Las buenas prácticas en el tercer sector para evitar usos delictivos

10 enero, 2020

Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) son vulnerables al riesgo de abuso para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De ahí que para proteger su integridad y reputación frente a posibles usos delictivos deban analizar y valorar los riesgos intrínsecos de las diferentes actividades que desarrollan y enfocar y orientar sus controles en consecuencia. Las áreas o proyectos con riesgos objetivamente más altos centrarán las medidas preventivas.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo ya establece que «el personal con responsabilidades en la gestión de OSFL velará para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas». Y determina que conservarán «durante al menos diez años» la identificación tanto de las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la OFSL como de los titulares reales.

Pero además de su obligación normativa, hay una serie de recomendaciones publicadas por el Ministerio de Economía en torno a 3 cuestiones básicas de las OSFL: los órganos de gobierno, la planificación y seguimiento técnico de la actividad y la transparencia financiera.

Evitar la infiltración de criminales en los órganos de gobierno

Si tenemos en cuenta que el órgano de gobierno de estas organizaciones tiene un papel fundamental a la hora de cumplir su misión y establecer un funcionamiento honesto y transparente, la entidad debería contar con procedimientos que aseguraran la idoneidad ética y profesional de los miembros de su Junta Directiva, Patronato, así como en su caso Comités Ejecutivos u otros órganos delegados, otros puestos directivos o personas con responsabilidades (apoderados, directores de oficinas locales…).

El objetivo, como señala el documento ministerial es «evitar la infiltración de criminales».

En este sentido, se recomienda que cada entidad regule las facultades que corresponden a sus órganos de gobierno y representación, delimitando sus obligaciones y responsabilidades, así como el régimen de adopción de acuerdos. Por eso, sería interesante adoptar mecanismos que prevengan los conflictos de interés y las incompatibilidades en los miembros del órgano de gobierno.

Asimismo, el órgano de gobierno debería garantizar que cuenta con un mínimo de miembros suficiente para asegurar la correcta toma de decisiones. También es recomendable que se documenten los acuerdos adoptados en sus reuniones, que deberán celebrarse regularmente.

Planificar a qué se dedica la organización

Determinar claramente cuál es su objeto social, así como conocer quién es su colectivo de beneficiarios son dos factores determinantes para que una entidad minimice sus riesgos de utilización fraudulenta. Y si se establecen unos criterios de selección de proyectos que deberían ser aprobados por el órgano de gobierno, se evitará que se lleven a cabo actividades que no estén relacionadas con sus fines fundacionales.

El riesgo de desvío de fondos para la financiación del terrorismo u otras actividades criminales en zonas con presencia de grupos terroristas o crimen organizado, debería incluirse entre los factores a considerar a la hora de plantearse no acometer el proyecto. En caso de seguir adelante, sería conveniente reforzar el seguimiento y si es posible, hacer verificaciones adicionales in situ.

Es recomendable, además, que el órgano de gobierno apruebe un plan de actividades anuales.

Por lo que respecta a las contrapartes, la entidad debería tener preestablecidos unos criterios de selección, tomar medidas proactivas para verificar su honorabilidad y que no están infiltradas o relacionadas con actividades de blanqueo de capitales o terrorismo.

En caso de cuestaciones, el documento señala que habrá que informar a los potenciales donantes del destino previsto de los fondos y asegurarse de que se emplean con dicho fin. Posteriormente, debería informarse del detalle de las actividades realizadas con los fondos recibidos.

Asimismo, se indica como buena práctica contar con sistemas de seguimiento interno y control de las actividades que, aprobados por el órgano de gobierno, deberían ser capaces de confirmar que los proyectos se ejecutan, que los beneficiarios existen realmente, la recepción de los fondos, así como que se realizan las compras y gastos previstos.

Transparencia financiera

Para facilitar los controles en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las OSFL deberían formalizar procedimientos para que las donaciones o subvenciones que reciben y los fondos que trasladan a sus beneficiarios se realicen a través del sistema bancario. Se trata, en suma, de minimizar el uso de efectivo. Además, se recomienda mantener una cuenta bancaria diferenciada para cada proyecto, una cuestión que facilitará los controles de ejecución.

Previamente, el órgano de gobierno debería aprobar criterios para aceptar donaciones que, en el caso de empresas privadas y de donaciones individuales de mayor cuantía, es aconsejable tener en cuenta la información pública disponible acerca de la posible implicación de dichas empresas -incluidos sus titulares reales o cargos directivos-, en procedimientos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El documento de buenas prácticas se refiere también a la idoneidad de que la entidad documente la imputación de los fondos recaudados a las actividades de cada año. Y a que se elabore un presupuesto de ingresos y gastos, con su posterior liquidación. Todo ello aprobado por el órgano de gobierno.

Además, se indica que se mantenga un presupuesto detallado de cada proyecto, con los ingresos recibidos para ese proyecto y los gastos, especificando la identidad de los beneficiarios, o cuando ello no sea posible, sus características.

Con todo ello se pretende que junto al seguimiento de ejecución técnica de cada proyecto haya una supervisión de la ejecución financiera y sus posibles desviaciones.

¿Dónde está el equilibrio entre la inclusión financiera y la prevención del blanqueo?

26 diciembre, 2019

La diligencia debida con el cliente, el mantenimiento de registros y su seguimiento, las remesas y otros servicios de transferencia de dinero, así como cuestiones relativas a los agentes que desempeñan funciones de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, son los cuatro aspectos más relevantes de los contenidos en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tienen que ver con la inclusión financiera.

El objetivo es contar con regímenes reglamentarios preventivos que permitan a personas pobres acceder y utilizar los servicios financieros formales básicos que necesitan para mejorar sus vidas. Sobre todo para los tipos de innovación que un elevado número de hogares financieramente excluidos o desatendidos tiene mayores probabilidades de utilizar, según recoge la Revista Enfoques.

Diligencia debida

En el contexto de la inclusión financiera, las medidas de diligencia debida simplificadas pasan por permitir que exista flexibilidad para definir lo que constituye “documentos, datos o información confiables que procedan de fuentes independientes” para verificar y realizar el seguimiento de las identidades de los clientes.

Así, por ejemplo, se podría permitir que un cliente que no puede proporcionar documentos de identificación emitidos por el Gobierno utilice una carta fidedigna de un jefe comunal o referencias de clientes existentes aunque se conoce que hay jefes que han exigido dinero por este «servicio de verificación»

En cualquier caso, la opción más favorable para los países que no cuentan con sistemas de identificación integrales a nivel nacional o subnacional sería permitir el uso de diversos documentos de fuentes alternativas, de forma que todos los sectores de la población puedan proporcionar algún tipo de verificación de identidad.

Para las poblaciones que se encuentran en zonas aisladas o de escasa población y, por tanto, donde los enfoques convencionales y presenciales de diligencia debida representan un coste inasumible y el riesgo es bajo, la identificación puede ser tan sencilla como usar teléfonos con cámara o software de reconocimiento de voz y aprovechar las mismas tecnologías económicas que permiten la prestación de servicios financieros para lograr también una diligencia de bajo costo.

Además, una vez establecida la relación comercial, será preciso verificar la identidad del cliente y del beneficiario final. Para productos con riesgo menor de lavado de activos, se podría postergar esta verificación, en lugar de llevarla a cabo antes de realizar operaciones.

Con esta medida se facilitaría, por ejemplo, que un cliente abra una cuenta de depósito aunque quede pendiente verificar su identidad. Y algo más importante para la inclusión financiera: «un enfoque por niveles en virtud del cual los clientes pueden abrir una cuenta muy básica, como un monedero móvil sujeto a límites de transacciones bajos con una mínima verificación inicial de la identidad», señala la publicación.

Ahora bien, el proveedor deberá realizar una verificación más extensa antes de que el cliente migre al siguiente nivel de cuenta, que tiene límites de transacciones más altos y mayor funcionalidad.

Por lo que respecta a la frecuencia de actualización de la identificación del cliente, se determinará teniendo en cuenta las funciones y los controles que se aplican al producto financiero en cuestión. En escenarios de riesgo menor que implican una relación comercial permanente, como un monedero móvil sujeto a límites de transacciones bajos, no será es necesario actualizar la información del cliente con la misma frecuencia que se realiza para otras categorías de productos.

En el caso del monedero móvil, por ejemplo, también se podrá reducir el grado de seguimiento y análisis minucioso permanente de las transacciones.

Y si bien recopilar información para entender el propósito y la naturaleza prevista de la relación comercial es un componente importante de la diligencia debida, en los casos donde se busca la inclusión financiera, se permitiría inferir esta información en los casos de riesgo menor. Por ejemplo, si el producto es una cuenta de ahorro básica, se puede inferir que el cliente abre la cuenta para ahorrar dinero.

Mantenimiento de registros

Para evitar el alto coste y los numerosos problemas prácticos que requiere el mantenimiento de registros, y que no disminuyen en proporción al tamaño de la transacción sino que pueden llegar a aumentar, por ejemplo, en el caso de la prestación de servicios a distancia a los clientes, es igualmente necesaria la flexibilidad que haga posible que los órganos reguladores acepten sistemas prácticos y económicos para las instituciones microfinancieras o para la red más extensa y diversa de agentes de monederos móviles que reciben depósitos o realizan giros en efectivo.

Concretamente, la entidad podrá escanear documentos y guardar copias electrónicas o mantener fotocopias físicas; o bien, registrar los detalles en forma manual.

En cuanto al grado de seguimiento, debería determinarse por el riesgo asociado con los segmentos de clientes y con los productos o servicios que utilizan. Así, en las instituciones microfinancieras donde el conocimiento personal de los empleados permite identificar las transacciones sospechosas, se realizaría un seguimiento manual eficaz en función del costo; por el contrario, en el caso de un operador de red móvil que ofrece monederos móviles a través de una red extensa de agentes, el control se haría mediante sistemas sofisticados de seguimiento electrónico de las transacciones y detección de patrones.

Remesas transfronterizas

El dinero que las personas que perciben ingresos en un país envían a través de empresas de transferencia de dinero a un hogar o una comunidad distante con ingresos más bajos son fundamentales para su supervivencia.

Por esta razón, el GAFI admite que una diligencia debida «excesivamente estricta y desproporcionada» en relación con los riesgos en el ámbito de las remesas y otros servicios de transferencia de dinero representan una amenaza para la inclusión financiera y el riesgo de que los clientes pobres queden relegados a los medios informales de traslado de fondos. Esta cuestión compromete, a su vez, la capacidad de los países de rastrear las operaciones e identificar patrones sospechosos.

En la nota interpretativa de la Recomendación sobre las transferencias electrónicas se indica que, para lograr los objetivos de la Recomendación, los “países deben contar con la capacidad de rastrear todas las transferencias electrónicas”, pero que también deberían tener en cuenta “el riesgo de conducir las transacciones a la clandestinidad y la importancia de la inclusión financiera. La intención del GAFI no es imponer estándares rígidos u ordenar un solo proceso de operación que afecte negativamente el sistema de pago”.

En la práctica, para transferencias electrónicas transfronterizas (tanto basadas en cuentas como para operaciones ocasionales) cuyo importe sea inferior a 1.000 dólares o euros, los países reducirán los requisitos de información al nombre de quien origina la transferencia o remitente de la remesa, el nombre del beneficiario o receptor de la remesa y el número de cuenta del remitente y del receptor (si la transferencia se realiza de una cuenta a otra), o bien un número de referencia único para la transacción.

No será necesario verificar esta información, salvo que la transacción le resulte sospechosa o inusual al proveedor.

Los requisitos serán menores para las transferencias electrónicas internas.

Uso de agentes para el cumplimiento

¿Cómo prevenir operaciones de riesgo en casinos y juego online?

23 diciembre, 2019

El origen de los casinos ha estado inevitablemente ligado a la expansión del crimen organizado, sobre todo en EE.UU, que vio en este sector un negocio propicio para el blanqueo de dinero procedente de sus actividades ilícitas. De forma paulatina, los controles normativos se han ido endureciendo a nivel internacional hasta llegar al momento actual donde el foco ya no se sitúa tanto en el propio negocio como tal sino en los jugadores y en los empleados.

Y es que en la medida que, como sucede en España, los casinos son sujetos obligados, es al sector a quien corresponde por ley cumplir con una serie de obligaciones para prevenir conductas u operaciones que tengan como finalidad el blanqueo.

Para facilitar este cumplimiento, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en colaboración con asociaciones del sector, ha elaborado un Catálogo de operaciones de riesgo donde se describe una serie de ejemplos a partir de 3 premisas: el perfil del cliente en función de la información de que disponga el casino, su actividad usual según sus antecedentes operativos y las actividades de juego y compraventa de fichas que son habituales en un casino.

La falta de coherencia es lo que debe hacer saltar las alarmas en todos los casos.

Cuándo sospechar de que los jugadores no quieren ser identificados

En su decálogo sobre los riesgos relacionados con la identificación formal, la Comisión llama la atención sobre los jugadores sobre los que existan dudas de que intenta ingresar al casino o casino on-line, canjear fichas, recibir certificados o transferencias de supuestas ganancias con nombre falso o aportando datos erróneos. Tampoco serán de confianza los clientes que pretendan utilizar pasaportes de países no muy comunes, con una fotografía o una descripción que no coincida con su apariencia, o que esté caducado.

El jugador que decide no completar una operación o modifica su cuantía porque tiene que identificarse o aquel que se niega a aportar los documentos o datos personales adicionales que le requiera el casino para esas operaciones deberán levantar sospechas.

Facilitar el mismo domicilio o número de teléfono que otro con quien no parezca guardar relación y estar nacionalizado o ser residente en paraísos fiscales, son elementos que deberán percibirse con riesgo por parte del casino. Además, cada entidad, en función de otras variables de riesgo geográfico, podrá determinar a qué nacionales o residentes de otros territorios les aplica las mismas medidas.

Otro de los ejemplos que destaca la Comisión es el caso de un jugador de quien se percibe que está siendo dirigido por un tercero, especialmente cuando se evidencia que no conoce los detalles concretos del juego u operación de canje que está llevando a cabo.

En la modalidad online, los riesgos se centran en los jugadores sobre los que existan dudas respecto a la identidad con la que operan en un sitio web de juego, así como en usuarios de una misma dirección online que utilizan varias identidades o cuentas para jugar.

Sus comportamientos de riesgo

Los riegos relacionados con las características de la operación o de cómo se comporta el cliente del casino cuentan con lista propia que se encabeza con el ejemplo de que un jugador compre gran cantidad de fichas en efectivo de baja denominación, participe de modo limitado en el juego y solicite el cambio de fichas por billetes de alta denominación.

También puede darse el caso de que para comprar las fichas la persona intente mezclar moneda verdadera con otra falsa y presente los billetes especialmente descolocados, muy sucios, húmedos, mohosos o con olor a producto químico. La solicitud de certificados del casino, cheques o transferencias por canje de fichas, así como la transferencias del importe de las fichas o depósitos en cuentas de juego online a cuentas bancarias de terceros o de territorios de riesgo, serán igualmente comportamientos susceptibles de ser controlados.

En esta operativa, el casino deberá sospechar del jugador que compra fichas y después solicita al casino que transfiera el dinero del canje de fichas a otro de los casinos que la cadena en otro país con una legislación más permisiva.

Será posible encontrarse, además, con personas que realizan de forma reiterada en el tiempo operaciones de compraventa de fichas por importes inferiores o muy cercanos a los umbrales legalmente establecidos (actualmente 2.000€) para evitar por parte de los casinos la identificación o conservación de documentos.

Otros recurrirán a actuar concertadamente para compensar pérdidas y ganancias; a perder reiteradamente a favor de otros jugadores con los que habitualmente juegan; a entregar fichas a uno o más jugadores de forma concertada; o a hacer operaciones de cambio de moneda y grandes apuestas que no guardan relación con su trayectoria en el casino o con su perfil económico.

En el caso de las apuestas deportivas, al tiempo que habrá de estar vigilantes ante los patrones con signos de posibles acuerdos previos sobre el desenlace o el resultado, se considerarán operaciones sospechosas aquellas poco comunes con ganancias en eventos ya iniciados donde la mayoría de las posibilidades indicaban que se va a perder la apuesta; en las que se apuesta un elevado volumen de dinero sobre eventos de escasa relevancia deportiva.

Qué resulta llamativo en el caso de los empleados

Lo más evidente sobre lo que la Comisión hace llamar la atención es, en el caso de empleados del casino, quienes exteriorizan un nivel de vida superior al que le permitiría su sueldo o circunstancias familiares o que muestra cambios repentinos en su forma de vida.

Será sospechoso también que un empleado se resista o no quiera cambiar en sus responsabilidades profesionales, especialmente si son favorables.

Ojo con el que, en comparación con sus compañeros y sin que haya ninguna razón aparente, ha tramitado operaciones infrecuentemente elevadas, con importes inusualmente altos, con nacionales o residentes de países de riesgo o que den lugar a un elevado número de transferencias y/o cheques de ganancias.

El 75% de las sentencias por corrupción dictadas en el tercer trimestre de 2019 fueron condenatorias

20 diciembre, 2019

Durante el tercer trimestre de 2019 los jueces abrieron juicio oral o procesaron a 20 personas físicas y 9 sociedades por corrupción en nuestro país. Además, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, los órganos judiciales concluyeron seis procedimientos por este tipo de delitos .

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ofrece información referida a la denominada corrupción pública, entendiendo que es «la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía».

Cataluña es la Comunidad con mayor número de personas acusadas, un total de 12 tanto físicas (9) como jurídicas (3). El segundo puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 8 acusados en total (4 físicas y otras 4 jurídicas). Baleares con 5 acusados, Madrid con 2 y Galicia y País Vasco con 1, respectivamente, completan la lista.

Fuente: CGPJ

El 75 por ciento de las sentencias fueron condenatorias. En cifras absolutas, los Juzgados y Tribunales dictaron 12 sentencias en estos procedimientos. De ellas, 9 fueron total o parcialmente condenatorias. En este último caso tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados enjuiciados.

Por Comunidades Autónomas, encabezan Baleares y Canarias con 2 sentencias cada una, seguidas de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Extremadura con una sentencia cada una.

Las 3 restantes fueron absolutorias y se distribuyen en Andalucía, Aragón y Canarias.

De este modo, los datos de los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

¿Qué ha dicho el GAFI sobre los avances de España en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo?

17 diciembre, 2019

En su evaluación de seguimiento anual, la quinta, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha puesto de relevancia que nuestro país ha avanzado para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Y es que reconoce y alaba que desde su evaluación mutua en 2014, España ha trabajado para mejorar la eficacia de su marco normativo.

De hecho, este organismo internacional señala que nuestro sistema de prevención ha resultado uno de los mejores de la evaluación internacional.

Estas revisiones anuales que realiza el GAFI tienen como objetivo cuantificar el grado de cumplimiento de los compromisos en la lucha contra los delitos financieros de los países miembros. En la ronda inicial de hace 5 años, España tuvo una calificación de cumplimiento “alto” o “sustancial” en ocho de los 11 objetivos clave, y “moderado” en los tres restantes, sin que ninguno fuera catalogado de “bajo”.

Son precisamente esos tres aspectos moderados los que el GAFI ha revisado de forma específica para comprobar si han mejorado.

De moderado a sustancial

Como recoge el Informe, en la actualidad España ha alcanzando un nivel sustancial de efectividad para garantizar que las instituciones financieras, abogados, agentes inmobiliarios y otras empresas y profesiones no financieras apliquen medidas preventivas para abordar los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo y denuncien transacciones sospechosas.

Para el GAFI, esto es el resultado de una mejor supervisión de estos sujetos obligados. Además, reconoce que las autoridades españolas también sensibilizaron al sector financiero, en particular a los servicios de transferencia de dinero.

El segundo de los aspectos en los que hemos logrado un nivel sustancial de efectividad tiene que ver con la lucha y prevención de que tanto personas como entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva recauden, muevan y usen fondos, de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este sentido, el Informe señala que España ha establecido varios mecanismos de coordinación para evitar la financiación de armas de destrucción masiva y que ha demostrado que ya sea a través de investigaciones policiales o por la supervisión de las entidades informantes, pueden identificar a quienes pretendan burlar las sanciones de financiación de la proliferación.

Por contra, en la revisión, España mantuvo ese cumplimiento “moderado” en el apartado referido al bloqueo inmediato de cuentas y el control de las ONG. Debemos centrarnos, según el GAFI, en fortalecer la eficacia de las medidas legislativas adoptadas en nuestro país para evitar que las organizaciones terroristas recauden, muevan y utilicen fondos y abusen del sector sin ánimo de lucro.