El fenómeno de la corrupción sigue siendo un reto para Europa, máxime si tenemos en cuenta que nos cuesta en torno a 120.000 millones de euros al año.

El desarrollo urbanístico, la construcción y la sanidad son los sectores más vulnerables a la corrupción en el entorno europeo.

Y aunque los Estados miembros han ido adoptado iniciativas en estos últimos años, los resultados son desiguales.

Estas son algunas de las conclusiones del primer Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE publicado por la Comisión Europea, en el que también se pone de manifiesto que debe hacerse más para prevenir y castigar la corrupción.

Este Informe explica la situación en cada uno de los Estados miembros en cuanto a qué medidas se han tomado, cuáles funcionan bien, qué puede mejorarse y cómo.

Así, se muestra que tanto la naturaleza y el nivel de corrupción, como la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla, varían de un Estado miembro a otro.

También se incluye una encuesta Eurobarómetro sobre la actitud de los ciudadanos europeos en relación con este fenómeno.

La encuesta muestra que un 76% de los europeos cree que la corrupción está muy extendida y más de la mitad, un 56%, opina que el nivel de corrupción en su país ha aumentado durante los tres últimos años. Asimismo, uno de cada doce europeos, lo que representa un 8%, afirma que ha vivido o presenciado un caso de corrupción en el último año.

En el caso de España, entre otros datos, el Eurobarómetro destaca que el 65% de los encuestados percibe como muy habitual el problema de la corrupción en nuestro país. Este porcentaje se incrementa hasta un 77% cuando se trata de afirmar que el nivel de corrupción sí ha aumentado en los últimos tres años.

Hasta un 68% de los españoles cree que existe corrupción en las instituciones públicas a nivel nacional. Esta cifra desciende en seis puntos, a un 62%, a la hora de situar este tipo de conductas en las instituciones locales o regionales.

Los partidos políticos seguido de los políticos son los grupos donde los ciudadanos españoles identifican que está más extendido el ofrecimiento y aceptación de sobornos, así como el abuso de poder en beneficio propio.

Además, un 63% de españoles afirma que la corrupción le afecta personalmente en su vida diaria.

Mecanismos de control

El Informe pone en evidencia que existen grandes diferencias entre los Estados miembros en la prevención de la corrupción. En algunos, una prevención eficaz ha contribuido a una sólida reputación de ausencia de corrupción; otros han aplicado políticas de prevención de forma desigual y con resultados limitados.

Hay que unirle, también, que en muchos Estados miembros, los controles internos de los procedimientos de los entes públicos, sobre todo a nivel local, son débiles y carecen de coordinación.

Acción penal

El Derecho penal que tipifica la corrupción como delito está extensamente implantado y cumple las normas del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y la legislación de la UE. No obstante, la Decisión marco 2003/568/JAI de la UE ha sido transpuesta por los Estados miembros al Derecho nacional de manera desigual.

La eficacia de la coerción y la acción penal en la investigación de la corrupción varía considerablemente entre los países de la UE. Las normas procesales, incluidas las normas sobre el levantamiento de la inmunidad de los políticos, obstruyen la investigación de los casos de corrupción en algunos Estados miembros.

Además, faltan estadísticas generales sobre los delitos de corrupción en la mayoría de los Estados miembros, lo que dificulta la comparación y evaluación.

Dimensión política

La integridad en la política sigue siendo una asignatura para muchos Estados miembros. Escasean o son de corto alcance, por ejemplo, los códigos de conducta de los partidos políticos.

Aunque muchos Estados miembros han adoptado medidas más rigurosas sobre la financiación de los partidos políticos, sigue habiendo considerables deficiencias. Raramente se imponen en la UE sanciones disuasorias de la financiación ilegal de los partidos.

Zonas de riesgo

En los Estados miembros, los riesgos de corrupción son por lo general mayores a nivel regional y local, donde los controles y equilibrios y las auditorías suelen ser menos estrictos que a nivel central.