Hace unos meses eran el GAFI y el G20 los organismos que instaban a los países a intensificar las medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Ahora le toca el turno a la Comisión Europea que señala la necesidad de dar una respuesta contundente y coordinada para combatir este fenómeno.

Para ello, el pasado 2 de febrero, la Comisión ha aprobado un plan de acción global calendarizado con el que “reaccionar con rapidez y firmeza a los retos actuales sobre la base de las normas de la UE en vigor, complementándolas en caso necesario”, señala el documento.

Es decir, adaptar algunas normas existentes al tiempo que se puedan proponer otras adicionales con las que hacer frente a las nuevas amenazas. Y todo ello para aplicarse de manera inmediata con fecha tope a finales de 2017.

Así, para desmantelar la financiación de las redes terroristas hay que mejorar la vigilancia de los recursos financieros que utilizan, desde el efectivo y los bienes culturales hasta las monedas virtuales y las tarjetas de prepago anónimas.

Para ello, y sin obstaculizar de forma innecesaria el funcionamiento de los pagos y de los mercados financieros, el plan de acción se articula en torno a dos ejes: localizar a los terroristas a través de los movimientos financieros e impedirles que transfieran fondos; así como desmantelar las fuentes de ingresos de sus organizaciones, centrándose en su capacidad de obtener fondos.

Los Estados miembros deberán aplicar la Cuarta Directiva de manera inmediata y a más tardar a finales del segundo trimestre de 2016, se propondrán diversas modificaciones del texto.

La Directiva incluirá una lista de las medidas de diligencia debida que las entidades financieras deberán llevar a cabo en relación con los flujos financieros procedentes de países considerados de alto riesgo por las deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo. La aplicación de las mismas medidas en todos los Estados miembros evitará lagunas en Europa que los terroristas puedan aprovechar para actuar en países con menores niveles de protección.

También se reforzarán las competencias de las unidades de información financiera de la UE, en consonancia con las normas internacionales más recientes, y se facilitará la cooperación mutua.

Este acceso más ágil y simplificado de las unidades de información financiera se extenderá a los datos de los titulares de cuentas bancarias y de cuentas de pago con registros nacionales centralizados en todos los Estados miembros.

Para evitar el uso con fines de blanqueo y financiación del terrorismo de las monedas virtuales, la Comisión propone incluir a las plataformas de intercambio de divisas virtuales en el ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva, de modo que estas plataformas deban aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente a la hora de intercambiar monedas virtuales por monedas reales, lo que pondrá fin al anonimato.

En el caso de los instrumentos de prepago anónimos, como por ejemplo, las tarjetas de prepago, el plan propone rebajar los umbrales para la identificación y ampliar los requisitos de verificación de la identidad de los clientes. Se tendrá en cuenta la proporcionalidad, en particular por lo que se refiere al uso de esas tarjetas por ciudadanos económicamente vulnerables.

De manera complementaria, para aplicar como plazo máximo a finales de 2016, se adoptarán otras medidas tales como la mejora de la eficiencia de la transposición por la UE de las medidas de inmovilización de fondos de Naciones Unidas y la accesibilidad de sus listas a las entidades financieras y agentes económicos europeos. La Comisión evaluará también la necesidad de un régimen específico de la UE para la inmovilización de los activos terroristas.

Asimismo, a través de una propuesta legislativa relativa a los movimientos ilícitos de dinero en efectivo, Europa ampliará el ámbito de aplicación de la normativa vigente para incluir el efectivo enviado por flete y por correo y para permitir a las autoridades actuar en el caso de importes menores de efectivo cuando existan sospechas de actividades ilícitas.

En esta batería de medidas se refleja también la asistencia técnica a los países de Oriente Próximo y del Norte de África para luchar contra el tráfico de bienes culturales, así como ayuda para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo.

En 2017, la Comisión presentará una propuesta legislativa para reforzar las competencias de las autoridades aduaneras con objeto de luchar contra la financiación del terrorismo a través del comercio de bienes, por ejemplo poniendo coto a las ganancias ilícitas obtenidas mediante transacciones comerciales encubiertas, declaraciones falsas del valor de los bienes y facturas falsas.

Finalmente, se abordará el tráfico ilícito de bienes culturales para ampliar el ámbito de aplicación de la legislación en vigor a un mayor número de países.