El pasado día 15 de enero, el Consejo de Europa publicaba un informe en el que expresaba su preocupación por la proliferación de casos de corrupción en nuestro país, escándalos que “ponen en cuestión la credibilidad y confianza en las instituciones políticas y judiciales”.

El documento aconseja al Parlamento que establezca una serie de medidas para dar ejemplo. Así, junto a la adopción de un paquete de normas éticas, se insta a aplicar mayores estándares de transparencia sobre las cuentas e intereses financieros de los diputados así como a que exista un sólido sistema sancionador para este tipo de comportamientos corruptos.

En el ámbito judicial, Europa pide garantías adicionales para evitar la politización de los tribunales y anima a jueces y fiscales a continuar realizando su trabajo de manera independiente e imparcial.

La aplicación de éstas y otras recomendaciones realizadas por el Consejo a través del Grupo anticorrupción (GRECO) serán evaluadas en el segundo semestre de 2015 por su grado de cumplimiento.

Pero, qué es el GRECO y cómo funcionan sus evaluaciones.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) fue creado en 1999 con el fin de mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional.

Con este objetivo, vela por el respeto de las normas establecidas en los 20 principios rectores de lucha contra la corrupción y en dos Convenios del Consejo de Europa: el Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción y el Convenio de Derecho Penal contra la Corrupción.

La evaluación de su cumplimiento se lleva a cabo mediante un proceso dinámico de evaluación mutua, cuyo objeto es la identificación de las lagunas existentes en las políticas nacionales anticorrupción y la propuesta de reformas legislativas e institucionales.

Las evaluaciones se dividen en rondas que comprenden la visita al país, la elaboración de los informes con las recomendaciones del GRECO y la presentación por parte del país evaluado de un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas.

Actualmente, España está en la cuarta ronda de evaluación que, tal y como se desprende de los datos del informe comentado, se centra en la prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales.