En diciembre 2016 el GAFI, como organismo encargado de establecer las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, publicaba el resultado de la evaluación mutua de Estados Unidos en lo que supone ya el cuarto informe.

No era tarea fácil ya que este documento tiene un alto nivel estratégico tanto en el ámbito doméstico como en el resto de países, teniendo en cuenta el peso global del dólar y el volumen de transacciones diarias que se realiza a través de sus entidades, así como el alcance mundial de su sistema financiero. Tampoco puede obviarse que EEUU se enfrenta a riesgos significativos en cuanto a la financiación del terrorismo.

En grandes titulares, el informe de evaluación destaca que Estados Unidos tiene un sistema fuerte y bien desarrollado de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ya que la supervisión del sector bancario y de valores por parte de los reguladores estatales y federales “parece ser sólida en su conjunto”, según señala el GAFI, que reconoce que tanto las sanciones ALD (cifradas en miles de millones de dólares), como la congelación de activos son las mayores del mundo.

Sin embargo, esta fortaleza en la supervisión y el cumplimiento legal no se mantiene al referirse a la prevención del riesgo, la diligencia debida y el control de otros sujetos obligados a través del marco normativo. Y es aquí donde el GAFI apunta a que el sistema presenta graves lagunas que impiden acceder en tiempo debido a la información sobre los titulares finales y que ésta pase a las autoridades federales.

En este sentido, el informe pone en evidencia que siguen sin resolverse deficiencias identificadas en la revisión que este organismo llevó a cabo en 2006.

Son aquellas relacionadas con la necesidad de acabar con el uso de las compañías fantasma para actividades ilícitas, junto a la exigencia de implementar en su normativa antiblanqueo las obligaciones sobre titulares reales o beneficiarios últimos de las sociedades, e incluir en la supervisión a sectores específicos  como los asesores de inversión, agentes inmobiliarios y abogados.

Estos últimos profesionales conocidos como gatekeepers que trabajan en la venta o constitución de sociedades para personas físicas o jurídicas no están sujetos a “requisitos exhaustivos de ALD / CFT y no aplican sistemáticamente procesos de diligencia debida básica o reforzada”, argumenta el GAFI, lo que “empeora aún más por las deficiencias en los requisitos de beneficiario o titular final”.

Solo los casinos y los comerciantes de metales y piedras preciosas están sometidos a una fuerte supervisión mientras que el resto de sujetos obligados, además de aplicar el régimen de sanciones financieras, tendrán que reportar transacciones con dinero en efectivo por encima de los 10.000 dólares.

Con todo esto, las acciones prioritarias que EEUU deberá poner en práctica son:

  • Asegurar el acceso en tiempo a la información sobre titulares reales exigiendo que se obtenga a nivel federal
  • Implementar las obligaciones sobre titulares reales en la Ley específica ALD que entrará en vigor en 2018 y aplicarlo a asesores de inversión, abogados, contadores, proveedores de servicios de trust y societarios, sector inmobiliario y entidades relacionadas con bienes raíces, como se identifica en los últimos Geografic Targeted Order – GTO
  • Emitir guías para clarificar cuál es el ámbito de la obligación de reportar de forma inmediata las operaciones sospechosas (ROS) y realizar una revisión enfocada en el riesgo del actual sistema de reporte y sus umbrales, así como de los plazos empleados
  • Mejorar la visibilidad del ALD y de las actividades y estadísticas a nivel estatal, incluyendo mejoras en la compilación de datos, con el fin de ofrecer una imagen más clara de la adecuación de los esfuerzos antiblanqueo en todos los niveles
  • Crear una ley que fortalezca la confiscación de activos basada en valores, por lo que si los investigadores no pueden encontrar el dinero pero conocen el valor, podrán aprovechar bienes de las organizaciones criminales sin tener que probar que fueron adquiridos con activos ilícitos