Con el objetivo de profundizar en el análisis y conocimiento de la prevención del blanqueo de capitales, las II Jornadas de Compliance han congregado a expertos y profesionales en Madrid los días 24 y 25 de abril.

Durante este encuentro, en el que Soluciones Confirma ha tenido una activa participación, los asistentes pudieron actualizar sus impresiones acerca de las exigencias de cumplimiento y analizar las tendencias del mercado y las administraciones.

La conferencia inaugural corrió a cargo del Magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral. Bajo el título «Blanqueo de Capitales y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas», del Moral reflexionó sobre el exceso de legislación penal a la que deben enfrentarse los jueces y abogados. En su opinión, contamos con “un código demasiado verbalizado a la hora de tipificar conductas ilícitas constitutivas de delito y demasiado laxo en el establecimiento y concreción de los límites y calibración de las propias conductas descritas”.

Asimismo, llamó la atención sobre “la necesidad de concienciar a los directivos de las entidades” sobre la responsabilidad que se deriva de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como de otros tipos delictivos sobre los que el código penal responsabiliza solidariamente a las personas jurídicas.

Ya en la segunda jornada, uno de los puntos más controvertidos fue la comprensión del documento de recomendaciones que el SEPBLAC ha enviado a algunos sujetos obligados. Durante su intervención, el representante del órgano supervisor, Francisco Córcoles, aclaró que son “unas recomendaciones que serán entregadas a todos los sujetos obligados”. Según explicó, se han realizado para “facilitar las labores de cumplimiento, por parte de las entidades, y de supervisión, por parte del Banco de España”.

Intervenciones como la de Luis Rodríguez Soler, de PwC, o de María Girela Ortiz, de MoneyGram International, sirvieron para poner de manifiesto la confusión a la que se somete en ocasiones a los sujetos obligados al no definir con claridad los límites de un cumplimiento que la ley basa en el riesgo real soportado.

Por su parte, Ana Eva Alonso, representante de CECABANK, puso el acento en la “necesidad urgente de contar con un sistema ágil de identificación del titular real de las operaciones”, habida cuenta de que es una exigencia legal difícilmente resoluble por cualquier entidad en el marco de la Unión Europea.

La intervención de José Ramón Martínez, miembro de la comisión de prevención del blanqueo de capitales del CGAE y socio de Garrigues, además de centrarse en el papel que juega el abogado en esta delicada materia, hizo referencia a la idoneidad de un sistema de prevención basado en información compartida, como el SISO.

Las jornadas finalizaban con la presentación de Andrés Martínez Calvo, representante de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, sobre las novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. En su opinión, el  Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 verá la luz “antes de finalizar el año”, si bien afirmó que éste “no aportará ninguna novedad reseñable, ya que la Ley aclara perfectamente cuál es el marco de obligado cumplimiento para las entidades señaladas por el art 2”.