A pesar de las estrictas obligaciones normativas a las que están sujetas las entidades financieras, lo cierto es que periódicamente salen a la luz casos en los que algún banco es acusado por falta de vigilancia ante posibles operaciones de blanqueo de dinero procedentes de clientes.

Junto a las sanciones económicas que supone esta falta de diligencia, y que pueden ser muy elevadas en función del país en que se produzcan, está la crisis reputacional que coloca a la entidad en serias dificultades.

Toda evaluación sólida por parte del órgano supervisor deberá basarse en información precisa a nivel operacional. Hay que recordar que la entidad como sujeto obligado previamente ya habrá tenido que elaborar su propia relación de operaciones de riesgo ajustada a su experiencia y a su evaluación.

Con este punto de partida, el tipo de detalle transaccional ligado al riesgo será el que se trate de obtener al iniciar las investigaciones y lo que resultará más revelador para la administración competente.

Y es que los indicadores clave de carácter financiero que evalúan la solidez de la entidad y su cumplimiento normativo, no tienen por qué hacer aflorar operaciones sospechosas.

Una entidad puede gozar de buena salud financiera en cuanto a su ratio de préstamos sobre depósitos o a su volumen de captación de depósitos y, sin embargo, si nos atenemos a indicadores como la concentración accionaria, su proporción de clientes no residentes, los préstamos con o sin garantía, así como la participación en depósitos no euro para bancos del entorno UE, se pueden advertir problemas relacionados con el blanqueo.

Estas cuatro variables a nivel global, unidas a otra más específica como que las operaciones muestren falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, sin que exista justificación económica o profesional para ello, serán las principales señales de alerta.

Ahora bien, ni tomados de forma aislada o combinada, estos indicadores serán suficientes para garantizar que se detecten actividades sistemáticas de blanqueo de capitales.