La lucha eficaz por parte de Suiza contra el soborno a funcionarios en el entorno internacional deberá ir acompañada de penas más severas y una mayor protección del whistleblower o denunciante en el sector privado.

Así se ha manifestado la OCDE en su Informe hecho público recientemente donde se evalúa la aplicación por parte del país helvético de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados.

El Grupo de Trabajo sobre el Soborno de la OCDE “acoge con beneplácito los importantes esfuerzos de investigación y enjuiciamiento del Ministerio Público de la Confederación” y señala que Suiza ha estado trabajando para luchar de manera más activa contra el cohecho transnacional.

De hecho, los datos recogidos en este Informe demuestran que, desde la última evaluación en 2012, seis personas físicas y cinco jurídicas han sido condenadas. Además, durante 2016 hubo 137 investigaciones por blanqueo de capitales y soborno transfronterizo, frente a las 24 realizadas en 2011.

Sin embargo, la OCDE considera que el país evaluado debería hacer aún más para perseguir a las empresas y aplicar sanciones más contundentes. Por lo que se refiere a los whistleblowers del sector privado, se pone en evidencia que esta figura está expuesta a procedimientos judiciales cuando en realidad debería recibir protección tras sus denuncias.

Recomendaciones

  • Adoptar un marco normativo apropiado destinado a proteger contra cualquier acción discriminatoria y disciplinaria a los whistleblowers en el sector privado
  • Garantizar que las sanciones impuestas a individuos y empresas por actos de corrupción transnacional sean efectivas, proporcionadas y disuasorias
  • Asegurarse, de conformidad con la ley, una publicidad más amplia y sistemática de los casos de corrupción transnacional concluidos
  • Adoptar la revisión actual de la ley que enmarca la asistencia judicial recíproca con el objetivo de eliminar ciertos obstáculos de procedimiento y formalizar la asistencia mutua dinámica

El Informe precisa, además, que si bien hay decisiones judiciales en Suiza que favorecen la persecución de la corrupción transnacional, algunas resoluciones muestran una interpretación restrictiva de ese delito y de la responsabilidad de las personas jurídicas.

Se completa así la cuarta fase de la monitorización iniciada en 2016 por parte de la OCDE. Dentro de un año, Suiza presentará su informe oral con el detalle de la legislación adoptada para proteger a los whistleblowers del sector privado de cualquier acción discriminatoria o disciplinaria. Y ya en el 2020 remitirá informe escrito sobre la implementación de todas las recomendaciones.