Kioto ha sido la sede de esta primera reunión de dos días celebrada a finales de junio en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) persigue fortalecer la lucha contra el fraude fiscal con la creación de un marco para identificar a los Estados que no cooperen con los compromisos de transparencia de este organismo.

Teniendo en cuenta que en 2017 entrará en vigor el estándar de intercambio de información automático, la OCDE podría considerar  introducir a los países que no lo cumplan en una “lista negra”, e incluso contemplará la aplicación de penalizaciones.

Sobre la mesa también se baraja sancionar automáticamente las transferencias de fondos a “paraísos fiscales” con los tipos impositivos que se empleen normalmente en el país de origen. Algunos países europeos ya emplean estos mecanismos y la OCDE pretende unificar criterios para que estas sanciones puedan aplicarse de manera coordinada y con mayor efectividad.

Representantes de más de 80 países y jurisdicciones han debatido en la ciudad nipona sobre esta iniciativa en la primera reunión del nuevo marco que permitirá cooperar en la actualización de las normas fiscales internacionales para el siglo XXI en el contexto del Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (BEPS).

El Proyecto BEPS ofrece soluciones a los gobiernos para cubrir las lagunas existentes en las normas internacionales que permiten la “desaparición” de los beneficios corporativos o su traslado a través de estructuras artificiosas a jurisdicciones de baja o nula tributación y en las que la actividad económica existente es escasa o nula.

Ahora, con este marco inclusivo también se desarrollará un enfoque específico de los cuatro estándares mínimos de BEPS y que se centran en las áreas de prácticas fiscales perniciosas, abuso de tratados fiscales, requisitos de las declaraciones país por país en materia de precios de transferencia, y mejoras en la resolución de conflictos transnacionales en materia fiscal.

Todos los países y jurisdicciones interesadas podrán participar en calidad de Asociados a BEPS como prolongación del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE. En tanto que Asociados a BEPS -actualmente un total de 36 miembros-, trabajarán en pie de igualdad con los miembros de la OCDE y del G-20 sobre los trabajos de redacción de estándares restantes en el proyecto BEPS, así como en la revisión y seguimiento de la implementación del paquete de medidas.

Las conclusiones de este encuentro se tratarán en la agenda de los titulares de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 para finales de julio en Chengdu (China).