Perseguir a los blanqueadores a gran escala y confiscar sus activos son los dos grandes retos identificados en la evaluación del sistema en Arabia Saudí que ha realizado, de forma conjunta, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del Norte (MENAFATF).

La evaluación es una revisión exhaustiva de la efectividad del sistema ALD/CFT de un país y su nivel de cumplimiento de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI.

Arabia Saudí, país islámico situado en la península arábiga, enfrenta un riesgo significativo y dinámico de financiación del terrorismo, a lo que hay que sumarle la presencia de células de Al Qaeda, ISIS y otros grupos, así como un gran número de combatientes terroristas extranjeros.

Y, aunque según el Informe del GAFI, ha tenido una buena capacidad y predisposición para luchar principalmente contra la financiación del terrorismo nacional como lo prueban las más de 1.700 investigaciones emprendidas desde 2013, las medidas para implementar sanciones financieras específicas contra la financiación del tráfico de armas y para prevenir la evasión de sanciones, son débiles.

Lo que sí es sólido es su mecanismo para implementar las sanciones financieras contra el terrorismo que establecen Naciones Unidas.

En cualquier caso, es significativo que el país, tras dos evaluaciones de riesgos nacionales separadas, ha entendido cuáles son los riesgos derivados para su sistema financiero y sus entidades bancarias.

Cambios en su régimen ALD/CFT

Recientemente el Reino saudita realizó cambios fundamentales en su régimen ALD / CFT para alinear su marco legal e institucional con las Recomendaciones actualizadas del GAFI.

Precisamente la reciente introducción de algunas de estas medidas, impide que pueda demostrarse aún su efectividad.

Si bien las investigaciones sobre el blanqueo de capitales han aumentado en los últimos años, hay evidencia de que las autoridades sauditas no están investigando y enjuiciando de manera proactiva a quienes realizan estas prácticas delictivas asociadas al blanqueo de capitales, especialmente cuando se trata de esquemas complejos.

Tampoco persiguen sistemáticamente la confiscación de los activos procedentes del crimen organizado. Las autoridades no rastrean ni confiscan de forma rutinaria el producto del delito, y no han podido repatriar activos desde otro país durante el período 2013 a 2016, a pesar de que se estima que la gran mayoría de los ingresos generados en Arabia Saudita abandonan el país .

Las instituciones financieras están aplicando medidas preventivas como la diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y la verificación de los titulares reales. “Esto es en gran parte el resultado de una supervisión efectiva y proactiva de este sector”, señala el Grupo de Acción Financiera.

Sin embargo preocupa la falta de informes de operaciones sospechosas, en particular sobre casos de financiaciación del terrorismo.

Por otra parte, han identificado que las casas de cambio, los agentes inmobiliarios, los contables y otras empresas y profesiones no financieras no llegan a interiorizar y comprenden los riesgos a los que están expuestos y, en consecuencia, presentan un número bajo de informes de transacciones sospechosas.

En cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Arabia Saudí (SAFIU) no puede realizar un análisis financiero sofisticado, aunque proporciona una amplia variedad de información que está disponible y es utilizada por las autoridades competentes.