Cinco son las líneas de actuación que la Agencia Tributaria ha incorporado como novedades en su Plan de Control Tributario y Aduanero para desarrollar durante 2017: el control de grandes fortunas; economía digital; elusión fiscal de multinacionales; fraude en el IVA; y, prevención y control del fraude en fase recaudatoria.

Grandes fortunas

El control de los grandes patrimonios se hará a partir de nuevas herramientas informáticas de análisis para investigar y comprender complejos entramados financieros y societarios.

Así, podrán analizarse las alteraciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas agresivas de planificación fiscal, el uso de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones personales, las manifestaciones de capacidad económica inconsistentes con las bases imponibles declaradas en el IRPF y la disponibilidad de activos en el exterior.

Además, durante estos meses se desarrollarán actuaciones de control a partir de la información obtenida en el marco FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Estados Unidos y, a finales de año, a través del modelo CRS, se sumará la información de cuentas procedente de 54 jurisdicciones fiscales.

Modelos 720 y 750

Se prestará especial atención a la explotación de información sobre transacciones con territorios de baja tributación, comunicaciones espontáneas procedentes de terceros estados, estructuras opacas con componente internacional y localizaciones ficticias de residencias fiscales en el extranjero, sumado todo ello al análisis patrimonial derivado de los modelos 720 y 750, y del resto de información de contraste disponible relativa a contribuyentes que presenten indicios de ocultación.

Paralelamente, se intensificarán las personaciones en las sedes donde se realiza la actividad económica de los obligados tributarios, al objeto de acreditar y regularizar situaciones de infradeclaración de ingresos.

Economía sumergida

Se potenciará el análisis de la capacidad adquisitiva real de los contribuyentes, combinando el contraste de la información declarada sobre bienes y derechos con información sobre gestión de cuentas corrientes e inconsistencias con su titularidad formal, beneficiarios de tarjetas de crédito emitidas tanto en España como en el extranjero y uso de efectivo, a la vez que se mantienen las actuaciones para verificar el cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.

Economía digital

Se prestará especial atención al control de las operaciones de importación asociadas a transacciones de comercio electrónico y al análisis de los nuevos medios de pago como las criptomonedas, plataformas mediadoras de pago, pagos desde dispositivos móviles etc., ya que pueden facilitar la opacidad de las operaciones.

Elusión fiscal

En el ámbito de la fiscalidad internacional, a lo largo del año, la Agencia Tributaria trabajará en el desarrollo de modelos de análisis de riesgo que permitan anticipar y optimizar el uso de la información que se comenzará a recibir este año sobre ‘tax rulings’ y en 2018 sobre los informes ‘País por País’, para lo que resultará especialmente relevante la experiencia acumulada por la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional desde su creación en 2013.

Todo ello supondrá un incremento de la información disponible por la AEAT respecto de la tributación de las multinacionales que operan en territorio español.

De acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE, se analizarán las estructuras de planificación fiscal agresiva, estructuras híbridas (con distinto tratamiento fiscal en España y en un país tercero), generación artificial de gastos financieros, utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo), atribución de beneficios a establecimientos permanentes en España de entidades no residentes y tributación de operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.

Adicionalmente, se prestará especial atención al control de entidades que operan internacionalmente en el ámbito de la economía digital, en relación con la posible existencia de acciones tendentes a excluir a nuestra jurisdicción del pago de los impuestos directos debidos.