Casi coincidiendo con el informe anual del Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) en el que alaba la transparencia judicial de España y nos saca del grupo de países con especial supervisión por incumplimiento de las recomendaciones, se ha hecho público que entre enero y marzo de 2019 los jueces españoles concluyeron un total de 9 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 58 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Además, el 60 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción durante este mismo periodo fueron condenatorias.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también incluye el número de sociedades contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo; en concreto fueron 2, ambas en la Comunidad de Madrid.

La información que se maneja corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía, según señala el CGPJ. De este modo, los procedimientos judiciales que recoge esta estadística tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público. Abarca, así, tanto la corrupción administrativa como la política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Los principales indicadores para cuantificar cómo trabaja la justicia española contra la corrupción son las personas acusadas y/o procesadas en cualquiera de las instancias, los procedimientos y las sentencias dictadas.

Cataluña a la cabeza de acusados y de procedimientos

Por Comunidades Autónomas, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, la primera posición del ranking la ocupa Cataluña con 23 personas acusadas y 3 procedimientos; le sigue Madrid con 17 acusados a los que hay que sumar 2 sociedades y 2 procedimientos. Baleares, por su parte, registra 10 personas acusadas y un procedimiento. A continuación está Galicia con 5 acusados y un procedimiento, seguida de la Comunidad Valenciana con 2 acusados y un procedimiento. La lista se cierra con Castilla y León que aporta una persona acusada y un procedimiento.

Un 60 por ciento de sentencias condenatorias

En el mismo periodo, juzgados y tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 12 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60 por ciento del total.

La información ofrecida por el CGPJ detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).