La principal actualización en este caso se sitúa en que, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, y tras inhibirse en abril el juzgado instructor de Parla, será la Audiencia Nacional el órgano judicial que investigue el supuesto blanqueo de más de 90 millones de euros cometido a través de la entidad financiera Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) entre los años 2011 y 2014.

En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, justifica aceptar el caso en que “ha perjudicado seriamente a la economía nacional”.

Señala también que el banco ICBC estaba “al servicio” de organizaciones criminales chinas y, además, incidiendo en los argumentos de Anticorrupción, pretende esclarecer qué papel jugaron los responsables de la entidad en las actuaciones para “ocultar y encubrir el origen delictivo de los fondos invertidos en las cuentas corrientes” de las mafias investigadas.

En el informe de la Fiscalía se describe el modus operandi seguido por los seis directivos investigados por crear una estructura de blanqueo «consumada» desde el establecimiento del banco en España en 2011.

En todo este tiempo, el modelo de negocio se dirigió a captar el efectivo de ciudadanos chinos que acudían a la entidad en Madrid «portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivos para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China».

Estos «masivos abonos» se procuraban ocultar por parte del ICBC «troceando» las cantidades en importes inferiores al umbral de los 50.000 euros, con el fin de «ocultar los flujos de salida al exterior a las autoridades supervisoras».

Además, la Fiscalía dice que la entidad ocultó a las autoridades policiales y judiciales, de forma premeditada, la información bancaria de 78 clientes investigados, al tiempo que, en general, «era mínima» la identificación de los clientes. Por eso se aceptaba incluso la actuación de testaferros, un ilícito agravado dada la obligación de vigilancia y preservación de la normativa bancaria en materia de prevención del blanqueo.

Hay que recordar que en febrero de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Anticorrupción, registraron la  sede de la entidad en Madrid por su responsabilidad en un presunto delito de blanqueo de capitales y detuvieron a 5 dirigentes.

Las investigaciones evidenciarían como desde esta sucursal se facilitaba la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los Derechos de los Trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por esta misma Unidad en el marco de la operación SNAKE, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y también de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.