5 años de FATCA, la primera ley extraterritorial para combatir la evasión fiscal de los estadounidenses

20 agosto, 2019

Atrás queda el revuelo y las críticas que provocó a nivel internacional la ‘ForeignAccount Tax Compliance Act’ (FATCA), una ley extraterritorial sin precedentes aprobada por Estados Unidos en marzo de 2010 con el objetivo de controlar y combatir la evasión fiscal entre sus residentes fiscales con cuentas bancarias, inversiones e ingresos realizados con entidades financieras extranjeras, incluidos territorios off-shore.

Suponía un serio recorte al secreto bancario con la obligación de intercambiar información financiera entre bancos de todo el mundo.

Su puesta en marcha no fue sencilla y sufrió retrasos. Costó 4 años. Y es que propiciar ese intercambio de información sobre los activos extranjeros en poder de titulares estadounidenses entre grupos y entidades financieras internacionales, requirió implantar una operativa que obligó a coordinar muchas estructuras con el consiguiente gasto económico. Se cifra en 100.000 las entidades que se vieron afectadas por la norma.

Finalmente, en julio de 2014, hace ahora 5 años, la FATCA, conocida en español como la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, echó a andar poniendo el foco también sobre cuentas abiertas con anterioridad a esa fecha.

Así, las instituciones financieras realizaron un proceso de diligencia debida para identificar si la cuenta estaba sujeta a reporte, una gestión que se tradujo en que tuvieron que entrar en contacto con cada cliente para ampliar su información y que estos firmaran los formularios correspondientes: el W-8BEN para certificar la no residencia o ciudadanía de los EE.UU de personas físicas; el W-8BEN-E para determinar las personas jurídicas con responsabilidades fiscales con EE.UU; y el W-9 para personas físicas y jurídicas que son ciudadanos o residentes estadounidenses.

A diferencia de la mayoría de las legislaciones, Estados Unidos tiene como regla de atribución de impuestos la renta universal de sus ciudadanos. De esta forma, con independencia del país en que se genere la renta, reclama el derecho a cobrar impuestos sobre ella, mientras el beneficiario sea ciudadano de este país.

Cómo se organizó

A las instituciones extranjeras consideradas financieras por la FATCA (las Foreign Financial Institutions o FFI) se les imponía la obligación de celebrar un acuerdo de reporte y retención con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento del Tesoro de EE.UU respecto a los ciudadanos de este país con cuenta en ellas.

La ley entiende que son FFI aquellas que aceptan depósitos, mantienen activos financieros por cuenta de terceros y se dedica principalmente al negocio de las inversiones y valores.

En el verano de 2013, las FFI comenzaron a inscribirse en un registro online abierto por el IRS. Este requisito se extendía tanto a las oficinas centrales de las entidades como a las sucursales que, a través de una aplicación en Internet disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, accedían a un sitio seguro donde la entidad creaba su perfil o cuenta online con código de acceso, usuario FATCA  y preguntas de seguridad.

El IRS debía analizar todas las inscripciones recibidas y notificar a las entidades su aprobación, fase que llevaba pareja la emisión para el banco del número intermediario de identificación global (GIIN). Concluido este proceso, el IRS publicó un año más tarde la primera lista de FFI que se actualiza mensualmente.

No hay que obviar que para que un grupo financiero internacional fuera considerado participante y pudiera firmar el acuerdo con el IRS, todos sus miembros debían serlo con lo que la decisión local de participar o no estaba asociada no sólo al impacto que FATCA tuviera localmente, sino sobre los negocios globales del grupo.

De forma complementaria a este sistema de registro, a finales de 2012, los principales países de la UE –entre ellos España-, suscribieron acuerdos bilaterales con EE.UU basados en un modelo negociado conjuntamente para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la FACTA.

Se consideraron como la forma más sencilla de adaptarse a esta normativa. En este caso, las entidades financieras tanto de los países firmantes como de EE..UU se comprometían a comunicar a sus autoridades fiscales la información referente a contribuyentes del otro país y, seguidamente, de forma automática, la información se intercambiaba entre las autoridades fiscales.

Las FFI no participantes de esta normativa han tenido que asumir una retención del 30% bruto sobre las rentas pasivas procedentes de EEUU. Esto, en la práctica, según explican los expertos, supone “un eventual aislamiento en transacciones globales, ya que varias entidades internacionales podrían, para simplificar sus procesos, evitar operaciones con bancos no participantes”.

Casos de filtración de información en Unidades de Inteligencia Financiera

19 agosto, 2019

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, «en parte ciertas y en parte falsas», según Nieto, hablaban de que la UIF había presentado denuncias contra Deschamps y su familia, y congelado sus cuentas bancarias.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como recogen diferentes medios mexicanos, precisaron que «sí se presentaron querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de un líder petrolero. En concreto dos denuncias, «una por lavado de dinero y la otra por enriquecimiento ilícito, pero es falso que la UIF le haya congelado cuentas».

En definitiva, lo que este caso viene a poner en evidencia es cómo las limitaciones a la independencia operativa y autonomía de una UIF en un Estado especialmente sensible a la corrupción pueden llevar a que la inteligencia financiera recibida se divulgue con fines políticos y que la confidencialidad de dicha información se vea comprometida, así como también la reputación internacional de esta Unidad.

Contra la corrupción, independencia y autonomía

Se trata de una cuestión esencial de la que alerta el Grupo Egmont para el que las UIF deberían tener la autoridad y capacidad suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera independiente. En esa independencia se incluye, además, la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica.

Esta independencia operativa y la autonomía «son condición fundamental» para lograr un sistema efectivo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y es que si estos parámetros están comprometidos, el impacto sobre la lucha y prevención de estas actividades delictivas será significativo.

En México, la UIF es desde 2006 una institución de seguridad nacional y desde 2013 se blinda la información de su personal con el fin de proteger su vida. El último decreto firmado por Nieto garantiza hasta 2024 la confidencialidad de los datos (nombres y información de contacto) de los servidores públicos adscritos a la unidad.

“Al identificar a las y los servidores públicos adscritos a la UIF, los delincuentes podrían amedrentar o coaccionar a las y los mismos para que les proporcionen información de inteligencia”, señala el decreto.

“Cada uno de los integrantes de la UIF constituye un factor clave para la seguridad nacional y la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, motivo por el cual resulta de suma importancia que los datos relativos a sus servidores públicos sean clasificados como reservados”, añade el documento.

Y precisa que teniendo en cuenta que “los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada (…) La divulgación de los nombres, ubicación y datos de contacto de todas las personas que laboran en la UIF (…) constituyen elementos determinantes para proteger su integridad física”.

Otro caso de divulgación de información

En 2014, el Grupo Egmont recibió una queja formal por parte de una UIF miembro relativa a otra Unidad que supuestamente había infringido las obligaciones de confidencialidad de la información recibida de un organismo homólogo. En el escrito se alegaba que la información proporcionada a la UIF fue divulgada públicamente por el presidente del país que recibió la información proveniente de la UIF extranjera.

La UIF infractora estaba directamente sometida a la autoridad del fiscal General y los documentos que presentó esta Unidad en el proceso de esclarecimiento de los hechos indicaron que la información relativa a la inteligencia financiera brindada fue remitida precisamente a la Fiscalía.

Parece que en este caso de independencia operativa limitada el responsable de la divulgación no autorizada fue una empleada de la UIF receptora que le dio la información extranjera a su marido, quien a su vez, trabajaba para el presidente.

El Grupo Egmont recomendó que se modificara la legislación nacional, a fin de garantizar la independencia operativa de la UIF respecto del fiscal General. Como resultado, debido a que no se lograron avances suficientes, la UIF infractora recibió una advertencia de suspensión. Aún en la actualidad, se busca que esta Unidad implemente medidas adicionales para garantizar su independencia operativa y autonomía.

La operación del mes: cae una ‘subcontrata’ de blanqueo para otras organizaciones criminales

14 agosto, 2019

Más de 70 millones de euros es la cantidad que habría blanqueado una organización criminal desarticulada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de una investigación iniciada en 2017. La novedad reside en que actuaba a modo de ‘subcontrata’ para otros grupos criminales tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -centrados en el narcotráfico-.

La organización, asentada en las provincias de Madrid y Toledo, estaba constituida por blanqueadores profesionales dedicados en exclusiva a esta labor, y ofrecían sus servicios a cambio de importantes comisiones de entre el 10 % y 15 %. Los “clientes” eran organizaciones criminales con necesidad de introducir en el circuito legal el dinero que habían obtenido con sus actividades ilícitas -como en el caso de las organizaciones de tráfico de drogas colombianas- o bien, por la evasión de dinero con destino a sus países de origen por parte de organizaciones asiáticas.

Como mecanismo para el blanqueo, los investigados habían constituido un gran número de empresas con diversos objetos sociales como la exportación-importación, gestión inmobiliaria o compraventa de oro y otros metales preciosos como plata o platino. Estas sociedades estaban a nombre de testaferros que prestaban su identidad a cambio de dinero, disponiendo así de cuentas bancarias en diversas entidades con las que operar.

Los agentes han detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles. Además, se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios.

Blanqueo en tres fases. Más de 60 millones de euros a países asiáticos

En el caso de las organizaciones de origen asiático, que querían evadir el dinero fuera de España y eludir el pago de impuestos, el servicio que prestaban los detenidos pasaba por tres fases hasta que el dinero era colocado en China, Hong Kong y Taiwán principalmente.

En la primera fase los empresarios contactaban con la organización para entregarles el dinero en efectivo. Seguidamente, los blanqueadores acudían a diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas procedentes de robos en viviendas con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas en lingotes, y estos, vendidos a empresas de mayoristas del sector que abonaban el dinero mediante transferencias bancarias. Mediante este sistema de compra y fundido de oro, la organización desarticulada habría adquirido más de 2.000 kilos de oro en el mercado negro, procedente de robos con fuerza.

La segunda fase era la difuminación entre las sociedades con la ejecución de transferencias continuadas entre sus propias empresas, simulando operaciones comerciales mediante facturación falsa con el fin de ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de los movimientos.

La última fase consistía en emitir transferencias internacionales, destinando el dinero que había circulado por varias empresas de la organización a una de las empresas que tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación.

Préstamos privados y simulaciones comerciales

Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión de préstamos, procedimiento utilizado principalmente con una organización de narcotraficantes de origen colombiano. La organización investigada simulaba operaciones de crédito-préstamos que eran formalizados en contratos privados entre empresas gestionadas por la organización de blanqueadores y las de narcotraficantes. Al ordenarse los recibos de devolución o cancelación anticipada, estos préstamos nunca eran devueltos.

Los agentes también detectaron la simulación de operaciones comerciales. Los blanqueadores, tras recibir el dinero y hacerlo circular entre sus empresas lo transferían a las sociedades de los «clientes», justificándolo, falsamente, como el pago de servicios o adquisición de bienes. La mercantil “cliente” adquiría seguidamente bienes inmuebles.

La investigación reveló, asimismo que la organización desarticulada contactaba con personas de origen colombiano residentes principalmente en Holanda, de las que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo. Más de dos millones de euros de este grupo fueron blanqueados para, posteriormente, ser invertidos en el mercado inmobiliario de Madrid y Toledo.

Las consecuencias de que una entidad financiera incumpla su código de conducta: el caso de BBVA

29 julio, 2019

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Acepta,así, la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, se investigará si el banco encargó a Cenyt, grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, servicios de espionaje a diferentes personas.

La entidad financiera se convierte así en la primera empresa investigada por la Justicia española por un delito de corrupción en los negocios tras incumplir su código de conducta y que debería haber controlado el departamento de compliance.

Su presidente, Carlos Torres, ha declarado en un comunicado que la «prioridad» de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia.

En su auto, el juez García Castellón ha acordado requerir al BBVA que designe a la persona que a partir de ahora le representará ante la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. De este modo, el magistrado rechaza la petición de la entidad financiera de personarse en la causa como perjudicado, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas.

También la Fiscalía Anticorrupción rechazó en su escrito la posibilidad de que la entidad financiera se personase en el caso como perjudicado.

Incumplimiento del código de conducta

Los hechos investigados advierten de que BBVA permitió, presuntamente, que sus directivos aceptaran dádivas -dinerarias o materiales- del comisario Villarejo, en contra de lo establecido en su código de conducta, a cambio de facilitar contratos al grupo empresarial Cenyt.

La entidad, según su código de conducta aprobado el 28 de mayo de 2015, prohíbe a sus trabajadores aceptar regalos «que se realizan con el ánimo de influir en decisiones profesionales». Y prohíbe solicitar y aceptar «regalos, pagos, comisiones o cualesquiera otros beneficios personales de clientes o proveedores de BBVA, ni de quienes quieran establecer una relación como clientes o potenciales proveedores, o por quien actúe por cuenta de ellos».

El  documento señala que «se pueden aceptar obsequios de carácter promocional, detalles de cortesía o atenciones habituales en los negocios» de un mismo proveedor siempre que su «valor razonable» no exceda de 150 euros en un periodo de seis meses.

Según la Fiscalía, BBVA contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

Y afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por la entidad se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos durante un prolongado periodo.

Anticorrupción destaca, además, en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Los investigados

En la pieza, la número 9 de la Operación ‘Tándem’, ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

Fuente: Europa Press.

Cuatro informes de Bruselas identifican las deficiencias de la normativa europea antiblanqueo

24 julio, 2019

La Comisión Europea ha adoptado con fecha 24 de julio de 2019 una Comunicación y cuatro informes que, según explica Bruselas en un comunicado, ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a «abordar mejor» los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Sobre el papel se han tomado «estrictas y sólidas» normas de control; sin embargo parece que la cuarta y quinta Directiva establecidas por la ‘Comisión Juncker’ junto al refuerzo de la función de supervisión de la Autoridad Bancaria Europea, no resultan suficientes si no se aplican plenamente en todos los Estados miembros y en sus entidades financieras.

Se trata de un problema estructural en cuanto a la capacidad de la Unión para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos.

Es en este sentido donde la UE recalca que «aún es preciso hacer frente a una serie de deficiencias estructurales» en la aplicación de estas normas. De ahí este paquete de medidas que quieren sirvan de base para futuras decisiones políticas sobre cómo seguir reforzando el marco a nivel europeo de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Los riesgos sectoriales en el mercado interior

El informe sobre la evaluación supranacional de riesgos es un instrumento que pretende ayudar a los Estados miembros a determinar y abordar los riesgos sectoriales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Comisión lo adopta cada dos años desde 2017.

En su segunda edición, además de ponerse de manifiesto que se han aplicado la mayoría de recomendaciones identificadas hace dos años, el documento señala que «persisten algunas vulnerabilidades horizontales», especialmente en relación con los productos anónimos, la identificación de los titulares reales y los nuevos productos no regulados, como los activos virtuales.

Es cierto que algunas de ellas se abordarán en la próxima transposición de la quinta Directiva cuya fecha límite es enero de 2020 pero es que los Estados miembros aún deben transponer íntegramente la cuarta.

Por eso, la Comisión les pide que ejecuten la Directiva «plenamente» y que sigan las recomendaciones de forma que mejore la cooperación entre supervisores, se sensibilice en mayor medida a las entidades obligadas y se proporcionen más orientaciones en relación con la identificación de la titularidad real.

Qué se ha aprendido de los casos recientes de blanqueo de capitales

El segundo de los cuatro informes recoge el análisis de 10 casos recientes y de dominio público sobre blanqueo de capitales en bancos de la UE. El objetivo, proporcionar un análisis de algunas de las deficiencias actuales y esbozar avances.

Así muestra, por ejemplo, que los bancos, en varios de los casos analizados, no respetaron de forma efectiva o, en ocasiones, directamente no cumplieron los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales.

Señala, también, que carecían de los mecanismos internos adecuados y no armonizaron sus políticas antiblanqueo cuando tenían modelos de negocio de riesgo. Los resultados también pusieron de manifiesto una falta de coordinación entre dichas políticas, tanto a nivel de entidades individuales como de grupo.

La respuesta de las autoridades nacionales, en términos de oportunidad y eficacia de las acciones de supervisión, «fue muy dispar», dice el documento.

Y es que «había grandes discrepancias en relación con la priorización, los recursos, la experiencia y las herramientas disponibles». En el caso concreto de la supervisión de un grupo bancario, los organismos competentes «tendían a basarse excesivamente en el marco normativo de los Estados miembros de acogida, lo que afectó a la efectividad de las acciones de supervisión en casos transfronterizos a nivel de la UE».

Además, la división de las responsabilidades llevó a una cooperación ineficaz entre las autoridades competentes en la materia, las prudenciales, las unidades de inteligencia financiera y las fuerzas de seguridad.

El documento concluye que la fragmentación normativa y de supervisión, unida a la diversidad de tareas, competencias y herramientas a disposición de las autoridades públicas, genera debilidades en la puesta en ejecución de las normas de la UE. Las deficiencias en las políticas y la supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales son más notables en situaciones transfronterizas, tanto en la UE como en países no pertenecientes a la Unión. Y, aunque los bancos y los supervisores han adoptado importantes medidas, es necesaria una mayor armonización entre los 28 y que se refuerce la supervisión.

Cooperación entre las UIF

Bruselas dedica otro de sus informes a cómo funciona la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera (UIF) y ha identificado, por ejemplo, que algunas no pueden acceder a la información pertinente (financiera, administrativa y policial) e intercambiarla debido a sus diferencias en cuanto a estatus, competencias y organización.

También pone de relieve que el intercambio de información entre las UIF «sigue siendo insuficiente y, a menudo, demasiado lento». Y, a veces, carecen de herramientas informáticas adecuadas para importar y exportar información.

Entre los cambios que sugiere el informe destaca un nuevo mecanismo de apoyo.

Interconexión de los registros centralizados de cuentas bancarias

El cuarto informe establece una serie de elementos que deben tenerse en cuenta para una posible interconexión de registros de cuentas bancarias y sistemas de recuperación de datos.

La Comisión plantea que este sistema podría ser «descentralizado con una plataforma común a nivel de la UE».

No obstante, para logar la interconexión, se necesita una acción legislativa, previa consulta con los Gobiernos de los Estados miembros, las UIF, las fuerzas de seguridad y los organismos de recuperación de activos.