La delincuencia económica, necesariamente vinculada al crimen organizado, la delincuencia transnacional o el blanqueo de capitales a gran escala, continúan siendo uno de los focos de mayor atención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De hecho, la criminalidad organizada es uno de sus principales retos, a la vista de la complejidad y gravedad de estas conductas delictivas.

De hecho, en 2018 se presentaron algunas importantes acusaciones contra complejas organizaciones criminales que, «al socaire de las ventajas que les ofrece la globalización, utilizan con maestría los circuitos por los que transitan sus beneficios, sirviéndose de los más sofisticados mecanismos para lo que cuentan con asesoramiento experto legal y financiero, principal o únicamente dirigido a la ocultación de los productos del crimen frente a la actuación del Estado».

Son datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía 2018 presentados por la fiscal General del Estado, María José Segarra, en la Apertura del Año Judicial el 9 de septiembre en la sede del Tribunal Supremo.

La Memoria recoge que durante el año 2018 los procedimientos judiciales en trámite relacionados con corrupción ascendieron a 678, lo que representa un incremento del 11,3% con respecto al 2017 año en el que hubo 609 procedimientos.

No obstante, este porcentaje no representa un aumento real de la delincuencia en los ámbitos de la corrupción y la criminalidad organizada sino que se han abierto piezas separadas con las que se pretende «simplificar y agilizar» unas investigaciones en las que, en muchas ocasiones, se conectan la delincuencia económica, la criminalidad organizada y la corrupción política.

Segarra se refirió al incremento de actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada «como muestra de su compromiso» en esta materia. Y apostó por una reforma en profundidad de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos, que amplíe los supuestos para su aplicación, concrete las medidas que garanticen su indemnidad y centralice su gestión.

También pidió reformas para exigir responsabilidad al Tribunal de Cuentas para mejorar el control en el mal uso del dinero público.

En cuanto a los procesos penales nuevos, la Fiscalía Especial incoó 89 procedimientos durante 2018. De ese total, 55 provienen de la separación de causas penales ya existentes. En ese sentido, la cifra real de nuevos procedimientos asciende a 34, en comparación con los 49 de 2017.

Por otro lado, durante 2018 se formularon 41 Escritos de Acusación, 5 menos que en 2017. Los delitos por los que se formuló acusación con más frecuencia son los siguientes, de los que suelen además coincidir varios en un mismo caso:

  • Cohecho: 75
  • Malversación de caudales públicos: 32
  • Prevaricación administrativa: 31
  • Delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando: 25
  • Fraude contra la Administración: 24
  • Blanqueo de capitales: 18
  • Crimen organizado: 15
  • Defraudaciones: 8

Asimismo, se dictaron 28 sentencias en primera instancia en causas judiciales en las que ha intervenido la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De ese total, 23 han sido condenatorias y 5 absolutorias. En 2017 se dictaron 34 sentencias.

La Memoria también recoge la cifra de las Comisiones Rogatorias Pasivas que «ha mantenido la tónica de los últimos años»: 24 en 2015, 25 en 2016, 35 en 2017 y 30 en el 2018.

Su procedencia es principalmente de países europeos, concretamente Rusia, Ucrania, Suiza, Italia, Portugal, Liechtenstein, Polonia y Reino Unido, y otras nacionalidades Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Argelia.

La mayor parte viene referida a delitos de blanqueo de capitales (10), crimen organizado (4), corrupción (5), y cohecho (4).

De las 30 comisiones rogatorias, las cumplimentadas durante el mismo ejercicio 2018 ascienden a 20.