Los beneficiarios últimos de empresas, fundaciones y trusts quedarán inscritos en un Registro público especial para los países de la UE, de manera que pueda conocerse a quién pertenece realmente una empresa, en qué jurisdicción opera y a qué sistema tributario está ligada.

Los casinos están incluidos en esta iniciativa si bien se deja en manos de los Estados miembros la decisión de excluir a otros servicios de juegos de azar con riesgo bajo.

Acabar con el anonimato de propietarios de empresas y fideicomisos, es la última iniciativa contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal votada por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara.

Hasta ahora, se ha utilizado ese anonimato de sociedades  y cuentas en territorios offshore para ocultar transacciones financieras.

La idea es que este nuevo registro, al tratarse de una enmienda, pase a regularse en la nueva Directiva contra el blanqueo de capitales.

Y es que hay que tener en cuenta que, según cifra la ONU, el lavado de activos a nivel mundial en un solo año equivale a 2,5 % del PIB mundial.

Así, el objetivo de esta nueva medida es claro, contribuir a levantar el secreto de las cuentas en el extranjero y evitar casos de evasión “conociendo nombres y apellidos de personas que cometen prácticas abusivas”.

Por eso, con la creación de estos registros, los Estados miembros contribuyen a que las sociedades conserven información sobre su titularidad real y que esta información se ponga a disposición de las autoridades competentes y sujetos obligados (entidades financieras, asesores fiscales, gestores de fondos, notarios o abogados).

Como forma de proteger la privacidad de los datos, el registro dará acceso a la información mínima necesaria y sólo después de la identificación previa de la persona que desee acceder a esta información. El registro mostrará, por ejemplo, quién está detrás de un trust pero no revelará detalles de qué hay en él o para qué sirven.

Actividades intencionadas tales como la conversión de la propiedad o encubrir su verdadera naturaleza y origen, ya sea en un Estado miembro o en un país tercero, serán tratadas como blanqueo de capitales. También lo será la facilitación o la colaboración en estas actividades.

La norma deberá ser ratificada por el pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo y negociada con la Comisión y el Consejo Europeo ya en la próxima legislatura.