En un Informe de evaluación exhaustiva de la efectividad de los sistemas de cumplimiento fechado en diciembre de 2019 y hecho público tras el ‘Brexit’ en febrero de 2020, el Consejo de Europa, a través de su organismo ‘antilavado’ MONEYVAL, pide a Gibraltar que haga un mejor uso de las herramientas y mecanismos de que dispone para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El sector financiero de este territorio británico de Ultramar representa aproximadamente el 20% de su PIB y está formado principalmente por sucursales o filiales de entidades internacionales.

MONEYVAL señala que si bien los supervisores clave del territorio tienen «una sólida comprensión» de los riesgos a nivel sectorial, la que se constata a nivel general se ve afectada por varias deficiencias relacionadas con la Evaluación Nacional de Riesgos. Se refieren, en concreto, al análisis insuficiente de la amenaza transfronteriza a la que Gibraltar tiene que hacer frente como centro financiero internacional.

También se refieren a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la que destacan que, en los últimos años, ha aumentado su capacidad y ha ampliado la cooperación con las autoridades policiales y de supervisión. Sin embargo, es en la parte analítica de la UIF donde se observa «un uso limitado», con la consiguiente reducción significativa del impacto en el desarrollo de investigaciones sobre blanqueo y otros delitos determinantes.

El informe sí reconoce mejoras en el marco legal que «ahora proporciona una base sólida para que las autoridades detecten, investiguen y enjuicien el blanqueo y la financiación del terrorismo» pero para este organismo europeo, Gibraltar no ha demostrado una investigación y enjuiciamiento efectivos de estos delitos.

Y es que aunque pone de manifiesto que en el último periodo hubo varias condenas por blanqueo de dinero en cuanto a delitos determinantes cometidos en territorio nacional, no las hubo de terceros ni de blanqueo tomado de manera aislada, algo que no parece estar en línea con el perfil de riesgo de esta jurisdicción.

Asimismo se necesitan «mejoras fundamentales» con respecto a la confiscación del producto del delito de lavado de activos y los delitos determinantes asociados.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley -añade el informe-, demostraron entender bien la posible financiación del terrorismo que puede producirse en un centro financiero internacional como Gibraltar. Sin embargo, la «relativa falta de informes sobre operaciones sospechosas» relacionadas con esta conducta -considerada en el contexto de las transacciones realizadas por las instituciones financieras con jurisdicciones de riesgo- plantea dudas sobre si la ausencia de enjuiciamientos por financiación del terrorismo se ajusta igualmente al perfil de riesgo de la jurisdicción.

En cuanto a los sujetos obligados, el informe señala que su comprensión del riesgo de blanqueo de dinero es «en general satisfactoria», pero difiere entre los sectores y dentro de ellos. No sucede igual con el riesgo de financiación del terrorismo que «no se entiende adecuadamente». Sigue preocupando, además, la calidad de la notificación de las operaciones sospechosas.

MONEYVAL observa que las autoridades de supervisión aplican medidas de concesión de licencias y evaluación para evitar que los delincuentes abusen de las instituciones financieras y de otros sujetos obligados. «Aunque las autoridades competentes aplican un enfoque basado en el riesgo al llevar a cabo su supervisión, es necesario introducir nuevas mejoras en este ámbito. Las sanciones por incumplimiento de los requisitos de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo no se consideran proporcionadas ni disuasorias», destaca.

Por último, entre las medidas adoptadas para prevenir el uso de las personas jurídicas el informe recuerda que este territorio cuenta con un registro de titulares reales y señala que su legislación establece un marco global para la cooperación internacional, que permite a las autoridades prestar asistencia, con comentarios generalmente positivos de los socios internacionales.

A partir de los resultados de esta evaluación, Gibraltar deberá presentar un informe en la primera sesión plenaria de MONEYVAL en 2021.