Entre las propuestas legislativas que se le pide al nuevo Gobierno está la de aprobar una ley en la que se contemple la necesidad de incentivar y proteger tanto en el sector privado, como a los funcionarios en el sector público, a quienes denuncien casos de fraude o corrupción.

Así lo ha hecho público, por ejemplo, Transparency Internacional España (TI-E) que ha enviado esta petición hace unos meses a los partidos políticos con la finalidad de que se incluya en sus programas electorales, de forma que ello pueda contribuir a conocer por parte de la sociedad y las autoridades judiciales los casos que existan al respecto, sin que los denunciantes puedan sentirse vulnerables o amenazados por su actitud de denuncia.

Como antecedente más reciente hay que destacar la aprobación por parte de Castilla y León de una Ley que regula las garantías de los funcionarios que informen sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración autonómica.

Nadie duda de que se trata de un paso importante, en la medida que estamos ante una norma precursora a nivel nacional.

La principal cuestión a valorar es que aporta la garantía de confidencialidad de la identidad del denunciante durante la tramitación del procedimiento y la prohibición de remoción del cargo del denunciante durante la sustanciación de las actuaciones.

Ahora bien, según el análisis de TI-E, esta ley podría considerarse insuficiente en el ámbito de la protección de denunciantes de corrupción porque adolece de ciertas limitaciones, tales como que no se haya designado un órgano independiente y con una dotación de recursos propia para tramitar las denuncias o que se imponga un régimen severo de sanciones ante la posibilidad de denunciar informaciones infundadas.

Igualmente, TI-E valora desfavorablemente que no se haya realizado un mayor esfuerzo por incluir la cobertura de los costes de la defensa jurídica del denunciante.