La UE pone más difícil usurpar la identidad con documentos más seguros

7 junio, 2019

Bruselas ha adoptado un Reglamento para que los documentos de identidad y permisos de residencia de los ciudadanos de la UE sean más seguros y reduzcan el riesgo de robo de identidad. La norma se extiende también a los familiares de un residente comunitario que no sean ciudadanos de la UE.

Y aunque nace con el objetivo de combatir mejor el uso de papeles falsificados para tratar de entrar de manera irregular en territorio comunitario, en el sector financiero la nueva normativa europea facilitará una mayor diligencia en la identificación formal de los clientes, puesto que incorpora normas mínimas comunes a todos los Estados miembros que los expiden, tanto respecto de la información que contienen los documentos como de las medidas de seguridad.

Que alguien trate de utilizar ‘mi identidad’ es una problemática real a la que a diario se enfrentan los ciudadanos tras haber sido víctimas de un delito de robo de identidad y que, en nuestro país, pivota sobre el DNI. Con el agravante, además, de que los afectados por este tipo delictivo se suelen enterar cuando acuden, por ejemplo, a una entidad financiera para establecer relaciones de negocio.

Normas de seguridad

Los nuevos documentos de identidad tendrán que elaborarse en un formato uniforme del tipo de las tarjetas de crédito (ID-1), incluir una zona de lectura mecánica y seguir las normas mínimas de seguridad que establece la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Asimismo, tendrán que incluir una fotografía y dos impresiones dactilares del titular, que se almacenarán en formato digital, en un chip sin contacto. Se indicará, además, el código de país que corresponda al Estado miembro de expedición, dentro de una bandera de la UE.

El periodo de validez de los documentos será de un mínimo de cinco años y un máximo de diez. Para los mayores de 70 años, se prolonga este periodo y, en el caso de los menores, podrá ser inferior a cinco años.

Ahora bien, a los países que no los tienen previstos en su legislación nacional como Irlanda y Reino Unido, no obliga a adoptar documentos de identidad.

Eliminación de los documentos antiguos

Una vez que el Reglamento se adopte formalmente, es decir, que se publique en el DOUE, la norma entrará en vigor dos años después, lo que significa que para esa fecha todos los documentos deberán cumplir los nuevos criterios de seguridad. Asimismo, se revisará cada seis años para comprobar, entre otros, la eficacia de la verificación biométrica para la seguridad y su impacto en los derechos fundamentales.

Los documentos antiguos dejarán de ser válidos diez años después de la fecha de aplicación de la nueva normativa o en la fecha de su expiración, si esta es anterior. Y aquellos que se expidan a partir de los 70 años de edad seguirán siendo válidos hasta su expiración, siempre que cumplan las normas mínimas de seguridad especificadas y cuenten con una zona de lectura mecánica.

Para los documentos menos seguros, como es concretamente el caso de Grecia, el plazo de expiración será de cinco años.

Garantías de protección de datos

En la nueva normativa se incluyen garantías sólidas de protección de datos para que la información recopilada no caiga en malas manos. En particular, las autoridades nacionales tendrán que garantizar la seguridad del chip sin contacto y de los datos en él almacenados para que no puedan piratearse ni pueda accederse a ellos sin permiso.

En la actualidad, hay alrededor de 86 tipos de DNI y 181 tipos de documentos de residencia diferentes en la UE.

Preocupación por el secreto profesional en la futura trasposición de la Directiva sobre la obligación de comunicar operaciones transfronterizos

30 mayo, 2019

Desde que se iniciara 2019, España se encuentra en la cuenta atrás para trasponer la Directiva 2018/822 sobre la nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR-DAC6) que Bruselas aprobó el 25 de mayo de 2018. Tiene de plazo hasta finales de año.

En línea con las medidas adoptadas en mayor o menor grado por Reino Unido, Portugal e Irlanda, se trata de una norma con la que la Unión Europea pretende prevenir el fraude fiscal basado en estructuras de planificación fiscal internacional potencialmente agresivas.

Según publica ‘El Periódico’, Hacienda habría iniciado los trabajos para elaborar la nueva normativa. Y ha comunicado a los colectivos afectados que «el ámbito del secreto profesional a efectos de la obligación de información» es una de las cuestiones que serán reguladas. Los asesores fiscales temen que el Gobierno aproveche la nueva legislación para recortar el alcance actual de su secreto profesional y del derecho de cualquier persona a no autoincriminarse.

Obligación de reportar

Una de las principales novedades de la directiva, y donde radica la preocupación de abogados y asesores fiscales, es que introduce una obligación con respecto a la figura del ‘intermediario’ que tendrá que informar sobre determinados mecanismos transfronterizos de sus clientes, es decir, operaciones que afectan a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y un tercer país.

Además, habrá que intercambiar de forma automática esa información entre las Administraciones tributarias de la Unión a través de un directorio central al que tendrán acceso los Estados miembros.

La directiva considera intermediario no solo a quien diseñe, comercialice, organice y ponga a disposición o gestione para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación, un perfil que hace referencia principalmente a los asesores fiscales, sino que añade un supuesto mucho más amplio.

Esta segunda definición incorpora a cualquier persona que, sobre la base de la información disponible así como de la experiencia y los conocimientos necesarios, «sabe o cabe razonablemente suponer que sabe que se ha comprometido a prestar, directamente o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información».

Es en este epígrafe donde tienen cabida abogados, gestores y asesores en general.

En ausencia de intermediario, la obligación de reportar se transfiere al contribuyente interesado.

Secreto profesional

La nueva norma pasa la ‘patata caliente’ del secreto profesional a cada país. Serán, por tanto, las leyes nacionales las que definan su alcance para abogados in house y asesores, una cuestión de la que los expertos advierten supondrá «un mapa heterogéneo en Europa respecto a la obligación de comunicar».

En concreto, la obligación de informar recaerá en el contribuyente que se beneficia del mecanismo fiscal cuando no se le pueda exigir al intermediario en algún Estado porque exista una norma nacional que ampare su secreto profesional.

Y añade que cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para dispensar a los intermediarios de la obligación de informar cuando ese reporte vulnere la prerrogativa de secreto profesional en virtud del Derecho nacional. Cuando esto suceda, cada Estado miembro exigirá a los intermediarios que notifiquen sus obligaciones de comunicación de información a cualquier otro intermediario o a su cliente.

En el caso de España, por ahora no se sabe si el Ejecutivo dispensará, o no, a los asesores de su obligación de comunicar a Hacienda las operaciones transfronterizas agresivas o si, por el contrario, deberán ponerlas en conocimiento.

El presidente de la Asociación Española de Asesores fiscales (AEDAF), José Ignacio Alemany, considera que la aplicación de esta Directiva en nuestro país «va a generar una distorsión grave en la competencia a nivel europeo» y en relación al secreto profesional recalca la necesidad de «proteger el derecho a la intimidad, que es un derecho inalienable del cliente, ya que la Hacienda Pública va camino de convertirse en un Gran Hermano y nuestros derechos reducidos y limitados».

La CNMV podrá conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro

28 mayo, 2019

El BOE del 23 de mayo de 2019 ha publicado el Convenio de colaboración suscrito con fecha 10 de abril entre el Colegio de Registradores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la finalidad de que este órgano conozca la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro de la Propiedad y en el Mercantil.

Hay que recordar que los nuevos modelos de presentación de las cuentas anuales  de los sujetos obligados en el Registro Mercantil incluyen la obligación de declarar el titular real de la sociedad, tal como recoge la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo.

Entre los compromisos que recoge el convenio suscrito, destaca que el Colegio de Registradores pondrá a disposición de la CNMV un servicio web que le permitirá acceder «de modo ágil y eficiente» a los titulares reales de una sociedad, a las sociedades de las que una persona física es titular real, así como en aquellas que aparecen en la cadena de control de un titular real.

También podrán cursar consultas individuales a través del Registro online que el Colegio de Registradores tiene en su portal web.

Intercambio de información necesario

Según explica el documento, los Registros de la Propiedad y Mercantiles disponen, junto con la información sobre las titularidades reales, de otra igualmente relevante para la CNMV en sus actividades de supervisión, inspección y sanción.

Y es que la CNMV es el órgano competente en materia de supervisión e inspección de los mercados de valores que debe velar por su transparencia, la correcta formación de sus precios y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

Tres servicios para tres tipos de consulta

-Titulares reales de una sociedad. Con el NIF de una sociedad mercantil facilitado por la CNMV e indicando el año al que se circunscribe la consulta, el servicio devolverá la información de los titulares reales que conste en el registro mercantil competente en ese ejercicio. El usuario puede configurar la consulta para que, en el caso de que el titular real con un porcentaje superior al 25%, tenga una participación indirecta, se devuelva la información de las sociedades intervinientes en la cadena de control. Si no consta información sobre los titulares reales presentada en el ejercicio consultado, el servicio devolverá la última información que figure presentada en ejercicios anteriores.

-Sociedades de las que una persona física es titular real. A partir del NIF de un titular real, se informa de en qué sociedades es titular real, ya sea con participación superior al 25 % o como titular real asimilado.

-Sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real. Dado un CIF de una sociedad, se informa de las sociedades en las que ésta aparece como sociedad interviniente en la cadena de control de una sociedad.

La información que muestra cada servicio será la depositada en el Registro Mercantil en el momento de realizar la consulta en función de los datos declarados por la sociedad en su última presentación de cuentas anuales.

Asimismo, en el servicio de consultas al Registro de la Propiedad o Registro Mercantil, el personal de la CNMV podrá cursar consultas individuales a los servicios de Registro online del Colegio de Registradores. En este caso será necesaria la identificación previa con certificado digital reconocido por el CORPME.

En febrero de 2019, el Colegio de Registradores ya puso el Registro de Titularidades Reales a disposición de la Guardia Civil, una información clave para el Instituto Armado en las investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Nueva revisión de la lista de paraísos fiscales de la UE donde quedan fuera Barbados, Bermudas y Aruba

21 mayo, 2019

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) ha vuelto a actualizar la lista de paraísos fiscales que Bruselas consiguió cerrar en diciembre de 2017 tras dos años de negociación con un mapa que, inicialmente, se componía de 17 jurisdicciones no cooperativas y 47 en la ‘lista gris’ propuesta por España donde se sitúan los Estados con compromiso de ‘enmendar’ su legislación tributaria.

En esta ocasión ha decidido retirar a Barbados, Bermudas y Aruba con lo que quedan doce entradas en la lista: Samoa Americana, Belice, Dominica, Fiyi, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.

Con esta decisión, Barbados y Bermudas se trasladarán de la ‘lista negra’ a la ‘lista gris’, mientras que Aruba se retirará totalmente de ambas.

Según explica el Consejo, Barbados, con un régimen fiscal  que facilita la existencia de estructuras extraterritoriales que atraen beneficios sin una actividad económica real, «ha contraído compromisos de alto nivel político para atender a las preocupaciones de la UE en relación con la sustitución de sus regímenes preferenciales perjudiciales por una medida de efecto similar».

Aruba y Bermudas, por su parte, ya habrían cumplido sus compromisos. Además, Bermudas mantiene su compromiso de «abordar las preocupaciones de la UE en el ámbito de los fondos de inversión colectiva».

Teniendo en cuenta que el trabajo que se desarrolla con esta relación de paraísos fiscales es un proceso dinámico, el Consejo ha manifestado que hará nuevas actualizaciones en lo que queda de año, aunque ha solicitado un proceso más estable a partir de 2020 con dos revisiones al año.

Fue en marzo de 2019 cuando se llevó a cabo la primera revisión de calado en lo que supuso «un examen exhaustivo de la aplicación de los compromisos contraídos por los terceros países o territorios que forman parte del proceso».

Y es que esta lista es para Bruselas otro instrumento con el que prevenir la elusión fiscal y promover la transparencia fiscal, la equidad tributaria o las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

¿Cómo identificar los riesgos en la compraventa de oro y joyas?

20 mayo, 2019

El oro vuelve a ser un valor en alza a tenor del precio que en la actualidad ha alcanzado el kilo del precioso metal, unos 36.910 euros, cuando hace 10 años costaba alrededor de 21.000. A falta de otros métodos de ahorro, son muchos los que optan por la compra de oro y tener su dinero en lingotes. Esta fiebre del oro, también lleva años alimentando la compraventa y propiciando con ello un mercado derivado de conductas delictivas.

Por eso, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias alerta de los riesgos de blanqueo de capitales en las actividades relacionadas con la compraventa de objetos usados de oro, plata, piedras preciosas o joyas, en los préstamos en prenda o comercio donde una de las partes es una fundición.

Y de lo primero que la Comisión advierte al sector de forma general es de que ponga atención sobre las ventas que realiza una sociedad; o bien cuando una sola persona venda una gran cantidad de joyas; así como en operaciones de compraventa para la fundición en nombre de otra.

Joyas robadas

En el Catálogo de recomendaciones, la Comisión también se refiere de manera explícita a la procedencia ilícita de las joyas y señala que se sospeche de aquellas en venta que no son propiedad del vendedor.

Para detectar si las piezas proceden de un robo, por ejemplo, recomiendan que se atienda a características tales como cantidad, calidad, estado, etc.

Y del vendedor habrá que tener en cuenta, entre otras cuestiones, si es un intermediario o muestra indicios de que no dispone de poder adquisitivo para ser propietario de la pieza que quiere vender.

Tampoco generará confianza en este tipo de negocio que la venta de piezas o la compra para fundición se fragmente en varios días, para evitar que se considere una sola operación, ni que se ofrezcan dos o más joyas idénticas.

Igualmente sospechoso resultará las operaciones en las que se paga sólo el oro cuando son piezas compuestas de gemas o piedras preciosas con valor muy superior al metal y en los casos en que una persona física o jurídica compra para fundir metales preciosos y paga en metálico sin dejar rastro en una entidad financiera.

Empeños en los Montes de Piedad

Para las casas de empeño, la Comisión advierte de los préstamos en los que se dejan en prenda dos o más joyas iguales y, sobre todo, si se trata de una importante cantidad de piezas de joyería y su cantidad y/o calidad no guarda relación con las circunstancias personales del cliente.

En el caso de las subastas, será necesario que cuando se paguen en metálico las piezas logradas, y siempre que el importe sea igual superior a los 1.500 euros, se acredite la identidad del cliente. También habrá que estar atentos a los posibles acuerdos entre el propietario de las joyas y la persona que puja para adquirirla en la subasta, además de cuando se realiza una puja exagerada que no corresponde al valor del objeto.