17 Ene Fiscales y Notarios estrechan su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales
El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Como consecuencia, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) atenderá por vía telemática y de forma inmediata las solicitudes de información de los fiscales o del personal de las Fiscalías autorizados.
Esta información procederá del Índice Único Informatizado Notarial, base de datos que se actualiza cada quince días y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas diariamente por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Hay que tener en cuenta que a partir de estos datos, puede obtenerse la copia de los documentos de identidad y de los instrumentos públicos.
Tanto este Índice como la Base de Datos de Titularidad Real desarrollado por el Ministerio de Justicia a través del Notariado son sistemas idóneos para tener acceso al titular real de las sociedades.
Para la solicitud y recepción de la información se utilizará una plataforma web a la que podrán acceder los fiscales mediante el uso de una firma electrónica corporativa desarrollada por la Agencia Notarial de Certificación, dota de las máximas medidas de seguridad.
El OCP se creó en diciembre de 2005 como herramienta para reforzar, intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además, en su obligación de detectar operaciones sospechosas, el OCP recibe del Índice Único Informático la puntuación de factores de riesgo grabados en operaciones individualizadas o grupos de operaciones. Para ello se utilizan unos 60 indicadores de riesgo como, por ejemplo, la creación de sociedades por personas jurídicas extranjeras.
