Desde Bruselas se ha propuesto la creación de una Fiscalía Europea con el propósito de mejorar el procesamiento de aquellos que defrauden.

Y es que cada año, se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a presuntos fraudes.

Actualmente, existe un nivel de protección y cumplimiento muy desigual en la UE en materia de lucha contra el fraude.

El porcentaje de acciones judiciales efectivas relacionadas con infracciones contra el presupuesto europeo varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con una media en la UE del 42,3%.

Y es que muchos asuntos ni siquiera se enjuician, lo que permite a los defraudadores aprovechar las lagunas jurídicas. Incluso en caso de procesamiento, hay una gran disparidad entre los Estados miembros desde el punto de vista de las condenas por delitos cometidos contra el presupuesto de la UE.

La tarea de este nuevo órgano será, por tanto, investigar, procesar y, cuando proceda, llevar ante los tribunales de los Estados miembros todos aquellos delitos que afecten al presupuesto de la UE.

En este sentido se ha pronunciado el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, al señalar que la Fiscalía “mejorará de forma decisiva la protección del dinero de los contribuyentes y el tratamiento eficaz del fraude contra los fondos de la UE”.

Además, según ha explicado el comisario de Lucha contra el Fraude, Algirdas Šemeta, la Fiscalía Europea viene a “garantizar que se de prioridad en toda Europa a la protección del presupuesto de la UE”.

Así, servirá de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros, cuyas competencias se limitan a las fronteras nacionales, y los organismos de la Unión, que no pueden proceder a investigaciones penales.

La lógica de creación de la Fiscalía Europea responde a un criterio sencillo: si hay un “presupuesto federal”, alimentado con fondos procedentes de todos los Estados miembros de la UE y gestionado en virtud de normas comunes, entonces también se necesitan “instrumentos federales”, dice la Comisión, para proteger ese presupuesto de manera efectiva en toda la Unión.

La Fiscalía Europea velará por que cada asunto de presunto fraude contra el presupuesto de la UE sea objeto de seguimiento completo, de manera que los delincuentes sepan que serán procesados y llevados ante la justicia.

Tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal Europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos.

Los tribunales nacionales se encargarán del control jurisdiccional, lo que supone que se podrán interponer recursos ante ellos contra las actuaciones de los Fiscales Europeos. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza considerablemente los derechos procesales de los sospechosos sujetos a investigaciones de la Fiscalía Europea.

Un Colegio de diez miembros, compuesto por el Fiscal Europeo, los cuatro fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, garantizará una integración total entre la UE y el nivel nacional, sobre todo mediante el consenso sobre las normas generales en materia de adjudicación de asuntos.