PRP corresponde a las siglas de Persona con Responsabilidad Pública. Con esta expresión se designa a los funcionarios públicos, sus familiares y otras personas vinculadas a ellos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya ponía el acento sobre esta figura cuando publicó sus primeras recomendaciones para ayudar a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Pero la evolución de la sociedad, de las finanzas y de la casuística en los delitos de blanqueo de capitales hizo que el GAFI viera la necesidad de elaborar una nueva lista de recomendaciones. De eso hace ya un año.  El propio Grupo afirmaba que  esta revisión perseguía, sobre todo, “el fortalecimiento de  las medidas respecto a las PRP”. El grupo añadía que esto estaba motivado “por el aumento de la preocupación internacional respecto a la corrupción”.

De esta forma, el GAFI marcaba el camino a seguir por las instituciones financieras con respecto a este tipo de personas. Así, además de llevar a cabo todas las medidas de diligencia debida que deben cumplirse con cualquier tipo de cliente, el grupo hace varias recomendaciones:

– Disponer de sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente;

– Obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de  los clientes existentes) dichas relaciones comerciales;

– Tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos.

– Por último, aconsejan llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial

Las recomendaciones salieron adelante con la intención de reforzar las exigencias para las instituciones financieras en la identificación de los PRP. La actual exigencia de aplicar una diligencia debida ampliada a los PRP extranjeros podría suponer un mayor control sobre los PRPS nacionales, los PRP de organizaciones internacionales y a los familiares y asociados cercanos de todos los PRPS.

Por el momento, en España no se ha ampliado, aunque seguimos pendientes de la publicación del reglamento que desarrolle la ley 10/2010. Según Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma “el borrador de la cuarta directiva europea sobre blanqueo ya incide sobre ese aspecto, pero todavía no sabemos qué va a pasar con el reglamento español cuya publicación lleva más de un año siendo inminente”. El directivo concluye “habrá que ver si este reglamento profundiza en este aspecto y amplía las exigencias para los políticos nacionales, y sus familiares y allegados”.