En su quinta ronda de evaluación mutua, el Moneyval se muestra satisfecho con las reformas adoptadas por Andorra para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aunque hace un llamamiento a que adopte algunas mejoras.

Y es que Andorra está haciendo méritos para entrar en la Unión Europea y quiere alejarse a través de una profunda transformación normativa de su tradicional imagen de paraíso fiscal, sobre todo para España, así como del escándalo de su entidad financiera BPA.

Como ejemplo, cabe destacar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, donde se establece la obligación de los cinco bancos andorranos a entregar la información sobre las cuentas domiciliados en los Estados miembros de la Unión Europea.

También está entre las jurisdicciones que en 2018 implementará el estándar de intercambio de la OCDE y que pone fin al secreto bancario.

Por todo ello, en su Informe publicado en septiembre de 2017, Moneyval dice que las autoridades andorranas han adquirido una comprensión bastante amplia de los riesgos a los que se enfrenta el país en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Sin embargo, es necesaria “una supervisión política clara” que haga el seguimiento de que los planes de acción adoptados para mitigar esos riesgos se han implementado con éxito.

Algo similar ocurre con las grandes instituciones financieras que sí evalúan y comprenden ampliamente sus riesgos pero que podrían infravalorarlos. Las entidades más pequeñas y otros sujetos obligados como los abogados y asesores fiscales se muestran menos conscientes de estos riesgos.

El órgano internacional subraya, además, que es evidente que en este tiempo ha existido un compromiso político en Andorra para llevar a cabo cambios significativos en su legislación. Precisa, no obstante, que si bien las autoridades utilizan sistemáticamente la información facilitada por la Unitat d’Intelligència Financera d’Andorra para investigar operaciones sospechosas, la relación entre investigaciones y enjuiciamientos, y las posteriores condenas es baja.

En cuanto a la financiación del terrorismo, el Informe también señala que la ausencia de procesos judiciales por este delito parece estar en línea con el perfil de riesgo del país que es bajo.

Moneyval apunta, asimismo, que la limitación de los recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera ha obstaculizado su papel de supervisor. Y enfatiza en la necesidad de un mayor compromiso estratégico y de coordinación de actividades entre la Unidad y otras autoridades de supervisión.

Finalmente, se recomienda eliminar la doble imposición como requisito para que Andorra preste asistencia legal mutua al tiempo que le dirige elogios por buscar de forma proactiva y proporcionar esa asistencia legal a jurisdicciones extranjeras.