Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) son vulnerables al riesgo de abuso para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De ahí que para proteger su integridad y reputación frente a posibles usos delictivos deban analizar y valorar los riesgos intrínsecos de las diferentes actividades que desarrollan y enfocar y orientar sus controles en consecuencia. Las áreas o proyectos con riesgos objetivamente más altos centrarán las medidas preventivas.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo ya establece que «el personal con responsabilidades en la gestión de OSFL velará para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas». Y determina que conservarán «durante al menos diez años» la identificación tanto de las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de la OFSL como de los titulares reales.

Pero además de su obligación normativa, hay una serie de recomendaciones publicadas por el Ministerio de Economía en torno a 3 cuestiones básicas de las OSFL: los órganos de gobierno, la planificación y seguimiento técnico de la actividad y la transparencia financiera.

Evitar la infiltración de criminales en los órganos de gobierno

Si tenemos en cuenta que el órgano de gobierno de estas organizaciones tiene un papel fundamental a la hora de cumplir su misión y establecer un funcionamiento honesto y transparente, la entidad debería contar con procedimientos que aseguraran la idoneidad ética y profesional de los miembros de su Junta Directiva, Patronato, así como en su caso Comités Ejecutivos u otros órganos delegados, otros puestos directivos o personas con responsabilidades (apoderados, directores de oficinas locales…).

El objetivo, como señala el documento ministerial es «evitar la infiltración de criminales».

En este sentido, se recomienda que cada entidad regule las facultades que corresponden a sus órganos de gobierno y representación, delimitando sus obligaciones y responsabilidades, así como el régimen de adopción de acuerdos. Por eso, sería interesante adoptar mecanismos que prevengan los conflictos de interés y las incompatibilidades en los miembros del órgano de gobierno.

Asimismo, el órgano de gobierno debería garantizar que cuenta con un mínimo de miembros suficiente para asegurar la correcta toma de decisiones. También es recomendable que se documenten los acuerdos adoptados en sus reuniones, que deberán celebrarse regularmente.

Planificar a qué se dedica la organización

Determinar claramente cuál es su objeto social, así como conocer quién es su colectivo de beneficiarios son dos factores determinantes para que una entidad minimice sus riesgos de utilización fraudulenta. Y si se establecen unos criterios de selección de proyectos que deberían ser aprobados por el órgano de gobierno, se evitará que se lleven a cabo actividades que no estén relacionadas con sus fines fundacionales.

El riesgo de desvío de fondos para la financiación del terrorismo u otras actividades criminales en zonas con presencia de grupos terroristas o crimen organizado, debería incluirse entre los factores a considerar a la hora de plantearse no acometer el proyecto. En caso de seguir adelante, sería conveniente reforzar el seguimiento y si es posible, hacer verificaciones adicionales in situ.

Es recomendable, además, que el órgano de gobierno apruebe un plan de actividades anuales.

Por lo que respecta a las contrapartes, la entidad debería tener preestablecidos unos criterios de selección, tomar medidas proactivas para verificar su honorabilidad y que no están infiltradas o relacionadas con actividades de blanqueo de capitales o terrorismo.

En caso de cuestaciones, el documento señala que habrá que informar a los potenciales donantes del destino previsto de los fondos y asegurarse de que se emplean con dicho fin. Posteriormente, debería informarse del detalle de las actividades realizadas con los fondos recibidos.

Asimismo, se indica como buena práctica contar con sistemas de seguimiento interno y control de las actividades que, aprobados por el órgano de gobierno, deberían ser capaces de confirmar que los proyectos se ejecutan, que los beneficiarios existen realmente, la recepción de los fondos, así como que se realizan las compras y gastos previstos.

Transparencia financiera

Para facilitar los controles en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las OSFL deberían formalizar procedimientos para que las donaciones o subvenciones que reciben y los fondos que trasladan a sus beneficiarios se realicen a través del sistema bancario. Se trata, en suma, de minimizar el uso de efectivo. Además, se recomienda mantener una cuenta bancaria diferenciada para cada proyecto, una cuestión que facilitará los controles de ejecución.

Previamente, el órgano de gobierno debería aprobar criterios para aceptar donaciones que, en el caso de empresas privadas y de donaciones individuales de mayor cuantía, es aconsejable tener en cuenta la información pública disponible acerca de la posible implicación de dichas empresas -incluidos sus titulares reales o cargos directivos-, en procedimientos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El documento de buenas prácticas se refiere también a la idoneidad de que la entidad documente la imputación de los fondos recaudados a las actividades de cada año. Y a que se elabore un presupuesto de ingresos y gastos, con su posterior liquidación. Todo ello aprobado por el órgano de gobierno.

Además, se indica que se mantenga un presupuesto detallado de cada proyecto, con los ingresos recibidos para ese proyecto y los gastos, especificando la identidad de los beneficiarios, o cuando ello no sea posible, sus características.

Con todo ello se pretende que junto al seguimiento de ejecución técnica de cada proyecto haya una supervisión de la ejecución financiera y sus posibles desviaciones.