Durante el último trimestre, la primera lista negra que consiguieron aprobar los ministros de Finanzas de la Unión Europea ya ha tenido dos cambios de alcance.

Esta lista negra que contenía 17 “jurisdicciones no cooperativas”, según se refiere Bruselas a los paraísos fiscales, vio la luz el pasado 5 de diciembre de 2017 no exenta de polémica y después de dos años de negociación.

El mapa sufrió su primer cambio el 23 de enero de 2018 con la salida de Panamá junto a otras 7 jurisdicciones (Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez).

Todas ellas pasaron a la denominada «lista gris» propuesta en su momento por España, y donde como si de un limbo se tratara, conviven otros 47 Estados que han mostrado propósito de enmienda y se comprometen a modificar su legislación tributaria.

El ECOFIN justificó su decisión en el análisis hecho por los expertos sobre los compromisos adoptados por estos territorios para enmendar las deficiencias encontradas por la UE, que en 2017 evaluó un total de 92 regímenes en materia de fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

El segundo cambio en el mapa ha llegado el 13 de marzo y, en este caso, el ajuste de Bruselas se motiva en dos razones: los compromisos asumidos por las jurisdicciones listadas; y una evaluación para las que aún no se ha tomado una decisión de inclusión.

Con estas premisas, ya no se considerará paraíso fiscal a Bahrein, las Islas Marshall y Santa Lucía. Por el contrario, se han añadido otras tres jurisdicciones: Bahamas, Saint Kitts y Nevis y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Como resultado de estos cambios, el total de jurisdicciones no cooperativas se cifra en 9 territorios frente a los 17 aprobados en diciembre.

Las consecuencias para los que forman parte de esta lista negra es que no podrán acceder a fondos de desarrollo europeos; habrá un control especialmente intenso sobre los que actúen en estas jurisdicciones; y se refuerza el seguimiento de ciertas transacciones o aumento de las auditorías a los que se beneficien de los regímenes fiscales de la lista.