definitiva, lo que este caso viene a poner en evidencia es cómo las limitaciones a la independencia operativa y autonomía de una UIF en un Estado especialmente sensible a la corrupción pueden llevar a que la inteligencia financiera recibida se divulgue con fines políticos y que la confidencialidad de dicha información se vea comprometida, así como también la reputación internacional de esta Unidad.

Contra la corrupción, independencia y autonomía

Se trata de una cuestión esencial de la que alerta el Grupo Egmont para el que las UIF deberían tener la autoridad y capacidad suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera independiente. En esa independencia se incluye, además, la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica.

Esta independencia operativa y la autonomía «son condición fundamental» para lograr un sistema efectivo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y es que si estos parámetros están comprometidos, el impacto sobre la lucha y prevención de estas actividades delictivas será significativo.

En México, la UIF es desde 2006 una institución de seguridad nacional y desde 2013 se blinda la información de su personal con el fin de proteger su vida. El último decreto firmado por Nieto garantiza hasta 2024 la confidencialidad de los datos (nombres y información de contacto) de los servidores públicos adscritos a la unidad.

“Al identificar a las y los servidores públicos adscritos a la UIF, los delincuentes podrían amedrentar o coaccionar a las y los mismos para que les proporcionen información de inteligencia”, señala el decreto.

“Cada uno de los integrantes de la UIF constituye un factor clave para la seguridad nacional y la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, motivo por el cual resulta de suma importancia que los datos relativos a sus servidores públicos sean clasificados como reservados”, añade el documento.

Y precisa que teniendo en cuenta que “los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada (…) La divulgación de los nombres, ubicación y datos de contacto de todas las personas que laboran en la UIF (…) constituyen elementos determinantes para proteger su integridad física”.

Otro caso de divulgación de información

En 2014, el Grupo Egmont recibió una queja formal por parte de una UIF miembro relativa a otra Unidad que supuestamente había infringido las obligaciones de confidencialidad de la información recibida de un organismo homólogo. En el escrito se alegaba que la información proporcionada a la UIF fue divulgada públicamente por el presidente del país que recibió la información proveniente de la UIF extranjera.

La UIF infractora estaba directamente sometida a la autoridad del fiscal General y los documentos que presentó esta Unidad en el proceso de esclarecimiento de los hechos indicaron que la información relativa a la inteligencia financiera brindada fue remitida precisamente a la Fiscalía.

Parece que en este caso de independencia operativa limitada el responsable de la divulgación no autorizada fue una empleada de la UIF receptora que le dio la información extranjera a su marido, quien a su vez, trabajaba para el presidente.

El Grupo Egmont recomendó que se modificara la legislación nacional, a fin de garantizar la independencia operativa de la UIF respecto del fiscal General. Como resultado, debido a que no se lograron avances suficientes, la UIF infractora recibió una advertencia de suspensión. Aún en la actualidad, se busca que esta Unidad implemente medidas adicionales para garantizar su independencia operativa y autonomía.