Los 28 contarán con un reconocimiento mutuo más eficaz de las resoluciones de embargo preventivo y de decomiso

7 noviembre, 2018

Bruselas ha aprobado con fecha 6 de noviembre un Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso que entrará en vigor en dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Se estima que, actualmente, casi el 100 % de los beneficios generados por actividades delictivas no se decomisa y sigue estando en manos de los delincuentes.

Por eso, con la nueva norma se pretende atajar la financiación de las actividades delictivas, incluidos los actos terroristas ya que se asegura la eficacia en toda la UE del embargo y el decomiso de los bienes de origen delictivo.

Con un Reglamento único se resolverán los problemas relacionados con la aplicación de los instrumentos existentes, que han dado lugar a un reconocimiento mutuo insuficiente. El nuevo texto establece solo un número limitado de motivos para el no reconocimiento y la no ejecución.

Este principio general de reconocimiento mutuo se refiere a que todas las resoluciones judiciales en materia penal adoptadas en un país de la UE serán reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro.

Con la entrada en vigor de esta nueva norma, los 28 contarán, además, con una gran variedad de tipos de decomiso en materia penal, como el decomiso por valor equivalente o el decomiso civil, y entre ellos determinados sistemas de decomiso preventivo, siempre que haya algún vínculo con un delito.

Y para propiciar unas medidas de embargo y decomiso rápidas y eficaces, tendrán disponibles certificados y procedimientos normalizados junto a disposiciones para garantizar que en los casos transfronterizos se respete el derecho de las víctimas a una indemnización o restitución.

De hecho, el Reglamento, una vez definidos sus 41 artículos, contiene dos anexos con el certificado de embargo y el de decomiso, respectivamente, en los que se solicita una detallada información sobre las personas afectadas, las propiedades a las que se refiere la orden, las conductas delictivas que se le atribuyen o los detalles de la autoridad competente.

Asimismo, los plazos se concretan y agilizan. Así, para el reconocimiento de una resolución de decomiso se fijan 45 días, plazo que se reduce a 48 horas en casos de urgencia y que se aplica también para la ejecución. Esos plazos podrán ampliarse únicamente en circunstancias muy concretas.

El nuevo Reglamento viene a sustituir a la Decisión marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo y a la relativa al reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, que se remontan a 2003 y 2006, respectivamente.

¿Cómo es el blanqueo en las series de éxito? Fariña

30 octubre, 2018

‘Fariña’, como se refieren los narcotraficantes de las costas gallegas a la cocaína, primero fue el título de un libro del periodista Nacho Carretero que se situó en el top ten de ventas con secuestro judicial incluido. Y después adaptado para serie de televisión, tan de éxito, que la producción de Antena 3 la compró la plataforma Netflix.

A lo largo de sus 16 capítulos, la serie recrea la historia real de cómo entre finales de los años setenta y principios de los noventa -hasta la operación ‘Nécora’-, quienes traficaron con tabaco en la ría de Arousa (Pontevedra) dieron el salto a la droga para convertirse en los capos del narco en las Rías Baixas.

Y es que el 80% de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas.

Capos con negocios legales para blanquear

Sus nombres aún son muy reconocibles. Incluso hay clanes que todavía continúan en activo.

Sito Miñanco, Laureano Oubiña o Manuel Charlín son los principales protagonistas de la serie, junto al patriarca Vicente Otero, ‘Terito’, el jefe de la cooperativa en sus inicios como contrabandistas.

Todos ellos, ya con la descarga de cajas de tabaco en las costas, contaban con estructuras organizadas y sociedades que usaban para blanquear los beneficios de la venta del ‘Winston de batea’. Y lo que era fundamental. De una forma directa o indirecta, tenían en nómina a muchas familias de Vilagarcía, Cambados y Vilanova.

Terito’, que como negocio para lavar el dinero tenía un restaurante, controlaba la contabilidad con las entradas y salidas de cada miembro de la cooperativa y gestionaba los sobornos para comprar a políticos, policías e, incluso, jueces.

También, con ayuda de empleados de entidades bancarias, recurría al ingreso de cantidades mensuales fijas -3 millones de las antiguas pesetas- en cuentas de jubilados o, incluso, de fallecidos, que después salían ya como dinero legal.

Oubiña gestionaba una empresa de transporte con camiones que también ponía al servicio del contrabando y después para el tráfico de hachís la ‘fariña’.

Y Charlín era el propietario de una fábrica de conservas dirigida por su hija y que, a su vez, daba empleo a las mujeres de la zona.

Aún con estos negocios a pleno rendimiento, la entrada de dinero superaba los mecanismos de lavado porque su vida era aparentemente sencilla, sin signos de ostentación.

De hecho, en unos de los capítulos, se ve cómo Oubiña pierde más de 20 millones de las antiguas pesetas que guardaba en un depósito de agua que reventó por las fuertes lluvias.

Con Sito Miñanco se cerró el acuerdo con Colombia

José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’ por su apodo familiar en Cambados, y eje central de la serie, pasó de almacenar el dinero en los botes de detergente de la época a construir una infraestructura que incluía libros de contabilidad duplicados, subcontratas, empresas tapadera y cuentas en Suiza y Panamá.

También presidió el equipo de fútbol local Xuventude de Cambados.

Junto a sus dos socios, Ramiro Martínez Señoráns y Olegario Falcón Piñeiro encabezaron la “ROS S.L.”, una de las mayores organizaciones tabaqueras ilegales de Europa.

De piloto de planeadora fue el primero en la ría que hizo negocios con los narcos de Colombia, concretamente con el cártel de Medellín.

Miñanco llevaba los maletines con el dinero en cash a Panamá para ingresarlo en entidades que funcionaban bajo secreto bancario. En uno de esos primeros viajes conoció a Odalys Rivera, sobrina de un ministro del general Noriega, quien le puso en contacto con los narcos colombianos y que luego se convertiría en su segunda mujer.

Posteriormente, llegó a tener organizaciones bajo su mando hasta con 300 integrantes, barcos en propiedad y contactos de alto nivel. Además, de testaferros y cortafuegos para que ningún cargamento se pudiera vincular con él.

Se presenta en sociedad el Registro de Titularidades Reales

25 octubre, 2018

El 25 de octubre, los registradores, en la figura de su decana, María Emilia Adán, ha presentado de forma oficial el Registro de Titularidades Reales, tras meses de disputa con sus compañeros los notarios, desde la publicación en marzo de la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, por ‘tutelar’ el registro público donde suministrar información precisa sobre el titular real de las personas jurídicas.

Esta nueva herramienta de lucha contra el blanqueo de capitales y las actividades que suelen encontrarse detrás, como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.

Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden ministerial, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Cumplimiento de la Cuarta Directiva

Hay que recordar que el gobierno aprobó esta Orden para dar cumplimiento al artículo 30.3 de la cuarta Directiva europea antiblanqueo de capitales (Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015).

La directiva establece que “los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público”.

Se obliga, por tanto, a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de esos titulares últimos o reales que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado).

Los notarios, desde que se publicó la Orden pusieron de manifiesto que ellos cuenta con la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado como registro público, establecido por el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su artículo 9.6.

No obstante, serán finalmente los registradores los que gestionen el Registro que, según lo definen, “se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales”. Asimismo “está interconectado con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español”, añaden.

De forma paralela, los registradores de la propiedad y mercantiles como sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, disponen desde hace tres años del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que anualmente recibe más de 16.000 alertas por operaciones sospechosas.

Ventajas del Registro

Entre las bondades que le otorgan los registradores a este nuevo sistema está que sea “público, fiable y reglado”.

Se refieren a que el Registro Mercantil garantiza la adecuada publicidad de los datos relativos a las sociedades mercantiles y los registradores mercantiles, como funcionarios públicos, resolverán sobre las peticiones de información presentadas por cualquier particular, puesto que las administraciones públicas y los sujetos obligados tienen un acceso privilegiado.

Lo describen además como “completo” teniendo en cuenta que la constancia de la titularidad real en el Registro Mercantil se extiende a todas las sociedades mercantiles y es ajena al documento que haya generado esta ya que incluye tanto los titulares resultantes de documentos notariales españoles como los que deriven de documentos notariales extranjeros, judiciales, administrativos o privados.

También estará sometido a una actualización “continuada” del titular real en virtud del documento presentado por el administrador de la sociedad. Además, con la presentación de las cuentas sociales es obligatoria la actualización una vez al año.

Asimismo, se adapta a las necesidades de la lucha contra el blanqueo ya que los nuevos requerimientos de Europa en cuanto a exigir más datos sobre los titulares reales como fecha de nacimiento, residencia, estructuras societarias interpuestas, etc. se añaden al modelo de cuentas anuales para completar la información en el siguiente ejercicio.

Y como parte del proyecto BRIS, está interconectado con otros países a través de una plataforma en la que se integra el Registro Mercantil español, por la que se dará la publicidad de los titulares reales a nivel europeo. El punto de conexión que se prevé con los distintos países es el domicilio social, lo que hace más fácilmente controlables todas las operaciones referidas a una misma sociedad con independencia del lugar en que se realicen.

A esto le suman que no supone un incremento de costes para las mercantiles, que ofrece una información contrastada ya que el origen es el depósito de cuentas realizado por el administrador de la sociedad cuyo cargo es comprobado por el registrador mercantil; y que la falta de depósito de cuentas lleva consigo sanciones.

El GAFI señala que el sector seguros de vida se sitúa en riesgo bajo

25 octubre, 2018

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha concluido los trabajos para la elaboración de una nueva Guía que aborde el enfoque basado en riesgos para los seguros de vida con el fin de fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en este sector.

Y aunque los riesgos asociados a este sector son menores que los que existen con otros productos financieros u otros sectores comerciales, este documento engloba una serie de recomendaciones para que las entidades conozcan cuáles pueden ser las prácticas delictivas a las que están expuestas y concentren sus recursos donde los riesgos son más altos.

Tras la consulta pública que este organismo abrió en julio de 2018 para recoger la opinión de las entidades aseguradoras, la guía ya ha pasado por el Plenario y está lista para ayudar tanto a las aseguradoras y los intermediarios de seguros del sector privado, como a los supervisores a aplicar un enfoque basado en riesgos destinado a la prevención.

La guía empieza por reconocer que muchos productos de seguros de vida no son lo suficientemente flexibles como para ser el primer instrumento elegido por los blanqueadores. Sin embargo, al igual que ocurre con otros productos de servicios financieros, existe el riesgo de que los fondos utilizados para pagar las primas de los seguros de vida puedan ser producto del delito.

También existe el riesgo, aunque el GAFI reconoce que “limitado”, de que los fondos retirados de los seguros de vida puedan utilizarse para financiar el terrorismo.

La guía proporciona indicaciones y ejemplos de riesgos para una gama de productos de seguros de vida. También advierte de los factores de riesgo inherentes a cada uno de esos productos.

Así, por ejemplo, destaca en la cima del riesgo aquellos productos con potencial de invertir en multiactivos y aquellos con devolución vinculada a un activo financiero subyacente.

En el otro extremo, con riesgo moderado, se sitúan los seguros más tradicionales del ramo relacionados con el fallecimiento y el ahorro del asegurado por un periodo concreto que suele coincidir con el de su jubilación.

Además destaca el GAFI que la evaluación de riesgos debe reflejar la naturaleza, el tamaño y la complejidad del negocio. Se moverá desde una evaluación más simple para aseguradoras e intermediarios menos complejos, hasta una más compleja que tenga en cuenta “el apetito de riesgo” de un gran grupo.

También se destaca el importante papel que juega la participación de la alta dirección. Y la trascendencia de diseñar modelos de control interno.

Fuente: GAFI.

La guía dedica un apartado a la participación de los intermediarios en la distribución de seguros de vida, y cómo afecta a la división de responsabilidades antiblanqueo. E insiste en la necesidad de que las aseguradores tengan en cuenta el factor de su red de distribución y canales al realizar su evaluación de riesgo.

La intensidad de las medidas de mitigación de riesgos, incluyendo los controles de diligencia debida del cliente, estarán en función de cómo sea el peligro real de blanqueo y financiación del terrorismo.

Es crucial la identificación de las partes en el contrato del seguro de vida, donde además del beneficiario se determinará la extensión de los controles a realizar cuando, por ejemplo, esté involucrada una persona expuesta políticamente.

Los países que adopten el contenido del documento deberán prohibir, además, el pago en efectivo de los seguros de vida.

El Consejo de Ministros informa el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal

19 octubre, 2018

El Consejo de Ministros en su reunión del 19 de octubre ha informado el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, un texto que contiene modificaciones de diversas normas y figuras tributarias existentes, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

Todas estas medidas en su conjunto permitirán unos ingresos de 828 millones de euros.

Control de las criptodivisas

Entre las medidas contempladas, este anteproyecto de Ley establece nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Así, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia.

Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, transmisión, permuta, transferencia). También habrá que informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero.

Lucha contra los paraísos fiscales

El nuevo texto normativo actualizará y ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Y se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. De esta forma, se incluirán, además de países y territorios como ocurría hasta ahora, regímenes fiscales perjudiciales que faciliten el fraude fiscal.

Asimismo, se incorporarán nuevos motivos para la inclusión en dicha lista de paraísos, como territorios donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación), territorios donde haya opacidad y falta de transparencia, al no existir un efectivo intercambio de información tributaria con España sobre el titular real de los bienes o derechos; o que se faciliten instrumentos que permiten atraer beneficios sin una actividad económica real en el país.

La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente, con un enfoque dinámico.

Prohibición de amnistías

Otra medida que contempla este anteproyecto de Ley es la prohibición por ley de amnistías fiscales, es decir, la prohibición de instrumentos extraordinarios de regularización fiscal, impidiendo que haya beneficios tributarios injustificados que suponga una quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de gastos del Estado.

Endurecimiento de la limitación en efectivo

La limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios, es otra novedad. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados entre particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas.

Se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.

Ello persigue endurecer el régimen para restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar comportamientos defraudatorios. La modificación de la limitación de los pagos en efectivo se cuantifica en 218 millones de euros.

Prohibición del ‘software de ocultación de ventas’

También, con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de datos contables y de gestión, este anteproyecto establece la prohibición del denominado ‘software de ocultación de ventas’, esto es, programas informáticos que permiten la manipulación de la contabilidad.

Se exigirá que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros de operaciones. Habilita además la posibilidad de someterlos a certificación por vía reglamentaria y se establece un régimen sancionador específico en los casos de fabricación de estos dispositivos o su tenencia sin la adecuada certificación.

Normas antielusión

El nuevo texto también responde a la necesidad de trasponer la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD.

En el caso de España, implica el fortalecimiento del régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la denominada Imposición de Salida (‘Exit Tax’) para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización, y para asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España.

Con la ‘Exit Tax’ se pretende garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de dicho traslado de activos. Así se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.

Incluye asimismo medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude, y se combatirá el fraude en las actividades de juego, incluido el que se puede producir en las apuestas deportivas.