Más de 70 millones de euros es la cantidad que habría blanqueado una organización criminal desarticulada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco de una investigación iniciada en 2017. La novedad reside en que actuaba a modo de ‘subcontrata’ para otros grupos criminales tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -centrados en el narcotráfico-.

La organización, asentada en las provincias de Madrid y Toledo, estaba constituida por blanqueadores profesionales dedicados en exclusiva a esta labor, y ofrecían sus servicios a cambio de importantes comisiones de entre el 10 % y 15 %. Los “clientes” eran organizaciones criminales con necesidad de introducir en el circuito legal el dinero que habían obtenido con sus actividades ilícitas -como en el caso de las organizaciones de tráfico de drogas colombianas- o bien, por la evasión de dinero con destino a sus países de origen por parte de organizaciones asiáticas.

Como mecanismo para el blanqueo, los investigados habían constituido un gran número de empresas con diversos objetos sociales como la exportación-importación, gestión inmobiliaria o compraventa de oro y otros metales preciosos como plata o platino. Estas sociedades estaban a nombre de testaferros que prestaban su identidad a cambio de dinero, disponiendo así de cuentas bancarias en diversas entidades con las que operar.

Los agentes han detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles. Además, se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios.

Blanqueo en tres fases. Más de 60 millones de euros a países asiáticos

En el caso de las organizaciones de origen asiático, que querían evadir el dinero fuera de España y eludir el pago de impuestos, el servicio que prestaban los detenidos pasaba por tres fases hasta que el dinero era colocado en China, Hong Kong y Taiwán principalmente.

En la primera fase los empresarios contactaban con la organización para entregarles el dinero en efectivo. Seguidamente, los blanqueadores acudían a diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas procedentes de robos en viviendas con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas en lingotes, y estos, vendidos a empresas de mayoristas del sector que abonaban el dinero mediante transferencias bancarias. Mediante este sistema de compra y fundido de oro, la organización desarticulada habría adquirido más de 2.000 kilos de oro en el mercado negro, procedente de robos con fuerza.

La segunda fase era la difuminación entre las sociedades con la ejecución de transferencias continuadas entre sus propias empresas, simulando operaciones comerciales mediante facturación falsa con el fin de ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de los movimientos.

La última fase consistía en emitir transferencias internacionales, destinando el dinero que había circulado por varias empresas de la organización a una de las empresas que tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación.

Préstamos privados y simulaciones comerciales

Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión de préstamos, procedimiento utilizado principalmente con una organización de narcotraficantes de origen colombiano. La organización investigada simulaba operaciones de crédito-préstamos que eran formalizados en contratos privados entre empresas gestionadas por la organización de blanqueadores y las de narcotraficantes. Al ordenarse los recibos de devolución o cancelación anticipada, estos préstamos nunca eran devueltos.

Los agentes también detectaron la simulación de operaciones comerciales. Los blanqueadores, tras recibir el dinero y hacerlo circular entre sus empresas lo transferían a las sociedades de los «clientes», justificándolo, falsamente, como el pago de servicios o adquisición de bienes. La mercantil “cliente” adquiría seguidamente bienes inmuebles.

La investigación reveló, asimismo que la organización desarticulada contactaba con personas de origen colombiano residentes principalmente en Holanda, de las que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo. Más de dos millones de euros de este grupo fueron blanqueados para, posteriormente, ser invertidos en el mercado inmobiliario de Madrid y Toledo.