Abogados, notarios, registradores, entre otros profesionales del Derecho, cuentan ya con una Guía actualizada de Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que sustituye a la versión de 2008. El documento incorpora las aportaciones de los profesionales para los que también se abrió una consulta pública en marzo de 2019.

El objetivo de esta nueva publicación de 95 páginas con anexos explicativos de los modelos seguidos en diferentes Estados con referencia expresa al sistema notarial español es, según señala el propio organismo, garantizar que refleje los conocimientos prácticos de este sector y sus buenas prácticas, al tiempo que se recojan los contenidos en consonancia con las recomendaciones actuales.

Esta nueva versión de la Guía con un enfoque basado en el riesgo pone de relieve que es necesaria una evaluación sólida de los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo a los que se enfrentan los profesionales jurídicos en su actividad diaria, de forma que las políticas, procedimientos y medidas iniciales y continuas de diligencia debida del cliente puedan mitigar estos riesgos.

Y es que no puede obviarse que el sector jurídico opera en un amplio espectro de estructuras de negocio que varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. Desde profesionales únicos a empresas multinacionales ofreciendo todos ellos una amplia gama de servicios. En esta diversidad de forma y actividad, algunos perfiles pueden ser más vulnerables que otros a la hora de ser explotados para usos delictivos.

En este sentido, no es extraño que el nuevo documento dirija las orientaciones también a los Gobiernos, a los supervisores de las profesiones colegiadas, así como a los profesionales que tienen al sector jurídico como clientes con la finalidad de diseñar medidas efectivas en el continuo de las relaciones comerciales. En particular, explica la obligación de los profesionales del Derecho de identificar y verificar la información sobre la titularidad real.

Los notarios españoles como ejemplo de las prácticas de supervisión

Precisamente en relación a los titulares reales, la guía en su sección dedicada a los órganos de supervisión de este sector, recoge la Base de Datos de Titular Real de los notarios españoles como modelo de lucha contra el blanqueo de capitales.

Concretamente en su anexo 4 sobre prácticas de supervisión para la implementación del enfoque basado en el riesgo señala que el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España «representa un avance considerable para las Autoridades Públicas» y destaca lo que supone que todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo puedan consultar la Base de Datos de Titular Real.

Imagen del anexo donde se recoge la referencia a la Base de Datos de Titulares Reales

La Guía dice textualmente que “el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España representa un avance considerable para las Autoridades Públicas, que gracias a su implementación ahora tienen acceso a una nueva fuente de información valiosa, los índices notariales (una base de datos única con información sobre todos los instrumentos públicos realizados ante notarios en el país). Esta información es procesada de manera integrada y automatizada para detectar posibles operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”

Sobre la Base de Titular Real (BDTR), creada en 2012 y regulada por el Real Decreto 304/2014, el GAFI señala que “todas las partes sujetas a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden consultar la BDTR para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Esto permite que la Unidad de Inteligencia Financiera y las agencias de cumplimiento de la ley obtengan información sobre los propietarios con un porcentaje inferior al 25% (régimen corporativo completo) en las compañías privadas de responsabilidad limitada españolas, en una fecha determinada”.

El GAFI destaca los dos niveles de calidad de la información de la BDTR, con “información verificada de acuerdo con la transacción de compra y venta de las acciones de las Sociedades de Responsabilidad Limitada Privadas españolas e  información basada en un comunicado a un funcionario público (sociedades extranjeras, fundaciones, asociaciones, empresas españolas”

Por último, señala que el Consejo General del Notariado “ha establecido acuerdos con asociaciones de partes sujetas a obligaciones ALD (bancos, cajas de ahorro, empresas de inversión, auditores, abogados, agencias de lotería, instituciones de crédito, etc.)”.

La Base de Datos de Titular Real tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de más de 2.300.000 personas jurídicas, tanto de sociedades como de asociaciones, fundaciones y partidos políticos.

El nuevo documento del GAFI ha sido enviada a los 39 países que forman parte del GAFI, entre ellos España, así como a las asociaciones miembros, como la Unión Europea.