Al igual que ocurre con cualquier otra actividad en la que influye el entorno socioeconómico cambiante, el blanqueo de capitales no es ajeno a esta necesidad de adaptación. La transformación digital es un ejemplo claro de cómo los delincuentes se han visto obligados a innovar en sus métodos para el lavado de activos procedentes de actividades delictivas.

Tradicionalmente, y así lo han reflejado numerosas películas y series televisivas, el blanqueo se ha basado en el uso de negocios con gran utilización de efectivo como puede ser un restaurante o cualquier otro comercio.

Y aunque esta sigue siendo una esfera importante junto a los inmuebles y los préstamos, las tendencias para explotar las debilidades de los sistemas financieros e intentar ir por delante de los investigadores, pasan por el uso de las denominadas cuentas «embudo», las criptomonedas o los sofisticados métodos de los intermediarios profesionales.

Las cuentas “embudo” se refieren a una o varias cuentas bancarias empleadas para los fondos ilegales depositados en una ubicación geográfica que proporciona a los delincuentes acceso inmediato al dinero mediante retiradas en una ubicación diferente.

Y teniendo en cuenta que las criptomonedas han pasado a ser en poco tiempo, un nuevo método de pago y un medio de depositar valor basado en la tecnología blockchain con operaciones más rápidas, más económicas y anónimas, los delincuentes han puesto el foco en este nuevo mercado con oportunidades para el blanqueo.

El atractivo de estos activos virtuales, como advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se basa en su velocidad, en que estén disponibles a nivel mundial, la escasa regulación sobre la materia, la disgregación de los intermediarios financieros sólidamente establecidos y las posibilidades para ocultar la verdadera identidad de los titulares.

De forma paralela, y con el objetivo de ocultar el origen de los fondos y sus beneficiarios finales, se siguen empleando cuentas bancarias extraterritoriales de entidades jurídicas extranjeras para dificultar el rastreo de los flujos de dinero. Sigue habiendo operaciones excesivamente complejas o estructuras de propiedad opacas, como, por ejemplo, entidades jurídicas o fideicomisos secuenciales o de varios niveles en múltiples países, que también abarcan centros financieros.

De ahí que los «facilitadores» e intermediarios profesionales ya no se limiten a establecer medios para el lavado de activos o el fraude fiscal, sino que gestionen de forma activa los fondos ilícitos de sus clientes y lleguen a ofrecer entre sus servicios la posibilidad de blanqueo, como señala la OCDE.

Hasta ahora, este colectivo planificaba y creaba estructuras, en función de las necesidades de sus clientes y su participación terminaba cuando quedaban formadas las entidades y las cuentas abiertas.

Y también son tendencia los grupos de lavado de activos a través de terceros. Forman parte de un mecanismo por el que la organización delictiva usa a un tercero para blanquear el producto de sus delitos al que pagan una tasa o una comisión. Puede establecer medios complejos o sostenibles para “procesar” los fondos ilícitos de sus clientes, sin exponerse a los delitos determinantes que estos cometen ni estar al tanto de tales delitos.