La International Bar Association (IBA) junto a la OCDE, en colaboración con la Abogacía española, han desarrollado en Madrid y Barcelona la vigésimo segunda edición de unas jornadas de formación que pretenden dar respuesta a si el profesional del Derecho está cumpliendo el papel que le corresponde en la corrupción, el soborno internacional y el blanqueo de capitales.

Se trata de unas jornadas que vienen desarrollándose por todo el mundo con independencia del nivel de desarrollo. Y es que al igual que el mundo se transforma lo hace el cliente.

Según explica Nielson Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE, los abogados están “preocupados por el extraordinario rigor de las normas y la falta de medios a su alcance para aplicarlas”.

Y es que a medida que la legislación internacional en materia anticorrupción se hace, progresivamente, más sofisticada, los abogados, como potenciales intermediarios de transacciones ilícitas, están más expuestos  a los riesgos, retos y amenazas que implica la corrupción.

Es por tanto esencial  que el abogado conozca las sanciones que se le impondrían por prácticas corruptas o prácticas relacionadas con actividades corruptas, llevadas a cabo deliberada o  inadvertidamente.

Además, y como resultado de esto, los clientes de los despachos, en especial las multinacionales, comienzan a requerir a sus abogados el tener un robusto sistema de “compliance”.

Para Nicola Bonucci, director de Asuntos Legales de la OCDE, cuando se habla de soborno internacional, la figura del abogado se convierte en intermediario. Por eso es crucial mentalizarlo y darle herramientas porque “su misión no es participar en delitos”.

Las principales señales de alerta de que se puede estar produciendo un soborno internacional y que tiene que tener en cuenta un abogado son, según Bonucci, que se produzcan pagos en distintas direcciones y de varias procedencias; que el funcionario internacional designe un agente para la negociación; y, la utilización de fundaciones con fines benéficos.

Cuando una empresa va a pagar a un funcionario internacional, lo primero que hace es dirigirse a un abogado. Y si bien es verdad que éste no va a estar presente en el momento de entrega del “maletín”, sí que lo estará y, además, será parte en las negociaciones de contratos para constituir una sociedad donde los titulares son los propios funcionarios a los que se está sobornando.

Se trata de una situación muy comprometida, debido a las cantidades de dinero que se mueven.

En opinión de Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, «es precisamente esa fina línea que separa lo lícito de lo ilícito, en el papel que desarrolla el abogado, lo que hace más necesario que desarrolle mecanismos de prevención y medidas de diligencia adecuadas, disipando cualquier género de duda sobre su corrección al actuar. Cada vez más letrados y despachos acuden a nosotros solicitando ayuda en este sentido«.

La OCDE ha detectado en España siete casos de soborno internacional en los 10 años de vigencia de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

No estamos a la cabeza en el ranking de países con mayor número de casos pero tampoco entre los países que más medidas ponen para perseguirlo.

El denominador común de todos estos casos es la utilización de un intermediario y la cantidad pagada que ronda el 10% de los contratos.