El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) ha vuelto a actualizar la lista de paraísos fiscales que Bruselas consiguió cerrar en diciembre de 2017 tras dos años de negociación con un mapa que, inicialmente, se componía de 17 jurisdicciones no cooperativas y 47 en la ‘lista gris’ propuesta por España donde se sitúan los Estados con compromiso de ‘enmendar’ su legislación tributaria.

En esta ocasión ha decidido retirar a Barbados, Bermudas y Aruba con lo que quedan doce entradas en la lista: Samoa Americana, Belice, Dominica, Fiyi, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.

Con esta decisión, Barbados y Bermudas se trasladarán de la ‘lista negra’ a la ‘lista gris’, mientras que Aruba se retirará totalmente de ambas.

Según explica el Consejo, Barbados, con un régimen fiscal  que facilita la existencia de estructuras extraterritoriales que atraen beneficios sin una actividad económica real, «ha contraído compromisos de alto nivel político para atender a las preocupaciones de la UE en relación con la sustitución de sus regímenes preferenciales perjudiciales por una medida de efecto similar».

Aruba y Bermudas, por su parte, ya habrían cumplido sus compromisos. Además, Bermudas mantiene su compromiso de «abordar las preocupaciones de la UE en el ámbito de los fondos de inversión colectiva».

Teniendo en cuenta que el trabajo que se desarrolla con esta relación de paraísos fiscales es un proceso dinámico, el Consejo ha manifestado que hará nuevas actualizaciones en lo que queda de año, aunque ha solicitado un proceso más estable a partir de 2020 con dos revisiones al año.

Fue en marzo de 2019 cuando se llevó a cabo la primera revisión de calado en lo que supuso «un examen exhaustivo de la aplicación de los compromisos contraídos por los terceros países o territorios que forman parte del proceso».

Y es que esta lista es para Bruselas otro instrumento con el que prevenir la elusión fiscal y promover la transparencia fiscal, la equidad tributaria o las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.