El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Acepta,así, la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, se investigará si el banco encargó a Cenyt, grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, servicios de espionaje a diferentes personas.

La entidad financiera se convierte así en la primera empresa investigada por la Justicia española por un delito de corrupción en los negocios tras incumplir su código de conducta y que debería haber controlado el departamento de compliance.

Su presidente, Carlos Torres, ha declarado en un comunicado que la «prioridad» de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia.

En su auto, el juez García Castellón ha acordado requerir al BBVA que designe a la persona que a partir de ahora le representará ante la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. De este modo, el magistrado rechaza la petición de la entidad financiera de personarse en la causa como perjudicado, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas.

También la Fiscalía Anticorrupción rechazó en su escrito la posibilidad de que la entidad financiera se personase en el caso como perjudicado.

Incumplimiento del código de conducta

Los hechos investigados advierten de que BBVA permitió, presuntamente, que sus directivos aceptaran dádivas -dinerarias o materiales- del comisario Villarejo, en contra de lo establecido en su código de conducta, a cambio de facilitar contratos al grupo empresarial Cenyt.

La entidad, según su código de conducta aprobado el 28 de mayo de 2015, prohíbe a sus trabajadores aceptar regalos «que se realizan con el ánimo de influir en decisiones profesionales». Y prohíbe solicitar y aceptar «regalos, pagos, comisiones o cualesquiera otros beneficios personales de clientes o proveedores de BBVA, ni de quienes quieran establecer una relación como clientes o potenciales proveedores, o por quien actúe por cuenta de ellos».

El  documento señala que «se pueden aceptar obsequios de carácter promocional, detalles de cortesía o atenciones habituales en los negocios» de un mismo proveedor siempre que su «valor razonable» no exceda de 150 euros en un periodo de seis meses.

Según la Fiscalía, BBVA contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

Y afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por la entidad se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos durante un prolongado periodo.

Anticorrupción destaca, además, en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Los investigados

En la pieza, la número 9 de la Operación ‘Tándem’, ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

Fuente: Europa Press.