Suiza libra la lista gris de paraísos fiscales de la UE y Emiratos Árabes sale de la lista negra

11 octubre, 2019

Desde el 10 de octubre de 2019, la lista de países y territorios no cooperadores como se refiere Bruselas a los paraísos fiscales queda compuesta por nueve jurisdicciones después de que el Consejo haya retirado de ella a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall.

También ha concluido que Suiza, Albania, Costa Rica, Mauricio y Serbia dejan de ser paraísos fiscales. En este caso, libran la lista gris, una especie de limbo del que se sale cumpliendo los compromisos fijados por la UE en anteriores evaluaciones en materia de cooperación fiscal. Todos ellos, como indica el Consejo, han aplicado, antes del plazo establecido, todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buena gobernanza fiscal de la UE.

Así, el mapa de territorios offshore reconocido por los 28 se queda con Belice, Fiji, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Omán, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Mejoras en la política fiscal

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como las Islas Marshall han aprobado las reformas necesarias para aplicar los compromisos que habían asumido a fin de mejorar, antes de que finalizara 2018, su marco de política fiscal mediante la introducción de requisitos de contenido económico.

En consecuencia, los emiratíes ya cumplen todos los compromisos en materia de cooperación fiscal y se retiran de la lista negra sin pasar al limbo de la gris.

Las Islas Marshall, por su parte, sí pasan a la lista gris, ya que los compromisos del país en relación con el intercambio de información previa solicitud siguen siendo objeto de seguimiento por el Grupo «Código de Conducta» del Consejo, a la espera de los resultados de la revisión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE.

Criterios de transparencia fiscal

Además, los ministros europeos han examinado la situación de los países y territorios que no están en ninguna de las listas tras desaparecer el 30 de junio de 2019 una excepción que se les había concedido para cumplir con los criterios de transparencia fiscal. La excepción «dos de cada tres» establecía que los países que incumplieran únicamente uno de los tres subcriterios de transparencia fiscal no figurarían en la lista negra.

El Consejo ha llegado a la conclusión de que todos los países y territorios afectados cumplían los tres criterios de transparencia fiscal de la UE.

En particular, en lo referente a la situación de Estados Unidos, el Consejo ha convenido en que «su red de acuerdos de intercambio de información es lo suficientemente amplia para abarcar a todos los Estados miembros de la UE, permitiendo de forma efectiva tanto el intercambio de información previa solicitud como el intercambio automático de información en consonancia con las normas internacionales y las respectivas necesidades de ambas partes».

Compliance: la ética ya es el primer motivo para relevar a un CEO

10 octubre, 2019

El relevo de los CEOs al frente de las grandes empresas cotizadas del mundo alcanzó sus cifras más altas el año pasado. Además, por primera vez, el porcentaje de sustituciones de estos altos cargos como consecuencia de cuestiones éticas con un 39% supera al de aquellos que lo han sido como consecuencia de la evolución financiera de la compañía (35%) o de las presiones del consejo (13%).

Fuente: PwC.

Las causas de que esta banda de color amarillo de la tabla vaya ensanchando y haya pasado de un 8% en 2007 al 39% en 2018 habría que buscarlas en que existen mayores exigencias regulatorias y supervisoras y menos tolerancia hacia los problemas éticos dentro de las propias organizaciones. En la actualidad, al CEO de una compañía que se ve envuelta en un escándalo importante, se le suele despedir. Y es que junto a las posibles sanciones económicas está el riesgo reputacional para la organización.

Son datos que se recogen en el informe ‘Sucesión de los CEOs 2018’, elaborado por la consultora PwC en 2018, donde se señala que, en términos generales, fueron relevados el 17,5% de los primeros ejecutivos de las 2.500 empresas cotizadas más grandes del mundo, lo que representa 438 altos directivos.

Se trata del mayor porcentaje registrado desde 2000, año a partir del cual se realiza este estudio. La mayoría de estas sucesiones -el 68%- se hicieron de forma planificada, un 11% como consecuencia de operaciones de M&A y un 20% fueron no planificadas o imprevistas.

La tendencia ha cambiado y así lo demuestra también el dato de que en el año 2000, los CEOs tenían una permanencia en el cargo de 8 o más años y en la última década ha bajado a 5 años.

Cultura del cumplimiento y la ética

En los últimos años, los inversores, los gobiernos, los Consejos de Administración y los medios de comunicación exigen a los CEOs más responsabilidad en cuestiones éticas relacionadas con el fraude, la corrupción o la falta de transparencia, principalmente.

Y aunque en cifras absolutas es escaso el número de consejeros que ha perdido su posición por esta causa (18 en 2016, por ejemplo), lo cierto es que en los últimos 15 años el entorno en el que operan las empresas ha cambiado.

Según los expertos, detrás de ese cambio habría cinco elementos: el público se ha hecho más desconfiado, más crítico y menos indulgente respecto a las malas prácticas corporativas; la regulación en muchos países es más proactiva y sancionadora; cada vez hay más compañías presentes en mercados emergentes, donde los riesgos éticos son mayores; el auge de la comunicación digital está sometiendo a empresas y directivos a mayor exposición y riesgos que nunca; y, por último, el ciclo de las noticias 24 horas, siete días a la semana como altavoz para la información negativa en tiempo real.

El resultado de todos ellas es un mayor escrutinio acerca del comportamiento de los CEOs, una demanda creciente de sistemas judiciales más agiles y un menor margen de error para todos los involucrados.

De ahí la importancia de desarrollar una cultura del cumplimiento en las organizaciones que transmita un mensaje claro y sencillo sobre los comportamientos éticos. Los hechos han probado que es el escudo más eficaz para protegerse de este tipo de escándalos si mantienen controles de máxima calidad y crean una cultura corporativa.

2021 será la fecha límite para trasponer la nueva Directiva de protección de denunciantes de corrupción

9 octubre, 2019

Después que en abril de 2019, la Eurocámara consiguiera aprobarla in extremis antes de las elecciones de mayo y que, además, lo hiciera por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, con 29 en contra y 33 abstenciones, la directiva que protege la figura del denunciante de irregularidades ha recibido la luz verde del Consejo de ministros de la UE.

Una vez se publique en el Diario Oficial de la UE, la nueva norma entrará en vigor a los 20 días y los Estados miembros dispondrán hasta el 2021 para transponerla y hacerla ley nacional.

Con ello, es de esperar que dejen de perderse entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales de beneficios potenciales en todo el territorio europeo. Y esto solo en el ámbito de la contratación pública. En eso cifra la Comisión Europea lo que supone la falta de protección de los denunciantes o ‘whistleblowers’, según recoge en un estudio realizado en 2017.

Y aunque sea el sector de la contratación pública el de mayor concentración, las irregularidades o prácticas corruptas se extienden a otros como los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos. Es decir, que la nueva norma tendrá un ámbito de aplicación amplio que garantice un nivel elevado de protección a quienes denuncien sea cual sea el tipo de conducta delictiva.

Para ello, la directiva aprobada exigirá que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas. Además, brindarán a los denunciantes un elevado nivel de protección contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Cauces de denuncia internos y externos

Las empresas con más de cincuenta trabajadores y los municipios de más de 10.000 habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces, de forma que el denunciante contará tanto con cauces internos como externos a pesar de que el texto establece una jerarquía y anima a utilizar en primer lugar los de su organización «lo que contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana», señala.

En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer.

Amplia protección

La directiva brinda protección a numerosas categorías de personas: por ejemplo, a aquellas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como empleados –incluidos los funcionarios de la administración nacional o local–, voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.

Y ofrece, además, salvaguardias para proteger de represalias –como la suspensión, la degradación o la intimidación– a los denunciantes. También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias.

El nuevo texto incluye también una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

Finalmente, se establece la obligación de dar respuesta al denunciante y tramitar su denuncia en el plazo de tres meses (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).

MONEYVAL llama a los Estados a tomar medidas adecuadas para combatir el ‘dinero sucio’

25 septiembre, 2019

El órgano de control para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, MONEYVAL, ha publicado su Informe Anual correspondiente a 2018 en el que, como titular, hace un llamamiento a los Estados miembros a que pongan en marcha medidas rápidas y adecuadas contra el ‘dinero sucio’ ante el incremento del riesgo de que se produzca este tipo de conducta delictiva.

Tras evaluar activamente a 24 de sus 34 Estados y jurisdicciones, el Informe que se ha conocido públicamente el 25 de septiembre afirma que el impacto de la delincuencia económica, los grupos delictivos organizados y el terrorismo «continuaron percibiéndose en Europa» durante el año pasado. De ahí, que la presidenta de MONEYVAL, la polaca Elzbieta Frankow-Jaskiewicz, pida con urgencia que, dentro y fuera de Europa, se apliquen «medidas firmes» contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Entre sus recomendaciones, destaca también «aumentar la sensibilidad y eficacia de los fiscales y jueces en la represión del blanqueo de dinero, asociado a los delitos por financiación del terrorismo». Y aconseja «intensificar los esfuerzos para combatir las operaciones financieras ligadas a la esclavitud, el tráfico de personas y el trabajo forzado».

Otra de las prioridades para este órgano es hacer frente a las consecuencias negativas del denominado «de-risking« o eliminación del riesgo, un fenómeno por el que en los últimos años muchos bancos internacionales han roto sus relaciones comerciales con bancos extranjeros para evitar riesgos -en vez de gestionarlo- de posible blanqueo y financiación del terrorismo, lo que precisamente ha provocado un aumento de ese riesgo en algunos países.

El Informe incluye también referencias al escándalo del Danske Bank, el mayor banco de Dinamarca, y que «involucró supuestamente a instituciones financieras por una suma estimada de 200.000 millones de euros».

Moneyval realiza exámenes a 28 Estados del Consejo de Europa. También a Israel, la Santa Sede y los territorios británicos de ultramar de Jersey, Guernesey, Isla de Man y Gibraltar. Durante el año pasado hizo cuatro visitas de evaluación y cuatro de formación. Además, aprobó cuatro informes de su quinta ronda de evaluación, que examina las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Actividades por Estados/Territorios durante 2018

Fuente: MONEYVAL

 

La historia interminable de los paraísos fiscales

12 septiembre, 2019

«Vastas sumas de dinero, que podrían usarse para mejorar la vida de la gente son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción». Con esta afirmación arranca el número correspondiente a septiembre de la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI) dedicada a los rincones ocultos de la economía mundial.

Y es que si para algo ha servido la crisis económica del 2008 ha sido para rebajar el nivel de tolerancia de ciertas instancias hacia los paraísos fiscales. Hace una década su expansión no parecía tener freno por parte de los gobiernos hasta que dejaron de salirles las cuentas. Ahora, sin embargo, tras los ‘Papeles de Panamá’ y las filtraciones de Luxemburgo han pasado de percibirse como exóticas atracciones secundarias de la economía mundial reservadas a famosos adinerados y grandes entidades a verse como un grave peligro que perjudica en igual medida a las naciones remitentes de miles de millones de divisas y a las destinatarias de esos fondos.

Este es el nuevo enfoque en el que trabaja el FMI que sugiere que los flujos financieros atraídos a los paraísos fiscales no benefician a los países receptores sino a grupos de interés de esas jurisdicciones.

Se estima que el coste de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, oscila entre los 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales. De esa recaudación perdida, 200.000 millones corresponden a economías de bajo ingreso, con un impacto como porcentaje del PIB más fuerte que en las economías avanzadas. Todo un agujero si tenemos en cuenta que la asistencia para el desarrollo que reciben del exterior se cifra en 150.000 millones de euros.

A estas pérdidas habría que sumar lo que se deja de recaudar por el impuesto sobre la renta personal porque no pensemos que solo se benefician las empresas. Se cree que el montante económico que personas físicas tienen en paraísos fiscales podría ascender a 36 billones de dólares, lo que se traduce en unas pérdidas de 200.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, como señalan los expertos, el sistema offshore sigue creciendo y enquistándose con la connivencia de poderosos, multinacionales con cientos de subsidiarias en otros países e instituciones. El dinero continúa fugándose de los países pobres a los ricos. De ahí que las jurisdicciones ricas encabecen las listas de estos territorios offshore. Véase el ejemplo en que los tres primeros puestos del Índice de paraísos fiscales corporativos de la Red para la Justicia Fiscal corresponden a las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y las Islas Caimán, territorios británicos de ultramar.

Como explica el analista Nicholas Shaxson «cuando una jurisdicción encuentra una laguna fiscal o diseña un mecanismo de secreto financiero que logra atraer dinero móvil, otros la copian o superan en una competencia nociva».

La presión de la OCDE

Este organismo que fija las normas sobre impuestos internacionales puso en marcha dos proyectos tras la crisis con los que intentar neutralizar los «fines nefastos» de los paraísos fiscales. Uno es el Estándar de intercambio automático de información entre países que ayuda a las autoridades fiscales a identificar los activos de contribuyentes en el exterior.

Y a pesar de algún vacío, como por ejemplo, que permitiría que personas con determinados pasaportes declaren ser residentes en un paraíso fiscal en vez del país en el que viven, según destaca Shaxson, los resultados de julio de 2019 estiman que 90 países habían compartido información sobre 47 millones de cuentas valoradas en 4,9 billones de euros, que los depósitos en paraísos fiscales se habían reducido en un 20%–25%, y que las declaraciones voluntarias previas a la implementación del estándar habían generado 95.000 millones de euros de recaudación tributaria adicional para miembros de la OCDE y del Grupo de los Veinte, que incluye a las principales economías de mercados emergentes.

El segundo proyecto fue el BEPS (erosión de la base imponible y traslado de ganancias) que, aunque parece que mejoró la transparencia de las multinacionales, la propia OCDE lo habría considerado «un fracaso» sobre todo en lo que se refiere a la economía digitalizada.