La CNMV recomienda públicamente a las cotizadas qué hacer contra la corrupción

27 noviembre, 2019

Tras los últimos casos de corrupción en algunas sociedades cotizadas como Iberdrola, BBVA, FCC o Indra, con actuaciones judiciales iniciadas por la vía penal en algunos casos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dice en un comunicado inusual hecho público el 25 de noviembre estar «preocupada» como encargada que es de supervisar el mercado de valores español.

Y aunque precisa que son casos que «afectan a algunas empresas o son imputables a un número reducido de personas», son situaciones que «pueden comprometer la imagen y reputación del mercado de valores». Por eso pide contención de estas «prácticas de carácter irregular» si se tiene en cuenta que los inversores dan cada vez más importancia a aspectos relacionados con la ética y el cumplimiento en sus decisiones de inversión hace especialmente relevante la cuestión.

Mecanismos de prevención

Por eso la CNMV recuerda que las sociedades cotizadas y emisoras deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular y asegurar, en cuanto se detecten, su cese y la exigencia de responsabilidades.

De ahí que apunte como principal necesidad que los órganos de gobierno tengan establecidas políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción, así como para la identificación, evaluación, gestión y control de los riesgos y de los potenciales impactos asociados. Asimismo, considera «esencial que se cercioren de que las políticas y controles se aplican con el máximo rigor».

En este sentido, sin restarle responsabilidad al Consejo de Administración, solicita la «máxima involucración» de la Comisión de Auditoría, a la que la normativa vigente atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno y de la auditoría interna.

También considera especialmente relevante el papel de los consejeros independientes y de los demás consejeros externos, «ya que a todos ellos les corresponde una función de contrapeso con respecto a los consejeros ejecutivos», recuerda el regulador.

Obligaciones de transparencia

Junto a estas recomendaciones, la CNMV señala además que existen obligaciones de información al mercado recogidas en la normativa cuyo cumplimiento debe supervisar de modo especial la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración.

Así se refiere a la obligación de describir en el estado de información no financiera (EINF) las políticas establecidas a estos efectos, sus resultados en cada ejercicio y los principales riesgos relacionados (art. 49.6 del Código de Comercio, redacción introducida por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre); el deber de las compañías que coticen en mercados regulados de hacer referencia en el informe anual de gobierno corporativo (IAGC) a los principales riesgos, incluidos los derivados de la corrupción, así como a aquellos que, en su caso, se hubieran materializado en el ejercicio (apartados E.3 y E.5).

En todo caso, la información que se incluya en el EINF y en el IAGC debe ser suficiente para que el mercado y los inversores puedan entender el alcance e importancia de los hechos y riesgos correspondientes.

Y aclara que también deberá incluirse en los primeros informes (EINF y IAGC) que se elaboren tras el momento en el que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares o riesgos correspondientes, con independencia de que hayan trascendido o no públicamente.

Este tipo de información se recogerá además en los folletos que los emisores publiquen con ocasión de la realización de ciertas operaciones sin perjuicio, además, de que las cotizadas estén obligadas a «comunicar a través de la CNMV la información que deba ser considerada de privilegiada por ser susceptible de afectar, en caso de hacerse pública, a los precios de los valores emitidos por la sociedad».

La CNMV insta a los órganos de gobierno de las empresas a «revisar sus políticas y procedimientos en este ámbito, así como su aplicación en la práctica, para asegurarse de que son suficientemente exigentes y se aplican realmente».

Modificaciones en el Código de Buen Gobierno

El regulador está analizando, además, poder reforzar las recomendaciones en este tipo de situaciones. Concretamente, en los trabajos que está llevando a cabo para la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Las modificaciones, que pasarían por un proceso de consulta con el sector, podrían afectar, en especial, a las situaciones que puedan afectar al crédito y reputación de la sociedad (Recomendación 22 ), funciones de la comisión de auditoría (42), política de control y gestión de riesgos (45), función interna de control y gestión de riesgos (46) y supervisión por una comisión del consejo del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y otros aspectos (53).

Los claroscuros del arte en el blanqueo de capitales

20 noviembre, 2019

Se calcula que a finales de 2018 el mercado de arte ascendió a 67.400 millones de dólares a nivel mundial. Frente a estas cuentas claras están los datos oscuros que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: el mercado clandestino de arte, que incluye robos, falsificaciones, importaciones ilegales y saqueos organizados movería 6.000 millones de dólares anuales. De esta cantidad, la mitad se atribuye al lavado de dinero y otros delitos financieros.

El tráfico de material saqueado y de contrabando de países asolados por la guerra que se lleva a cabo por grupos terroristas para recaudar fondos ha agravado el problema en este sector ya de por sí vulnerable.

El arte es un medio más que atractivo para blanquear dinero porque puede esconderse o introducirse de forma ilegal, son operaciones generalmente privadas y los precios son absolutamente subjetivos. Incluso el cine lo ha recogido en películas como «Mickey Ojos Azules«, que con aires de comedia romántica, conduce al espectador de la normalidad de un inglés que trabaja en una sala de subastas de Manhattan, a los círculos y negocios de la mafia italiana.

Además, en el ámbito normativo, los galeristas y las casas de subastas a diferencia de otros sujetos obligados como las entidades financieras, aseguradoras, agencias de cambio, casinos o compraventa de oro y metales preciosos no tienen que informar a la autoridad de las transacciones de gran cuantía. Es más, se usan intermediarios y testaferros que facilita mantener el anonimato de compradores y vendedores.

Por ejemplo, en el caso de EE.UU, como señala el periodista especializado, Tom Mashberg, estamos ante un sector, que al contrario de otras empresas estadounidenses que negocian con grandes sumas de dinero, no tienen que presentar los llamados informe de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro si tienen dudas sobre el origen del dinero que reciben como pago.

El Congreso de EE.UU tramita en la actualidad un proyecto de ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades donde se recoge la exigencia de que quienes comercien con estos productos establezcan programas de prevención y lucha contra el blanqueo, mantengan registros de compras en efectivo e informen a los reguladores federales de las operaciones sospechosas y de aquellas superiores a 10.000 dólares.

La futura norma también obligará a la industria a investigar los antecedentes de los clientes y a examinar con diligencia las compraventas en busca de pruebas.

En el ámbito de la Unión Europea, la quinta Directiva se refiere de forma expresa a que este sector debe desplegar «mayores esfuerzos» para examinar a los clientes y discernir «en la medida de lo razonablemente posible» la finalidad de todas las transacciones de gran cuantía, más complejas de lo habitual o secretas.

Ya en España, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias elaboró, a modo de ejemplo, un Catálogo de operaciones de riesgo con alertas y recomendaciones para contribuir a que su operativa de negocio cumpla con las obligaciones tendentes a prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por eso, el documento se centra en los riesgos relacionados con la identificación del cliente, con los pagos y cómo se comporta, así como con los características de la operación que realiza con las obras de arte.

El GRECO avisa a España de que hay que aplicar las leyes anticorrupción

14 noviembre, 2019

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha hecho público el Informe de su 5ª ronda de evaluación a España sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en el gobierno y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resumen de sus 19 recomendaciones es que hay que aplicar las leyes anticorrupción.

Este organismo dependiente del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo pide a España que desarrolle una estrategia global contra la corrupción y mejore su marco jurídico para prevenir la corrupción entre el personal con altas funciones ejecutivas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El informe, que se presentó en el plenario de junio de 2019 junto con otro sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a España en cuanto a la prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales reconoce los progresos de nuestro país. Así, se refiere a que se han realizado «esfuerzos positivos» en los últimos años para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción.

Sin embargo, GRECO pide nuevos progresos ya que considera que existe un punto débil en la supervisión y la rendición de cuentas. «Actualmente existe una gran brecha entre la legislación y su aplicación en la práctica», señala.

En 2013, nuestro país puso en marcha una serie de reformas estructurales para promover la integridad en la vida pública en el marco del denominado ‘Plan de regeneración democrática’. Un año más tarde se inició en el Parlamento la tramitación de una proposición de Ley Integral contra la Corrupción y la Protección de Denunciantes aún pendiente, que prevé, entre otras cosas, la creación de una Autoridad Anticorrupción, así como disposiciones más estrictas en materia de transparencia financiera, ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, actividades de los grupos de interés y sanciones.

Los altos cargos

El Informe recoge que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado constituye «un esfuerzo notable» para modernizar la política de prevención de la corrupción para los altos cargos, recordando que sus disposiciones regulan la transparencia, la integridad y la prevención de conflictos de intereses, así como la responsabilidad en el cargo.

No obstante, según el órgano europeo, «queda trabajo por hacer en el control de su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a su régimen de asesoramiento, supervisión y ejecución».

Y recomienda realizar «mejoras decididas» en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses para funcionarios de alto rango, incluidos asesores políticos, una categoría que actualmente «cae en una zona gris». También establece que la independencia, las competencias y los recursos de la Oficina de Conflictos de Interés y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben mejorar significativamente.

Además, pide normas y procedimientos «más estrictos» para hacer frente a los riesgos de las denominadas ‘puertas giratorias’ cuando los funcionarios gubernamentales dejan sus funciones para trabajar en el sector privado. Asimismo, se debe revisar el aforamiento.

Protección al denunciante

El GRECO lamenta que en España aún no se haya adoptado «un marco holístico y efectivo» para la protección de los denunciantes. Y manifiesta que esta «delicada cuestión» también es crucial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ejemplo en cuanto a los mecanismos de protección de la identidad física de los denunciantes que, según el Informe, deberían intensificarse sustancialmente para garantizar que se dé prioridad y se refuerce su confianza.

Finalmente, el organismo confía en que las 19 recomendaciones incluidas en su informe ayuden al gobierno español en su agenda anticorrupción. La aplicación de estas recomendaciones será evaluada en 2021.

Parlamento, jueces y fiscales

Por lo que respecta al Informe de cumplimiento en el que evalúan los progresos realizados en la aplicación de las 11 recomendaciones relativas a parlamentarios, jueces y fiscales emitidas en su informe de evaluación de 2013, GRECO concluye que, teniendo en cuenta los progresos logrados, el nivel de cumplimiento de España ya no es «globalmente insatisfactorio» y, por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de incumplimiento.

Así, del total de recomendaciones, nuestro país ha aplicado plenamente dos: la creación de un código de conducta de los jueces de fácil acceso para los ciudadanos, así como la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pasado de 6 meses a un año.

Hay otras 8 medidas cumplidas parcialmente como las novedades destinadas a infundir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial; o, a nivel parlamentario, la necesidad de que se adopte un código de conducta para diputados y senadores. El GRECO espera, además, que se modifique el sistema de nombramientos de vocales del CGPJ y de la cúpula del poder judicial.

 

¿Cómo es el blanqueo en el cine? The Laundromat: Dinero sucio

5 noviembre, 2019

La particularidad de la película ‘The Laundromat’ (La Lavandería) que ha estrenado la plataforma Netflix es que la trama no es una historia de ficción donde se incorporen prácticas delictivas del mundo real, sino que está basada nada menos que en el caso de los ‘Papeles de Panamá’ destapado en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el que se filtraron más de 11 millones de documentos del despacho panameño de abogados ‘Mossack y Fonseca’.

Los ‘Papeles de Panamá’ evidenciaron cómo los grandes patrimonios esconden su dinero en jurisdicciones de baja tributación -como se refiere la UE a los paraísos fiscales- ayudados por expertos en ingeniería fiscal.

Y aunque esta adaptación cinematográfica no ha sido bendecida por la crítica, lo cierto es que sí ha provocado una demanda judicial por supuesta difamación de los fundadores del despacho, Jürgen Mossack (interpretado por Gary Oldman ) y Ramón Fonseca (al que da vida Antonio Banderas) que quisieron paralizar el estreno.

En su escrito al tribunal denuncian que la cinta les presenta como «abogados despiadados e indiferentes, que están involucrados en el lavado de dinero, evasión de impuestos, sobornos y/u otras conductas criminales» y señalan también que supone «invasión de la privacidad», «publicidad falsa» y «violación de marcas».

Basada en el libro ‘Secrecy World’

‘The Laundromat’, una comedia negra dirigida por el estadounidense Steven Soderberg, el mismo que realizó la saga Ocean’s, está basada en el libro merecedor del premio Pulitzer ‘Secrecy World’, del periodista de investigación Jake Bernstein, en el que se describe cómo en paralelo al sistema financiero establecido fluye otro circuito donde se oculta el dinero y la identidad de las personas que se benefician de actividades delictivas, asesorados por «banqueros, abogados y auditores que pagan por mirar para otro lado».

Y para acercar esta historia tan compleja al espectador de una forma más humana y satírica, Soderbergh utiliza como recurso el personaje de la viuda Ellen Martin (Maryl Streep) que, a partir de un crucero vacacional en el que su marido pierde la vida en un accidente, se convierte en una supuesta víctima del entramado de sociedades pantalla en paraísos fiscales diseñado por el bufete de abogados.

Esta viuda no cejará en el empeño por descubrir quién está detrás de una póliza de seguros falsa que le impide cobrar la indemnización por la muerte de su marido. El final de la madeja, lo que ya conocemos: el mayor de los escándalos de ocultación de dinero de nuestros días orquestado desde ‘Mossack y Fonseca’.

La película finaliza con un alegato de Streep ya sin caracterización contra la elusión fiscal y la necesidad de que la comunidad internacional se comprometa a tomar medidas concretas para evitar que «el dinero se vaya en yates».

Criminalizar el blanqueo de capitales evita que el delito sea rentable, según el Supremo

4 noviembre, 2019

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

Tal como recoge el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, el tribunal ha confirmado las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un matrimonio que, durante diez años, blanqueó con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento cantidades de dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal.

Se trata de Ricardo Mateo, líder de los “Casuals” desde los años 90, una facción de los Boixos Nois del Barça, y su mujer, Eva. El fue condenado a 4 años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros, y ella porque era “perfecta conocedora” del “origen ilícito” del dinero a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1.000.000 de euros. La sentencia recurrida ordenó el decomiso de los bienes y del dinero blanqueados.

Los hechos probados en la sentencia ahora confirmada relatan la amplia actividad delictiva de Mateo conocido como ‘Luchó’, condenado por multitud de delitos, entre ellos tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, extorsiones, etc. Unas actividades delictivas por las que la pareja obtuvo cantidades de dinero, que fue introducido en el mercado económico «con sucesivos y numerosos actos de ocultamiento».

Así, la sentencia detalla la constitución de sociedades, negocios deficitarios como una tienda de camisetas de estética neonazi que a modo de empresa instrumental pagaba “de forma fraudulenta” a Eva como empleada, compras de inmuebles, de joyas, de vehículos de alta gama, falsos premios de lotería, así como el ingreso de 247.000 euros en el mismo banco de Andorra que la familia Pujol.

La sentencia recurrida consideró probado que los acusados blanquearon 673.299 euros.

La Sala rechaza los recursos al considerar que los bienes investigados procedían de la amplia actividad delictiva del condenado y concluye que la prueba en la que se ha basado la Audiencia Provincial “no es que sea abundante, es abrumadora, y ha sido perfectamente analizada por la sentencia recurrida, en un ejercicio de motivación, que es irreprochable”.

Perseguir el blanqueo para que el delito no sea una actividad rentable

La sentencia, cuyo ponente es Julián Sánchez Melgar, destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para cerrar todos los circuitos del dinero, con objeto de evitar el aprovechamiento del delito.

Es el medio, según la Sala, por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. La Ley pretende, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el delito sea una actividad rentable”.

El tribunal considera que el delito de blanqueo es importante “porque el dinero es el flujo vital de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública”.

El punto débil del delincuente

Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil porque permite la captura del delincuente, precisamente en función de sus flujos económicos, aspecto éste de gran trascendencia, y en donde está “el punto débil” de las redes delictivas. Y es también muy importante, añade la Sala, porque es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales.

La Sala afirma que el bien jurídico que da autonomía al delito es el orden socioeconómico, y dentro de este, los intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo. Entre otros, el tribunal destaca “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles”.

La sentencia explica que el blanqueo se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas: la colocación de los capitales en el mercado, la distracción para disimular su origen delictivo y por último la reintegración del dinero, ya blanqueado, que vuelve a su titular.

El tribunal incluye en su sentencia toda la doctrina que ha venido perfilando el Supremo en los últimos años sobre este delito, que no requiere la descripción detallada de la previa actividad delictiva, aunque esa actividad criminal debe concretarse mínimamente. Recuerda también la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y actuar así como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.