Los notarios son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su papel como funcionarios públicos que tienen el deber de informar a las administraciones, contribuye a dirigir la actividad económica dentro de la legalidad.

La información que manejan estos profesionales se hace clave en la lucha contra el crimen organizado. Sus ejes de actuación se basan en aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y el uso centralizado de la información, junto con la especialización de la función de análisis.

Desde su creación en 2006, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales que gestiona el Notariado española, ha proporcionado información sobre 180.000 operaciones sospechosas a órganos judiciales, Ministerio Fiscal y policía.

Para Francisco Almansa, jefe del departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la UCO, «la herramienta más importante que tiene la policía judicial para la lucha contra el blanqueo de capitales es la colaboración con este Órgano».

También comunicaron al SEPBLAC otras 5.547 operaciones sospechosas de blanqueo.

Por otro lado, el Órgano de Colaboración Tributaria notarial atendió 133.469 requerimientos informativos de la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales (desde enero de 2007).

Estos datos fueron trasladados por el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, en el trascurso de un foro internacional sobre ‘Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución’ celebrado en Madrid durante los días 26 y 27 de noviembre.

Colaboración internacional

El notariado español es el más avanzado en la lucha contra estos delitos y debe colaborar con autoridades y Notariados de otros países -como los de América Latina- para ayudarles a desarrollar sistemas que les permitan combatir de manera similar esta lacra», apuntó Garrido en la inauguración de este foro.

Y es que desde que en 2017 nuestro país ostenta la presidencia del notariado mundial a través de la Unión Internacional del Notariado (UINL), su presidente José Marqueño de Llano, quiere completar su legislatura hasta 2019 concienciando y movilizando en la lucha contra el blanqueo a los 88 notariados que integran la organización, 300.000 profesionales de todos los continentes.

Con las nuevas tecnologías y la globalización, cualquiera puede realizar operaciones al margen de la ley difíciles de seguir. El blockchain y otras criptomonedas también pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. Contra ello, la administración apuesta por la colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos y marcos normativos.

La Base de Datos de Titularidad Real

Los notarios cuentan además desde hace más de cuatro años con esta base de datos que permite saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, aunque estén detrás de una maraña de sociedades fantasma y testaferros.

De ahí su enfado a que sean los Registradores de la Propiedad quienes tutelen el Registro de Titulares Reales, después de la Orden Ministerial que dictaminó la creación de este instrumento cumpliendo la cuarta y quinta Directivas europeas antiblanqueo.

La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado (BDTR) tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.

Desde que entró en funcionamiento en 2013 al amparo de la Ley 10/2010 ha remitido 298.557 informaciones sobre titularidad real a autoridades judiciales y policiales.

Identifica al titular real de forma acreditada y no declarativa, según precisan.

Otra de las fortalezas de la BDTR es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española. Es la única base de datos donde esta información queda recogida, ya que estas sociedades no están obligadas a inscribirse en ningún registro mercantil o administrativo.