El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como «el banco del Papa», va a contar con  una comisión de al menos cinco personas, encargadas de emitir un Informe sobre la situación “real” de esta polémica entidad.

Se trata de una medida de gran alcance ya que, por segunda vez en los más de 70 años de historia del banco, un Papa podrá examinar toda la lista de clientes del banco y cerciorarse de que tengan derecho a gozar de una cuenta corriente, además de verificar dónde y cómo el IOR invierte sus activos.

Esta decisión para definitivamente la ofensiva, incluso mediática, de los actuales directivos del banco, que parecía apuntar a conceder un mayor grado de transparencia financiera con el objetivo de evitar reformas radicales.

Sin embargo,  en un documento personal, el Papa pide a los más de 3.000 empleados del Vaticano que colaboren con los investigadores, sin que puedan o deban oponer secreto profesional alguno.

Sólo habrá excepcionalidad sobre “las prerrogativas confidenciales de los organismos de vigilancia”.

La comisión estará formada por el cardenal Raffaele Farina, que actuará como presidente, el cardenal Jean-Louis Pierre Tauran y el coordinador y obispo Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru. Como secretario, el cardenal Peter Bryan. Contará también con la profesora Mary Ann, especialista legal.

El Papa «espera una fértil colaboración» entre la comisión y los directivos del banco. La entidad continuará con su normal funcionamiento durante la labor investigadora.

Al final de los trabajos de la comisión, que podrá interrogar a cualquier persona y servirse de especialistas externos al Vaticano, el informe será remitido exclusivamente al Papa.

El documento papal precisa que la investigación apuntará a dos objetivos: verificar la «situación jurídica» del banco y las actividades que lleva a cabo.

Y es que en el pasado, el Vaticano declaró que el instituto era un “organismo perteneciente a la estructura central” de la Iglesia católica con el fin de proteger inmunidades. En 1990 Juan Pablo II ele atribuye “personalidad jurídica pública”.

Fuente: El Periódico