Con la intervención del vocal del CGPJ, Fernando Grande Marlaska, se iniciaban las IV Jornadas Nacionales de Compliance, celebradas en Madrid los días 25 y 26 de febrero, organizadas por la Fundación General UGR-empresa.

El magistrado hizo un completo repaso de los delitos económicos recogidos en nuestro Código Penal, con especial hincapié en los relacionados con el artículo 31 bis y la Responsabilidad Penal de las Empresas, en cuanto a la diferencia entre los tipos de administración desleal e insolvencia punible y con un desmenuzado análisis de la responsabilidad correspondiente surgida por la malversación de caudales públicos.

Citando palabras de Luis Jiménez de Asúa: «Hace sesenta años el español de presa, ansioso de despojar a otro de su fortuna o de sus ahorros, se echaba al monte, con clásico calañé y trabuco naranjero, escapando de sus perseguidores a lomos de la jaca andaluza. Hoy crea sociedades, desfigura balances, simula desembolsos y suscripciones, y montado en la ignorancia de fiscales y magistrados escapa sobre el cómodo asiento de su automóvil» que, en 1934 prologaba la obra de Rodríguez Sastre sobre el delito financiero, el vocal del CGPJ recalcó que la delincuencia económica ya preocupaba en la primera mitad del siglo pasado.

No obstante, Grande Marlaska realizó un balance positivo sobre la excelente preparación que tiene nuestro país para combatir, investigar y prevenir estos delitos. Y se refirió a la reciente creación de la Oficina de Recuperación de Activos (ARO, por sus siglas en inglés), para la recuperación y restitución de parte del patrimonio público lesionado por los ilícitos penales. Todo ello, en el marco del nuevo decomiso autónomo por delitos de corrupción y de la figura del decomiso ampliado, como otra medida concreta que facilita la persecución de delitos económicos.

Recuperación de activos

Las jornadas continuaban con la sesión de Juan Manuel Amador, miembro de la Guardia Civil adscrito a la Unidad Técnica de la Policía Judicial. Durante su intervención reflexionó sobre la amplia distancia de medios con los que cuentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el crimen organizado, y celebró que se pudieran llevar a cabo acciones reales de mantenimiento y recuperación de los activos decomisados que, por la falta de una administración diligente, pueden perder buena parte de su valor, cuando no todo.

Finalizó su análisis poniendo en valor la evolución de la acción de la justicia en la persecución de los delitos económicos, ya que, en su opinión, “se ha pasado de un escenario en el que únicamente se perseguía la incautación de lotes de sustancias cuyo tráfico está penado por ley, a la persecución de las tramas financieras que permiten organizar este tipo de operaciones. Y ello, gracias al funcionamiento coordinado de las distintas agencias y organizaciones ocupadas de la prevención del crimen.

Señales de alerta en la financiación del terrorismo

El profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada y director de las Jornadas, Juan Miguel del Cid, ilustró sobre los procedimientos actuales que siguen las redes terroristas, especialmente las vinculadas a la yihad, para financiar sus actividades. Llamó especialmente la atención sobre los entramados asociativos -fundaciones y asociaciones de carácter social y asistencial-, aparentemente bien presentados, mediante los cuales se ingresan y desvían fondos a favor de organizaciones paramilitares.

Según explicó Cid, el funcionamiento de las bandas y grupos terroristas tienen una estructura casi empresarial, con un exhaustivo control de los gastos de cada miembro, un escrutinio del coste de cada acción ejecutada, y completos informes de gestión de cada organización.

Otras fuentes de financiación la constituyen las limosnas que la religión musulmana impone a sus fieles, así como los peajes impuestos al tránsito de vehículos y mercancías a lo largo de los territorios ocupados por sus organizaciones.

Inteligencia económica

Seguidamente, el subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y subdirector en el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, Enrique Ávila, quiso responder en su ponencia a la definición de inteligencia económica y a la manera de mejorar la estrategia competitiva.

En su opinión, la inteligencia no es un ciclo, sino un comportamiento basado en la neuralidad y en la fractalidad. El ponente introdujo términos como «redarquía» para referirse al modelo de toma de decisión en el que una red compuesta por diferentes individuos, sin jerarquía pero con un mismo objetivo, son capaces de tomar decisiones consensuadas; o la «infoxicación», que es la saturación de un sistema por exceso de información.

La era digital

Cerraba la primera sesión de trabajo Luis Rodríguez, vicepresidente de INBLAC, repasando los aspectos claves en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, recordando lo imprescindible del método DAC: Detectar, Analizar y Comunicar. Asimismo, enfatizó sobre la importancia de la calidad y seguridad de los datos que, en la lucha contra el fraude, manejan las entidades y la existencia de redes cibercriminales bajo las capas de acceso poco común en Internet, como, por ejemplo, la red Tor.

Información compartida

Ya en la segunda sesión, se abría la jornada con Carlos López Diéguez, socio y director del Área Fiscal de Broseta Abogados y Luis Diez de Vega, director general de Confirma.

Durante su intervención, López Diéguez enumeró los diferentes territorios sometidos a fiscalidad especial, y su evolución desde paraísos fiscales a estados cooperantes. También valoró la relación existente entre la falta de transparencia tributaria que se produce en los diferentes territorios atendiendo a la carga fiscal y presión impositiva que se produce en cada uno de ellos.

Por su parte, Luis Díez de Vega hizo un completo y práctico recorrido por los diferentes ficheros, -públicos y privados-, con los que las entidades cuentan para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales.

Explicó cómo a través de las plataformas IdConfirma y Confirma fr, las entidades pueden consultar en tiempo real la información relativa a las personas que se encuentran designadas en listas oficiales de sanciones o entidades en régimen de congelación de activos. También señaló que gracias al acuerdo con DOW JONES FACTIVA, se accede a la información sobre personas con responsabilidad pública, sus allegados y familiares.

Además, Díez de Vega hizo referencia a los repositorios con los que las entidades financieras han comenzado a combatir el fraude, como es el caso del fichero CONFIRMA, en el que se comprueba la veracidad de los datos aportados por los solicitantes de crédito, con las consiguientes alertas automáticas ante cualquier incongruencia detectada.

Se refirió, además, a otros ficheros de reciente creación: ASNEF Protección, encaminado a prevenir el fraude por suplantación de identidad; y el Repositorio SISO, en el que se pueden consultar las operaciones comunicadas al SEPBLAC.

Para terminar explicó que el acceso a todas estas fuentes de información fiable y de calidad está suponiendo una mejora competitiva sin precedentes en el mercado nacional, y destacó que los resultados de esta apuesta por el uso de información compartida para generar inteligencia colectiva están siendo positivos.

Sociedades instrumentales y testaferros

Tras la primera mesa, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y profesor titular de Investigación Criminal de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, Adolfo de la Torre, habló sobre las prácticas desarrolladas para detectar y desarticular sociedades instrumentales, testaferros profesionales, redes y entramados creados para ocultar la identidad de los verdaderos administradores de las empresas que pueden ser usadas para la comisión de delitos.

Cierre de las jornadas

Llegaba el turno de una mesa redonda con la participación de Fernando Lacasa, socio de Forensic en Grant Thornton, Sara Ruiz, vicepresidente en J.P. Morgan, y Ana María de Alba, presidente de CSMB, sobre la auditoría forense como arma para la detección del fraude, los aspectos clave del cumplimiento normativo en banca privada y las mejores prácticas para lograr una cultura de cumplimiento normativo.

Esta cuarta edición de las jornadas tocaba a su fin con la intervención de Silvia de Andrés, responsable de Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales de la firma Broseta Abogados, y miembro de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

La letrada repasó brevemente las consecuencias que ha tenido para el sector jurídico el informe realizado por el GAFI en nuestro país, así como el estado de la Abogacía como sujetos obligados, según se desprende de la última memoria publicada por el SEPBLAC.

Mención especial mereció la actualización que de Andrés hizo sobre los avances producidos en el CGAE para constituir el “ansiado” Órgano Centralizado de Prevención que, permitirá compatibilizar el ejercicio profesional con el debido secreto sobre los asuntos tratados con los clientes, y el deber de comunicación requerido en materia de prevención de delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

El broche final lo ponían Juan Miguel del Cid y Luis Rodríguez con el debate sobre el establecimiento de una buena prevención del fraude con la implicación expresa de los órganos efectivos de administración y dirección de las entidades.

Sin duda, este tipo de encuentros permite y facilita el debate y el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre entidades y profesionales del cumplimiento normativo y la prevención del fraude.

Santiago Lago. Director Comercial Soluciones Confirma