En un país que se enfrenta con especial crudeza al crimen organizado con una Dirección de Investigación Antimafia específica dependiente del Ministerio del Interior y, en consecuencia, a graves y numerosas conductas delictivas, el órgano que ejerce el control y la supervisión en materia de blanqueo y financiación del terrorismo es una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La UIF es orgánicamente dependiente del Banco de Italia y funcionalmente autónoma e independiente, según se regula en el artículo 6 del Decreto Legislativo 231/2007. En este mismo texto se establecen también las normas de cumplimiento con sanciones penales (artículo 55) y administrativas (artículos 56 al 58).

Como función principal, esta Unidad es la que recibe y tramita toda la información sobre posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y lo hace principalmente a través de los informes de transacciones sospechosas de las entidades sujetas a la obligación de informar.

En el segundo semestre de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera italiana recibió casi 50.000 comunicaciones de operaciones sospechosas, en concreto un total de 49.071. Esta cifra representa un 12,9% más que en el mismo periodo de 2015.

Además, al igual que hace, por ejemplo, el estadounidense FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network), el supervisor italiano realiza el análisis financiero de los datos con el fin último de aportar estrategias que permitan la lucha y prevención de estos tipos delictivos, cooperar con las autoridades judiciales y transmitírselo a órganos de investigación como la Unidad Especial de Divisas y la Dirección de Investigación Antimafia.

Junto a estas tareas, la UIF también tiene facultades reglamentarias con respecto a las operaciones sospechosas y control sobre las personas sujetas a obligaciones de “cooperación activa”.

Otras autoridades de supervisión sectoriales, como el Banco Central, el Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) y la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) son responsables de la reglamentación en sus respectivas esferas de competencia en cuestiones tales como la diligencia debida o el registro de datos. Lógicamente, también controlan el cumplimiento de los sujetos supervisados y ejercen la facultad de sancionar.

La cooperación entre todas ellas es relevante y si bien adopta diferentes formas, en materia de blanqueo se plasma en que se levanta la confidencialidad para ofrecer la información necesaria a la UIF.