Según dos enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con la que se propone modificar tanto la Ley General Tributaria como la Ley General de Subvenciones, la Agencia Tributaria y la Intervención General intercambiarán datos en el marco de la lucha contra el fraude fiscal.

La Agencia Tributaria (AEAT) podrá ceder datos reservados a la Intervención General del Estado (IGAE) para que ésta pueda ejercer sus funciones de «control de la gestión económico-financiera, seguimiento del déficit público, control de subvenciones y ayudas públicas, y lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público».

A su vez, se permitirá que la Intervención General del Estado pueda ceder datos de naturaleza tributaria o subvencionable de carácter reservado a la AEAT, que podrá utilizarlos únicamente para la «efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan».

Según el artículo 95 de la ley tributaria, los datos, informes o antecedentes obtenidos por la AEAT tienen «carácter reservado» y sólo pueden ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan.

Así, únicamente se autoriza su cesión a los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación de delitos, a otras administraciones tributarias, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a otras administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal o en la percepción de ayudas o subvenciones, a las comisiones parlamentarias de investigación, a los órganos de protección de menores incapacitados, al Tribunal de Cuentas, al SEPBLAC, a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y a los organismos encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios.

La novedad que aportaría estas enmiendas es que también podrá acceder a este tipo de información la Intervención General que tendrá encomendada la misión de «formar y gestionar una base de datos con la información sobre operaciones comerciales efectuadas por las entidades del sector público facilitada por la AEAT», registro al que podrán acceder los órganos autonómicos y locales de control interno.

Fuente: Europa Press