Los denunciantes de corrupción ya tienen respaldo normativo en Europa

22 abril, 2019

Por una clamorosa mayoría de 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, y en lo que puede considerarse un hito histórico, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como whistleblowers), tras una negociación in extremis entre la propia Eurocámara, la Comisión y el Consejo para llegar a tiempo antes de que se celebren las elecciones del 26 de mayo de 2019.

El siguiente paso para que el texto de la Directiva sea una realidad es que reciba el respaldo de los ministros de los 28 países miembros. A partir de ese momento, el plazo para su aplicación será de dos años.

Aunque ya en la quinta Directiva se había incorporado una referencia a la figura del whistleblower será con la nueva norma donde se establezcan estándares europeos para proteger a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear, salud pública, consumo y protección de datos.

Un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en el año 2017 estimó que la falta de protección efectiva a los delatores produce, solo en el ámbito de la contratación pública, entre 5.800 y 9.600 millones de euros de pérdidas anuales en el conjunto de la UE.

A pesar de este dato, solo una decena de países europeos ofrece una protección legal adecuada. Entre ellos no está España donde, hasta ahora, esta protección es parcial o afecta solo a algunos sectores.

Escándalos como ‘LuxLeaks‘ o los ‘Panama Papers‘ han puesto de manifiesto la importancia de las revelaciones de los delatores para detectar y prevenir infracciones. Pero también evidencian que la falta de protección puede tener consecuencias negativas para el interés público y el bienestar social y que las infracciones pueden extenderse a otros Estados miembros o al conjunto de la UE.

Canales seguros

Para asegurar que los potenciales delatores están protegidos y que la información que revelan mantiene la confidencialidad, la nueva ley permite que las denuncias se lleven a cabo internamente en las organizaciones -ya sea pública o privada por encima de 50 empleados-, ante la autoridad legal o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes.

En los casos en los que no se tomen las medidas pertinentes ante la denuncia inicial de los delatores, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias, el delator también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.

Protección contra las represalias

La ley prohíbe explícitamente las represalias contra los whistleblowers  e introduce mecanismos para impedir que sean suspendidos, degradados o intimidados. Las personas que cooperen con los delatores (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidos.

Los Estados miembros deberán asegurar que los delatores tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento.

Más obligaciones y mayor control sobre los activos virtuales y sus proveedores

15 abril, 2019

Un total de 33 puntos es lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha presentado a los ministros de Finanzas del G20 y a los Bancos Centrales para informar de los trabajos en curso centrados, especialmente, en los activos virtuales en los que se incluyen las criptodivisas; contrarrestar la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva; incrementar la transparencia y la disponibilidad de información sobe la titularidad real; mejorar la efectividad del sistema de justicia penal; la identidad digital, así como el de-risking.

Y en la base para desarrollar sus programas, el GAFI solicita “fortalecer su capacidad y gobernanza”.

Nueva definición de activos virtuales

En el Informe publicado el 8 de abril de 2019, se insiste a lo largo de 7 puntos en la necesidad de guardar un equilibrio entre los beneficios que reportan al sistema financiero y a la economía, en general, las innovaciones tecnológicas y los activos virtuales, y los riesgos asociados a su uso en el blanqueo de capitales.

Es una cuestión que el GAFI vigila de cerca con informes internos y monitorización de las medidas adoptadas por los países para contrarrestar la actividad financiera sospechosa o ilegal que involucra activos virtuales. De hecho, ya en octubre de 2018 adoptó cambios en una de sus 40 Recomendaciones e incorporó en su Glosario las definiciones de “activo virtual” y “proveedor de servicios”, con el fin de aclarar cómo se aplican los requisitos AML/CFT en este contexto.

Se entiende por activo virtual una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y puede ser utilizado para fines de pago o inversión.

Es decir, los países deben considerarlos como propiedad, ingresos, fondos u otro valor correspondiente. Y de acuerdo a sus estándares, los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiación de terrorismo que surgen de las actividades con estos activos.

Novedades en la Recomendación 15

Asimismo, la Recomendación número 15 modificada requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales como, por ejemplo, los exchanges dedicados a la compraventa de criptoactivos, tengan licencia o estén registrados en la jurisdicción en la que se crean y estén sujetos a sistemas efectivos para monitorizar y garantizar el cumplimiento de las medidas ALD / CFT, al igual que cualquier sujeto obligado.

En febrero de 2019, el organismo publicó además una nota interpretativa adherida a la Recomendación que se incluirá formalmente en el mes de junio y en la que se detalla cómo se deben de aplicar sus estándares a las actividades u operaciones que involucran ese tipo de valor.

“Los países deberían aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Deben exigir que los proveedores de activos virtuales identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar estos riesgos”, detalla el GAFI.

Insta igualmente a las jurisdicciones miembros a cooperar con información de los delitos que se cometan y apunta a que sean los supervisores de los proveedores los que intercambien información “de manera rápida y constructiva con sus contrapartes extranjeras”.

Por lo que respecta a las sanciones para los proveedores en caso de incumplimiento de la normativa, señala nuevamente a los supervisores. Serán los que tengan poderes para imponerlas tanto disciplinarias como financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia o el registro. También acota que las naciones deberán ejercer sanciones “efectivas, proporcionales y disuasorias”, ya sean penales, civiles o administrativas, no solo para proveedores, sino también para sus directores y altos directivos.

Nuevo intento desde Europa de estrechar el cerco a la criminalidad financiera

29 marzo, 2019

Con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones, el Pleno de la Eurocámara aprobó el 26 de marzo de 2019 el texto de recomendaciones que pone punto final al trabajo que durante un año ha llevado a cabo la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal denominada TAX3.

El objetivo es que se lleve a cabo una profunda revisión de los mecanismos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mejorando la cooperación entre las numerosas autoridades implicadas. Además, plantean crear nuevos organismos a nivel europeo e internacional.

España también queda en el centro de estas recomendaciones.

La TAX3 inició su andadura en marzo de 2018, a la luz de las revelaciones de ‘Luxleaks’, los ‘papeles de Panamá’, los ‘football leaks’, los ‘papeles del Paraíso’ y, más recientemente, el fraude fiscal ‘Cum‑Ex’, así como los casos de blanqueo de capitales en los que están implicados, en particular, bancos de Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, los Países Bajos y el Reino Unido.

El documento de la comisión, que contiene más de 400 puntos, se ha redactado después de que sus miembros hayan organizado encuentros con ministros y comisarios y hayan viajado para recabar información a Estados Unidos, la Isla de Man, Dinamarca, Estonia y Letonia.

Los ‘pasaportes dorados’

La mayoría de los Estados miembros, incluido España, han adoptado regímenes de ciudadanía por inversión (CPI) y de residencia por inversión (RPI), conocidos como programas de visados de oro y pasaportes para inversores. Con ello, se concede la ciudadanía o la residencia a ciudadanos de la Unión o de fuera de ella a cambio de una inversión financiera.

Como mínimo, según datos que ofrece Bruselas, 5.000 ciudadanos de países no miembros han obtenido la ciudadanía de la Unión a través de esta fórmula, si bien indican la falta de transparencia en relación con el número y origen de los solicitantes, el número de personas a las que se ha concedido la ciudadanía o la residencia mediante estos regímenes, el importe invertido y su origen.

Ahora, la comisión especial aboga por eliminar progresivamente estos programas porque, en su opinión, los beneficios económicos potenciales de estos regímenes “no compensan los graves riesgos” de seguridad, blanqueo de capitales y evasión fiscal que suponen. Y mira especialmente a Malta y Chipre, dadas “las escasas exigencias a los solicitantes”.

Hasta que la medida desaparezca, la TAX3 solicita que los Estados miembros exijan la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes y garantizar “adecuadamente” que se aplican las medidas reforzadas de diligencia debida a los solicitantes.

Y es que señalan que las inversiones realizadas en el marco de estos programas “no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro” que concede la ciudadanía o residencia y que “a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el que se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento”.

Entienden que la obligación de considerar a los solicitantes de CPI y RPI como de alto riesgo durante su proceso de diligencia debida, no exime a los Estados miembros de su responsabilidad de establecer y llevar a cabo por sí mismos una diligencia debida reforzada. Y lamentan el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha aumentado “considerablemente” los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.

Policía financiera y sociedades fantasma

La TAX3 recomienda, asimismo, la creación de una policía financiera europea, enmarcada en Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, así como contar con una unidad de inteligencia financiera. Esto se completaría con el establecimiento de un organismo de la ONU centrado en la fiscalidad.

La protección reforzada para los denunciantes y los periodistas de investigación en casos de corrupción como el ‘Cum-Ex’ es otra de las medidas incorporadas en el documento que también pide, en referencia a este escándalo financiero, que los acuerdos fiscales sean multilaterales y no bilaterales.

Se recomienda la prohibición de las sociedades fantasma, aunque residan en un Estado miembro de la Unión.

Y si bien no existe una definición única de sociedad fantasma, se hace referencia a aquellas registradas en una jurisdicción únicamente para fines de evasión o elusión fiscales y sin ninguna presencia económica significativa y recomienda que cualquier organización que cree una estructura extraterritorial proporcione a las autoridades competentes las razones legítimas subyacentes de esa decisión, a fin de garantizar que las cuentas extraterritoriales no se utilicen con fines de blanqueo de capitales o de evasión fiscal.

¿Cuáles son las operaciones de riesgo en el sector de la joyería y el arte?

26 marzo, 2019

La compraventa de joyas y de arte son desde hace años mercados proclives a ser usados para el lavado de dinero, entre otras cuestiones, porque es un sector en el que es frecuente el uso de intermediarios y testaferros, hay dificultades para identificar al cliente, se hacen pagos en metálico o que pueden estar financiadas con fondos procedentes de paraísos fiscales y en las subastas se realizan pujas desorbitadas o sistemáticas para adquirir la mayor cantidad de objetos posibles.

Ante el riesgo que supone este tipo de prácticas para introducir fondos ilícitos en el sistema financiero, y teniendo en cuenta que la Ley 10/2010 establece como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, así como con objetos de arte o antigüedades, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha elaborado, a modo de ejemplo, un Catálogo de operaciones de riesgo.

En definitiva, son alertas y recomendaciones para contribuir a que su operativa de negocio cumpla con las obligaciones tendentes a prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por eso, el documento se centra en los riesgos relacionados con la identificación del cliente, con los pagos y cómo se comporta, así como con los características de la operación que realiza con las joyas y las obras de arte.

Atención a quién es el cliente

Cuando se vaya a iniciar la relación de negocio, habrá riesgo en las operaciones que impliquen a personas sobre las que haya dudas en relación con la veracidad de los datos comunicados en su identificación personal, en los de su actividad o del origen de los fondos a utilizar como medio de pago; a aquellas que no quieran aportar documentos de identificación o que presenten fotocopia y fotografía que no coincida con la apariencia física de quien lo aporta o que esté caducada; y, lógicamente, a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad o con residencia en paraísos fiscales o países no cooperantes.

También alerta la Comisión de potenciales clientes con domicilio desconocido o que aporten los datos de un apartado de correos, sedes compartidas y despachos profesionales; de las “personas de responsabilidad pública” y de operaciones en las que intervengan sociedades, fundaciones y ONG que no se correspondan con la actividad de la empresa o los objetivos de la entidad.

En el caso de que intervengan terceros, el foco se centrará principalmente en clientes que están siendo dirigidos por otros y ni siquiera conocen sobre los detalles de la operación; y en quienes actúan en nombre de menores de edad, personas con discapacidad y con falta de capacidad económica para tales adquisiciones. Puede darse el caso contrario, es decir, el cliente que adquiere directamente los bienes y que muestra claros indicios de falta de capacidad económica para asumir el coste de la transacción.

Asimismo, existirá riesgo tanto en el trato con un representante en el que la identidad del titular o beneficiario real permanece oculta, como en la compra y exportación de objetos de alto valor por cuenta y orden de potenciales clientes extranjeros desconocidos o de difícil identificación.

Observar cómo se comporta y qué medio de pago usa

Ni que decir tiene que hará levantar sospechas aquel cliente que intente inducir al empleado para que no cumpla con su obligación de registrar la operación cuando falten datos de identificación o de la transacción. También en los casos en los que, sin justificación, existan divergencias entre el domicilio que figura en los datos de quien se presenta como comprador y aquél en el que va a producirse la entrega.

Tampoco habrá que fiarse de los que no demuestran demasiado interés por los detalles de lo que están comprando o que adquieren bienes de alto valor sin verlos antes y sin conocimientos ni experiencia en el sector. Con material de mucho valor, hay que tener en cuenta, además, que sean acordes con el perfil conocido del cliente.

Y ojo a los pagos en efectivo o por endoso de otros medios de pago transferibles cuando son sustanciosos, así como en las operaciones financiadas con fondos procedentes de paraísos fiscales y en las que se solicitan fraccionamientos para eludir el deber de identificación y/o el de conservación de documentación.

La Comisión considera igualmente operación de riesgo cuando clientes/proveedores de los artículos muestran especial interés en que los flujos de fondos no se anoten en cuentas bancarias o que se anoten en cuentas a nombre de otras personas/sociedades interpuestas.

Obras de arte y antigüedades

El riesgo en esta clase de transacciones se presenta, por ejemplo, cuando se generan plusvalías aparentes en la compraventa de obras de arte nacionales e internacionales no acordes con los precios del mercado ni con los plazos de su generación. Los casos en que los intervinientes no muestren demasiado interés en obtener un mejor precio por la operación o que una vez adquirido el bien busque su rápida reventa, serán puestos también en cuarentena.

Las alarmas saltarán, asimismo, en subastas donde se detecte un acuerdo previo entre el vendedor y la persona que se quede con el bien subastado sin importar las subidas de precio, como señala la Comisión, o ante pujas sistemáticas y desorbitadas para adquirir la mayor cantidad de objetos.

Joyas, piedras y metales preciosos

En este caso habrá que diferenciar entre el comercio minorista y la relación con distribuidores y proveedores, si bien el denominador común será que de las características de la operación, se desprendan connotaciones poco habituales en el comercio o ajenas a los usos profesionales de este sector.

Llamará la atención las grandes compras de joyas, relojes de marca de lujo o relojes joya por parte del cliente final. Y en las relaciones profesionales, que no ofrezcan identificación de las empresas, así como de las transacciones de compraventa de metales o piedras preciosas. La Comisión incluye además en el Catálogo de operaciones de riesgo cuando los objetos de las transacciones comerciales sean metales preciosos, piedras preciosas o gemas, en estado de materia prima y se desprendan sospechas de que el país del proveedor o del cliente es un paraíso fiscal; y de que el producto proceda de países en conflictos bélicos.

Hacia una Autoridad Bancaria Europea con mayores competencias supervisoras

22 marzo, 2019

Tras los últimos escándalos investigados en entidades financieras como el grupo holandés ING, el alemán Deutsche Bank o la operación ‘Lavandería Troika’, Bruselas ha dado los primeros pasos para contar próximamente con un marco mejorado de supervisión de estas instituciones en Europa. Con esta medida se pretende dotar de mayores competencias de supervisión a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De forma complementaria, en diciembre de 2018, el ECOFIN ya aprobó una serie de Conclusiones donde se establecen acciones no legislativas a corto plazo para mejorar la supervisión de las actividades de lucha contra el blanqueo y estimular la cooperación entre las autoridades competentes. El calendario de implementación se inició en enero de 2019 y se prolongará a lo largo de todo el año.

El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) se creó en 2011 y está compuesto por tres Autoridades (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados) que se encargan de supervisar sectores y entidades concretos y de proporcionarles directrices normativas; y por la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que supervisa el sistema financiero y coordina las políticas de la UE sobre estabilidad financiera.

A raíz de la crisis financiera, la UE remodeló la forma en que se regula y se supervisa el sistema financiero, introdujo un código normativo único y creó las Autoridades Europeas de Supervisión para garantizar la adecuada regulación, fortaleza y estabilidad de los mercados financieros de los Estados miembros.

Principales novedades

Con el acuerdo alcanzado el 21 de marzo entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento europeo, la ABE tendrá más competencias en materia de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales para instituciones financieras y, concretamente, asumirá las tareas de recoger información procedente de las autoridades nacionales competentes, mejorar la calidad de la supervisión mediante el desarrollo de normas comunes, realizar evaluaciones de riesgos y facilitar la cooperación con países no pertenecientes a la UE en casos transfronterizos.

Como último recurso si las autoridades nacionales no actúan, la ABE podrá adoptar una decisión dirigida directamente a bancos específicos.

Asimismo, el texto acordado mejora el actual sistema de convergencia en materia de supervisión y con ello la eficiencia, coherencia y transparencia del proceso. Se basa en herramientas existentes, como las pruebas de resistencia, las consultas de las partes interesadas o las revisiones interpares, e introduce otras nuevas, como el establecimiento de prioridades comunes de supervisión a escala de la UE.

En el acuerdo también se revisa la estructura de gobernanza de las Autoridades Europeas de Supervisión. Se mantiene el principio de que las decisiones deben ser adoptadas por la Junta de Supervisores y se otorga un papel fundamental a las autoridades nacionales competentes dentro de la estructura de gobernanza de las Autoridades Europeas de Supervisión: no debe tomarse ninguna decisión contra la voluntad de la mayoría de los supervisores nacionales, y el máximo órgano decisorio de la Autoridad es la Junta de Supervisores.

Al mismo tiempo, se refuerza la función y los poderes del Consejo de Administración como principal órgano encargado de preparar las reuniones y las decisiones de la Junta de Supervisores. Estará compuesto por un presidente, cinco miembros de la Junta de Supervisores y dos miembros independientes a tiempo completo, elegidos por sus méritos, capacidades de gestión y experiencia en supervisión financiera. El presidente y los miembros a tiempo completo del Consejo de Administración han de responder ante el Parlamento Europeo y el Consejo.

Por lo que respecta al régimen de financiación de las Autoridades, el texto final mantiene en líneas generales el actual sistema de contribuciones —que proceden en parte del presupuesto de la UE y en parte de las autoridades nacionales competentes— y añade la posibilidad de contribuciones voluntarias de los Estados miembros o de los observadores.

En la reforma también se revisan los poderes de cada una de las tres Autoridades Europeas de Supervisión. La Presidencia y el Parlamento han acordado otorgar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados poderes directos de supervisión en materia de índices de referencia cruciales, así como de servicios que ofrecen datos de negociación consolidados sobre la negociación de acciones o instrumentos asimilados e instrumentos distintos de las acciones o instrumentos asimilados en la UE, los denominados ‘proveedores de información consolidada’. Asimismo, el texto asigna a la Autoridad Europea de Valores y Mercados un papel en materia de supervisión de centros de negociación de terceros países y abuso de mercado.

La tramitación de este acuerdo provisional pasa por someter su contenido a los representantes permanentes ante la UE para su ratificación. El Parlamento y el Consejo deberán adoptar la propuesta de Reglamento en primera lectura.