Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada ‘Lavandería Troika’, un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en la que han participado 21 medios de comunicación, entre ellos el español ‘El Periódico’.

La investigación sobre esta red se ha realizado a partir de la obtención de un archivo con un 1,3 millones de transferencias y explica cómo Troika Dialog, el primer banco de inversión en Rusia, orquestó, entre 2006 y 2012, un esquema que incluía tres empresas registradas en las Islas Vírgenes y Panamá que, a su vez, interpusieron en torno a 75 compañías offshore que operaban de forma habitual con el Deutsche Bank o con la entidad lituana ŪKIO Bankas para introducir el dinero en el sistema financiero europeo.

Y a pesar de que gran parte de las transferencias que aparecen en el archivo que obra en poder de OCCRP se realizaron desde ŪKIO Bankas, el Banco de Lituania, que debería haber ejercido una labor de supervisión, no identificó este entramado.

Algunas de esas cuentas se abrieron a nombre de personas físicas, incluyendo trabajadores temporales con pocos recursos económicos.

Como ejemplo de la operativa, destaca el caso concreto de la anciana de 80 años, identificada como Anna Kurepina, familiar de Vladímir Artyakov, exgobernador de la región de Samara y actual vicepresidente de Rostec, la empresa pública rusa de tecnología y armamento. Según revela ‘El Periódico’, entre el 2008 y el 2009, Kuperina recibió en concepto de préstamos un total de 13.120.000 euros de la empresas Delco Network SA (12.720.000 euros) y de Dino Capital SA (400.000 euros). Todo el dinero llegó en 27 transferencias a la cuenta que la mujer tenía en Caixa Girona.

Con ese dinero, compró unas propiedades de lujo en la Costa Brava que, posteriormente vendió al hijo de Artyakov en una transacción que se realizó en Rusia por importe de 10 millones de euros.

Transparencia International defiende la necesidad de contar con una autoridad supervisora en la Unión Europea que tenga capacidades de investigación y sanción, y considera indispensables medidas como la mejora de la capacidad técnica, en el ámbito nacional y europeo, para identificar los flujos de fondos ilícitos; ampliar la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales de Europa y otros continentes; eliminar la posibilidad de registrar empresas anónimas; y acabar con paraísos fiscales como los territorios británicos de ultramar.