En febrero de 2013, “The Economist” publicó un especial sobre paraísos fiscales en el mundo. A lo largo de casi una veintena de páginas, el prestigioso semanario británico iba realizando la radiografía de estos lugares del mundo que, en muchas ocasiones, se usan para blanquear capitales.

En uno de los artículos de ese especial, “Ni una palmera a la vista”, la revista ponía en evidencia que la imagen idílica que relaciona a estos paraísos con islas tropicales y cocktails sofisticados  no respondía siempre a la realidad.

El artículo dice: “los paraísos no son tanto un concepto geográfico como toda una serie de actividades y ofertas. Lo que los paraísos ofrecen es un lugar al que escapar de las altas imposiciones fiscales y de las regulaciones estrictas”. El texto recuerda que estos lugares  se caracterizan por ofrecer una gran facilidad de acceso y un alto grado de secretismo.

Según “The Economist”, los principales paraísos fiscales del mundo se encuentran entre los miembros de la OCDE e incluyen a Estados Unidos y Gran Bretaña.

Por ejemplo, otro de los artículos de este especial, señala directamente a Delaware, uno de los Estados de EE.UU. Un territorio con algo menos de 800.000 habitantes que, según la revista americana, opera como un paraíso fiscal. De hecho, a finales del año pasado mantenía registradas más empresas que habitantes; unas 950.000. Además, su economía depende casi exclusivamente de los servicios que presta a los “no residentes” y recauda tanto dinero de ellos que sus ciudadanos están exentos del equivalente al IVA.

Curiosamente, España es uno de los 64 países que aparece en la categoría de preocupación primaria que establece el Departamento de Estado de EEUU en su informe anual sobre blanqueo de dinero en el mundo.

Aunque hay quienes afirman que no todas las actividades que se realizan en los paraísos fiscales son delictivas, sí es cierto que todos los organismos internacionales han mostrado su preocupación al respecto.

En 2009, en pleno núcleo del tsunami financiero que arrasó la economía mundial, el G-20 y el FMI se comprometían a seguir luchando contra la proliferación de estos paraísos. A petición del grupo de los 20 países más ricos del mundo, la OCDE publicó una “lista negra” en la que se incluía a los estados que se negaban a compartir la información financiera. Curiosamente Suiza quedó fuera de esa lista

Fuente: The Economist