Después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos el 4 de septiembre, el grupo ING pagará 775 millones de euros para cerrar la investigación a su filial holandesa, ING Netherlands, por deficiencias en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y prácticas corruptas entre 2010 y 2016.

Esta cantidad se corresponde con el pago de una multa de 675 millones de euros como reflejo de «la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas», así como de otros 100 millones de euros en concepto de restitución por el menor gasto implementado en personal y procesos por parte de ING Netherlands y que tuvieron como consecuencia los movimientos de capital blanqueado por valor de cientos de millones de euros.

Y es que, según la Oficina holandesa Antifruade y los reguladores, ING habría incurrido en una serie de deficiencias en las políticas destinadas a prevenir delitos económicos, entre las que se incluían una falta de monitorización de las transacciones y falta de recursos.

En esos 6 años, un buen número de clientes de la entidad, particulares y empresas, habría usado los servicios bancarios para potenciales actividades criminales. Entre las operaciones sospechosas, las más significativas incluyó el pago de varios millones de dólares en sobornos a la hija del presidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova.

No se han encontrado evidencias o indicios de que empleados o exempleados hubieran cooperado de manera activa con los clientes ni tampoco hay evidencias de que se hayan beneficiado de esas operaciones.

La entidad ha indicado en un comunicado que la ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros dio como resultado la finalización de la relación con miles de clientes de ING durante el periodo investigado. Ahora bien, las deficiencias identificadas han puesto de manifiesto que esos clientes usaron sus cuentas para, entre otras cosas, blanquear dinero durante una serie de años.

En cuanto al personal, ING ha señalado que las deficiencias detectadas en el periodo investigado no son atribuibles a individuos en particular, sino a deficiencias colectivas en todos los niveles de gestión, por lo que la entidad naranja ha iniciado una serie de medidas contra una serie de empleados y exempleados en cargos de alta dirección con responsabilidad en la salvaguarda y ejecución de las políticas de prevención de delitos económicos y financieros.

Entre estas medidas se incluye la retención de retribuciones variables y la suspensión de funciones. Asimismo, los miembros de la junta ejecutiva de ING Group han considerado apropiado renunciar a su remuneración variable correspondiente al ejercicio 2018.

«Como banco tenemos la obligación de garantizar que nuestras operaciones cumplen los estándares más altos, especialmente en lo que se refiere a que los delincuentes hagan un uso indebido del sistema financiero. No cumplir dichos estándares es inaceptable e ING asume toda la responsabilidad», declaró Ralph Hamers, consejero delegado de ING.

«Estas cantidades tendrán un impacto combinado de 775 millones de euros en los resultados netos de ING Group en el tercer trimestre de 2018», informó el banco, subrayando que esta circunstancia no afecta la solidez de la entidad o la ejecución de su estrategia.

Como consecuencia del escándalo, el director financiero del banco holandés, Koos Timmermans, ha dimitido de todos sus cargos, incluido el de miembro del consejo de administración.

«Lamentamos los errores encontrados y nos tomamos esto muy en serio», ha subrayado el presidente de la junta supervisora de ING, Hans Wijers. «Dada la seriedad del asunto, las reacciones entre los accionistas desde que se hizo público y el propio interés del banco, hemos llegado a la conclusión de que es apropiado tomar responsabilidades a nivel ejecutivo», ha añadido.

Durante el periodo investigado por las autoridades holandesas, Timmermans, que se unió a la compañía en 1996, fue vicepresidente de la junta directiva de la división de banca y, durante varios años, responsable de las operaciones de la firma en Países Bajos. En 2014 pasó a ser el máximo responsable de la división de mercados, mientras que en 2017 fue nombrado director financiero.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, aseguró en Bruselas, con respecto a este caso, que se debe «hacer más» contra los movimientos ilegales de capitales. «Entendemos que es una responsabilidad compartida de las autoridades nacionales y las instituciones de la Unión Europea», en referencia al Banco Central Europeo.